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Ejercicio de NO participación ciudadana

México, junto con Venezuela, Bolivia y Ecuador, es uno de los países latinoamericanos que contempla en su Constitución la revocación de mandato a nivel presidencial; figura de democracia directa que llegó al marco jurídico nacional como consecuencia de una promesa de campaña de Andrés Manuel López Obrador. Las características, bondades y defectos de ese mecanismo pueden dar pauta para interesantes y nutridas reflexiones, pero que no vienen a cuento en este texto porque mi interés es referirme a la experiencia vivida hace unos días en este país y esa no tuvo nada que ver con un ejercicio de democracia.

En efecto, lo que se vivió el pasado 10 de abril fue, en palabras de David Altman (Reforma 07-04-2022), un plebiscito confirmatorio y no otra cosa. Fue planeado y planteado por, para y desde la presidencia y su partido, en donde la ciudadanía, que debió haber sido la convocante y protagonista, se convirtió en espectadora. 

De tal manera, como ejercicio de participación ciudadana resultó un experimento no solo innecesario sino sobretodo inútil. No obstante, desde la perspectiva politológica bien pueden aventurarse algunas reflexiones que, me parece, conducen a una seria preocupación por el riesgo abierto de una “erosión de la democracia”, de una regresión autoritaria en nuestro país, en un entorno político que día a día se descompone más con los intentos oficiales de cooptación de los organismos autónomos, con la creciente militarización de la vida nacional, con los ataques a periodistas, todo ello en medio de un ambiente social de violencia e inseguridad aterrador.

La revocación de mandato se incorporó a la Constitución mexicana promovida por los partidos afines a AMLO y apoyada por todas las fuerzas políticas en 2019, pero fue hasta finales de 2021 que se aprobó la ley reglamentaria (una ley que ya en pleno proceso revocatorio los partidarios de Morena pretendieron modificar para adaptarla a sus intereses coyunturales).

Conforme a lo dictado por la ley en la materia, sería la ciudadanía la que debía promover la revocación de mandato del presidente por haberle perdido la confianza. Sin embargo, lo sucedido fue muy distinto. 

Pretender revocar el mandato a un presidente que actualmente goza de 58% de aprobación entre la ciudadanía claramente no era el objetivo buscado. Las asociaciones que recolectaron prácticamente todas las firmas para activar el ejercicio estuvieron integradas por seguidores de AMLO, por lo que promovieron la ratificación del mandatario en su cargo, distorsionando el propósito original. De lo que se trataba era de hacer evidente la fuerza que tiene el presidente en la segunda mitad de su mandato, de ahí que, por paradójico que parezca, el más entusiasta promotor de su propia revocación fuera precisamente López Obrador.

La revocación de mandato resultó así una historia de desencuentros, enfrentamientos, agresiones y problemas generados por quienes formalmente no tenían por qué involucrarse (el presidente, los funcionarios públicos y los militantes de Morena, entre otros) y orientados fundamentalmente hacia las autoridades electorales (que tampoco debieron ser participantes activas). No obstante, esta historia, que nació fallida, deja lecciones interesantes a tener presentes en los siguientes meses del actual sexenio.

Los resultados cuantitativos resultan interesantes si se observan en sí mismos, pues no hay con qué compararlos dado que este suceso es inédito. Así, las cifras mostraron un muy reducido interés de la ciudadanía por participar ya que solo acudió a las urnas poco menos de 18% de los electores. Para un ejercicio de participación ciudadana no es una cifra despreciable; sin embargo, el dato pierde contundencia al observar que fue resultado del abuso de recursos públicos y amenazas por parte de funcionarios que violaron innumerables veces el marco legal. Desde esta perspectiva la evaluación del éxito del ejercicio requiere un análisis más detallado que ciertamente puede realizarse desde muy diversas ópticas. 

Me parece relevante resaltar que la participación ciudadana se dio de manera diferenciada a lo largo del territorio nacional, destacando que fue en los estados del sursureste donde acudió más gente a las urnas y, en los norteños, donde los números fueron menores. La entidad federativa con la respuesta ciudadana más positiva fue, obviamente, Tabasco (35.9%), pero ni siquiera ahí se alcanzó la cifra mágica de 40% que a nivel nacional hubiera hecho vinculante el resultado de la consulta. Después de Tabasco, los estados con mayor participación fueron Chiapas (33.8%), Campeche (27.8%), Veracruz (26.9%) y Tlaxcala (24.9%); todos ellos gobernados por Morena y en condiciones económicas y sociales más complicadas que el resto del país. 

