La confusión domina el debate sobre la reforma constitucional por la que se pretende destituir a todos los impartidores de justicia y sustituirlos por quienes resulten electos por voto popular entre los años 2025 a 2027.

La reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), formalmente entró en vigor al 16 de septiembre pasado. Sin embargo, suman más de 160 los amparos otorgados por jueces federales que ordenan, en diferentes modalidades, suspender su aplicación, , incluyendo los dirigidos al INE para que no lleve a cabo los actos preparatorios de la elección de junio de 2025, y el que más polémica causó, por el que una jueza ordenó a la presidenta de México eliminar del DOF el Decreto de reforma.

La confusión proviene tanto de la deficiente redacción de las normas introducidas a la Constitución, de los notorios errores y contradicciones que los legisladores de Morena y aliados dejaron pasar, por una prisa sin justificación racional, como por el desacato en que han incurrido la titular del Poder Ejecutivo federal y los legisladores que detentan la mayoría en las dos Cámaras del Congreso de la Unión.

El desacato presidencial se pretende justificar con el argumento de que, conforme a la ley, los jueces no tienen facultades para otorgar amparos contra reformas a la Constitución. Esa norma existe, pero corresponde a las instancias del Poder Judicial su aplicación. No es admisible, ni justificable, que la presidenta y sus legisladores se hagan justicia por mano propia para no acatar lo resuelto por los jueces. Lo que en estricto derecho procedía era que acudieran ante las instancias que la ley establece para resolver ese tipo de controversias. 

Lo que estamos viendo en acto es una especie de linchamiento, presidencial y legislativo, del Poder Judicial. Eso es una crisis constitucional sin precedente.

La confusión se agrava por la aprobación en el Senado de una iniciativa de reforma constitucional para “blindar” lo ya aprobado por el oficialismo en materia judicial. Lo que finalmente aprobaron Morena y sus aliados en el Senado fue colocar en la Carta Magna lo que está en la Ley de Amparo. Sin embargo, un artículo transitorio del decreto de marras establece lo siguiente:

“SEGUNDO. Los asuntos que se encuentren en trámite deberán resolverse conforme a las disposiciones contenidas en el presente decreto.”   

Lo que corresponde a la seguridad jurídica, en un Estado constitucional de derecho, es que los procedimientos judiciales o administrativos que están en curso no se vean afectados por cambios en las normas legales. Es decir, lo que debería decir ese transitorio es que los asuntos que se encuentren en trámite deberán resolverse conforme a las disposiciones contenidas en la Constitución y las leyes aplicables al momento de su inicio. Se llama “no retroactividad”.

Lo que se pretende con la atropellada nueva reforma, corregida en conferencia mañanera por la presidenta, es maniatar a la actual Corte en la decisión que, en su caso, tome respecto de los juicios de amparo que están en curso, y presionarla al máximo para que en las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales que está pendientes de resolución no se alcancen los 8 votos para declarar la invalidez del Decreto publicado el 15 de septiembre.

Conviene recordar que, en 2009, con motivo de las sentencias recaídas en los recursos de impugnación sobre la reforma electoral de 2007-2008, el Pleno del Máximo Tribunal aprobó la jurisprudencia de registro digital 165713, por la que estableció que el procedimiento de reforma constitucional si está sujeto a control por la propia Corte. Eso es cosa juzgada.

Lo que está a debate, dentro y fuera del Poder Judicial, es si ante cambios a la Constitución que sean contrarios a los principios fundadores de la República o a los Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia puede entrar al fondo del asunto y declarar la invalidez de lo aprobado por el órgano reformador de la Constitución.

Los voceros de la 4T dicen que el Poder Legislativo es “soberano” y tiene “supremacía” sobre el Poder Judicial. Eso no decían los legisladores de Morena cuando estaban en la oposición, ni en los primeros años de la 4T. La razón y la experiencia dicen que un poder sin control ni contrapeso es incompatible con el Estado de derecho y la democracia.

Ese es el “huevo de la serpiente”. El origen del autoritarismo y la dictadura.       

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