Que nuestro sistema electoral es complejo y sobrecargado de regulaciones, es algo en que coinciden tirios y troyanos. Esa condición se atribuye, por lo general, a lo que el doctor Jorge Carpizo denominó, en el ya remoto 1994, “la feria de las desconfianzas". Para cada resquemor, para cada denuncia de real, potencial o imaginario fraude electoral, se implantó una regla legal y una acción a realizar por la autoridad electoral (INE/OPLE). Pero como casi nada en la vida es gratis, cada acción conlleva un gasto.

Sin embargo, de tiempo atrás a la fecha, el encarecimiento de los procesos electorales tiene su origen primordial en acciones que emprenden los institutos electorales, nacional (INE) o de las 32 entidades federativas (OPLES). Son acciones al calor de proyectos que desbordan el marco legal; iniciativas que dicen atender derechos ciudadanos o mitigar desventajas de grupos vulnerables, que generan gastos con cargo al erario y respecto de los cuales pocas veces se rinden cuentas. Los beneficiados son muy pocos. El resultado neto es el encarecimiento del gasto electoral.

Un ejemplo de ese tipo de acciones es la llamada “urna electrónica" En México votamos desde el siglo XIX en boletas de papel, que se depositan en una urna, para que una vez cerrada la jornada comicial, los ciudadanos que integran las mesas de casilla, que lo hacen de manera gratuita, cuenten los votos y consignen en actas el resultado. Por la desconfianza, desde 1994 la boletas se fabrican con medidas de seguridad equiparables a la de un billete del Banco de México. Por si ese exagerado cuidado no fuera suficiente, desde hace años varios institutos electorales locales y el IFE emprendieron proyectos, paralelos y aislados, para contar con una urna electrónica.

La urna electrónica es una máquina para votar autónoma, no conectada a internet, que permite al ciudadano, una vez que se ha identificado ante el funcionario de casilla, emitir su voto en una boleta digital que aparece en la pantalla de la máquina, la que con un software instalado en la misma suma los resultados por partido y da cuenta de los demás datos pertinentes, como número de electores que votaron, votos nulos o por candidatos no registrados y las sumatorias de cada rubro.

Pioneros en el proyecto de urna electrónica fueron los institutos electorales de Jalisco, Coahuila y el DF, En el IFE/INE varias generaciones de consejeros discutieron mucho del tema, formaron comisiones de expertos y hasta lograron alguna regla transitoria para dar cobertura legal a esos proyectos, que hasta la fecha son lo que llamamos “pilotos”, es decir, ejercicios de prueba que se aplican en algunas casillas el día de la elección.

Han pasado casi dos décadas desde los primeros prototipos de urna electrónica, y seguimos votando en boletas impresas en papel seguridad. Los proyectos piloto cuestan.

Con bombo y platillo se anunció el año pasado que en Coahuila habría un ejercicio de urna electrónica en 74 de las casillas que recibirán el voto ciudadano el próximo domingo 4 de junio. Desconozco cuanto se gastó en llevar adelante el proyecto, paralelo al voto en boleta impresa, pero supongo que habrá sido una suma considerable. El martes de esta semana, el INE anunció que lo cancelaba y que las urnas electrónicas no serán usadas, por haberse detectado un “error de configuración” en ellas. (Boletín 193, 30 de mayo, 2023).

En el estado de México decidieron contar con un sistema informático para recibir el voto por anticipado, en los casos y bajo las reglas que determinó el Instituto Electoral de ese estado. Cerrado el plazo para esa modalidad, 172 ciudadanos hicieron uso de ella. La lista de electores del estado de México es la más grande del país, con casi 13 millones de inscritos. ¿Cuánto costó el proyecto de voto anticipado?

En cada elección, local o federal, se anuncia que los mexicanos residentes en el extranjero podrán ejercer su voto, por correo o por internet. Consejeros y funcionarios electorales viajan –gastos pagados- a diversos países para “supervisar” los trabajos electorales en embajadas y consulados. Millones de pesos se gastan cada año en esa modalidad de voto, y cada año el número de mexicanos que votan desde el extranjero es mínimo. Nada importa la evidencia reiterada de que los mexicanos que viven en Estados Unidos quieren votar, pero en las elecciones de allá.

Esos y otros temas siguen pendientes de atención y solución. Para bajar el costo electoral una primera condición es superar las desconfianzas y eliminar lo que ya no es necesario, Así como evitar que ocurrencias de consejeros electorales den lugar a gastos sin sentido ni beneficio, y sin rendir cuentas. 

Posdata. El domingo 4 de junio hay elecciones en los estados de Coahuila y México. Ojala haya una gran participación de la ciudadanía y la abstención sea la gran derrotada.