Mientras que, en el otro extremo, con menor participación, se encuentra Jalisco (9.1%), seguido por Aguascalientes (9.3%), Guanajuato (9.5%), Querétaro (10.7%), Nuevo León (10.8%) y Durango (10.8%); Jalisco y Nuevo León con gobernadores pertenecientes a Movimiento Ciudadano y los otros cuatro con ejecutivos estatales de Acción Nacional. Al observar estas cifras vale la pena considerar la filiación partidista del gobernador, pues no deja de ser interesante el comportamiento del electorado en un ejercicio que se supone desvinculado de los partidos políticos.

Como era obvio desde antes de la realización del proceso de revocación de mandato, el resultado favorable a la ratificación presidencial fue abrumador, por lo que ese dato aislado aporta poco: de los quince millones de votos recibidos en las urnas, el resultado en contra de la revocación fue de 91.9%; 6.4% a favor y 1.7% de los votos fueron anulados. Sin embargo, al acercarse a estos datos sobresale el que las entidades federativas en donde se apoyó la revocación se encuentran entre las más prósperas del país. Así, en Nuevo León se dio la cifra más alta a favor de la revocación, la cual alcanzó 15.5%, seguido de Jalisco (11.3%), Aguascalientes (10.9%), Ciudad de México (10.4%), Estado de México (9.5%), Guanajuato (9.4%), Querétaro (9.4%). Como dije antes, las dos primeras entidades cuentan con gobernadores de MC, mientras que las siguientes son panistas, excepto el Estado de México encabezado por un priista y, destacadamente la CDMX, cuya jefa de Gobierno es de Morena, pero con una población que va mostrando una desafección creciente hacia el partido oficial. 

Hasta aquí las cifras descubren que los resultados sugieren algo distinto a un auténtico sentir ciudadano y permiten suponer que detrás de cada voto pudo haber motivaciones que poco tienen que ver con la pérdida de confianza o no, al presidente López Obrador.

El análisis de los resultados por municipio también permite dudar de la independencia de la decisión del electorado para concurrir. Los porcentajes de participación más altos se dieron en ocho municipios de Chiapas. En Rincón Chamula San Pedro la participación ciudadana tuvo un porcentaje increíble de 99.1%; enseguida se encuentran Sitala (96.8%), San Andrés Duraznal (94%), Villa Corzo (91.9%), Ixtapa (89.5%), Solosuchiapa (87.1%), Huitiupan (86.7%) y Villaflores (83.4%); municipios que cuentan con una población de menos de diez mil habitantes, excepto Villaflores (noventa y ocho mil), Ixtapa (veintisiete mil) y Huitiupan (veintidós mil). No deja de ser atípico, por decir lo menos, que esa participación inusitadamente elevada para un ejercicio de democracia directa (y para cualquier otro tipo de elecciones) se haya presentado en municipios pertenecientes a una misma entidad federativa y que comparten características socioeconómicas y políticas. Bien pudiera aventurarse la hipótesis de que ese desbordante ánimo participativo no fuera totalmente genuino sino animado por factores y actores externos. 

Del lado opuesto, el municipio que menor participación ciudadana tuvo fue Coyomeapan en Puebla, donde solo se presentó a votar el 0.5% de la lista nominal. 2.5 y 2.9% fueron los datos de Santa María del Oro y Valle de Guadalupe, respectivamente, ambos en el estado de Jalisco. Otros once municipios de Jalisco tuvieron entre 3 y 4%. Evidencia suficiente del desinterés de esa ciudadanía.

Si se observa el resultado de revocación versus ratificación por municipio, se tiene que fue en San Pedro Garza García, Nuevo León, donde la mayoría de los votantes manifestaron su rechazo a AMLO (58.9%). El segundo lugar lo tuvo Cruillas, Tamaulipas, pues 52.2% de los ciudadanos pidieron revocarle el mandato al presidente. De nuevo el rechazo al lopezobradorismo da señales de estar presente en las entidades federativas del norte del país.

Tengo para mí que estas cifras más que dar cuenta de la voluntad ciudadana en un ejercicio de democracia directa respecto a la pérdida de confianza al presidente López Obrador, son evidencia de las estrategias y prácticas de movilización y coerción del electorado por parte del gobierno federal y de los gobernadores de Morena, así como de otros funcionarios públicos. No me parece casual que en las entidades donde gobierna Morena haya habido más participación, como tampoco que se haya dado más apoyo a la opción de ratificación, habida cuenta de que no existió un impulso por parte de la oposición para manifestarse por la revocación, sino más bien por desalentar la participación ciudadana.

 Además de las cifras de la revocación de mandato publicadas por el INE, la encuesta de salida de El Financiero nos da luz sobre el perfil de los votantes en este ejercicio, evidenciando así quiénes son y en dónde se ubican los apoyos del lopezobradorismo y, por tanto, de Morena. Según estos datos, se trata en su mayoría de hombres, personas mayores (cincuenta años y más), con escolaridad básica. El grupo más grande de quienes participaron en la revocación de mandato manifestó ser morenista (47%); ser beneficiario de algún programa social del gobierno (58%); haber votado por AMLO en 2018 (76%); aprobar la gestión del presidente (90%) y estar a favor de la 4T (76%). 

Por ello, más allá de los resultados del domingo 10 es preciso resaltar la ruta que condujo a ellos, así como las estrategias del gobierno y su partido para hacerse de los votos, mismas que pueden ser utilizadas según se requiera en el futuro. La experiencia enciende todas las alarmas.

Desde que empezó el proceso para la consulta el lopezobradorismo entró en modo campaña. Este fue encabezado por el propio presidente y, orquestando su voluntad, actuaron los gobernadores morenistas, así como sus legisladores y otros tantos funcionarios públicos ávidos de instrumentar los deseos presidenciales. La meta fue satisfacer al presidente y para ello no se escatimaron recursos ni voluntades, aunque eso implicara pasar por encima de la norma jurídica en múltiples ocasiones. 

Resaltan el desacato masivo a la suspensión de la propaganda gubernamental que por mandato de ley debe cumplirse desde la emisión de la convocatoria hasta la realización de la consulta, así como las múltiples violaciones abiertas y simuladas del marco normativo. 

En ese festival de ilegalidades destaca el lamentable espectáculo organizado por la jefa de gobierno con la fachada de evento de apoyo a la reforma eléctrica promovida de igual modo desde presidencia. Lo que ahí se dio fue un acto de propaganda partidista para apoyar la ratificación del mandato presidencial.

Colma el cinismo y la desfachatez con que asumen y alardean sus violaciones a la legalidad funcionarios públicos de primer nivel de esta administración, tal como sucedió en la concentración a la que, en un avión del ejército, llegaron a Sonora el propio secretario de Gobernación, junto con el comandante de la Guardia Nacional luciendo su uniforme para hacer proselitismo y pedir la participación a favor de la permanencia del presidente en su cargo. 

Las transgresiones continuaron hasta el mismo domingo 10, cuando la Secretaría de Hacienda promovió la participación en Twitter y también se hizo presente el acarreo de votantes encabezado por el propio presidente de Morena. 

Entre otras muchas, estas acciones desde el gobierno federal y su partido pervirtieron de principio a fin la naturaleza del ejercicio que de participación ciudadana tuvo bien poco; pues fue escasa y parece ser que en buena medida estuvo cooptada por las estructuras del oficialismo. 

Permanecen en la memoria colectiva una gran cantidad de atropellos a la legalidad que, inevitablemente, recuerdan los tiempos del dominio hegemónico del PRI. Pero también quedan documentadas esas transgresiones a la normatividad (que van desde faltas administrativas hasta la comisión de delitos electorales), así como la opacidad sobre los recursos utilizados para apoyar a AMLO. La evaluación y eventual sanción a los responsables está en manos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es deseable que actúe de forma tal que salvaguarde la democracia.

Me parece que el resultado más positivo, si acaso el único, que deja la revocación de mandato es la calidad del trabajo del INE, institución que no en balde goza del respaldo mayoritario de la población y que, de nueva cuenta, mostró su profesionalismo. El INE organizó la instalación de las casillas, el cómputo de los votos y la difusión de los resultados el mismo día, aun cuando para ello tuvo que sortear recortes presupuestales, agresiones inaceptables y francas bravuconadas por parte de los seguidores del presidente, así como del propio mandatario. 

Hoy toca proteger a las instituciones que nos han permitido dejar atrás los tiempos de la hegemonía y avanzar mediante la realización de elecciones confiables cuyos resultados son aceptados por los contendientes. Es preciso por ello resaltar el hecho de que la misión de observación de la OEA haya reiterado “su preocupación por las continuas campañas de desprestigio y ataques institucionales contra el INE, que no solo aumentan la polarización existente en el país, sino que también menoscaban la democracia”. ¿Será posible avanzar por una ruta democrática? o ¿será que ya estamos inmersos en eso que José Woldenberg ha llamado la “degradación de la vida política”?

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Rosa María Mirón Lince

Profesora-investigadora de la UNAM. Red de Politólogas.

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