El empoderamiento político de las mujeres en la región latinoamericana

En la región latinoamericana, el empoderamiento de las mujeres en la política se inicia luego del reconocimiento de los derechos civiles y ciudadanos hacia las mujeres, consagrado con el "voto" entre la década de los años 1940 y 1950, post periodos dictatoriales e inflacionarios de los años 1960 y 1970. Con la apertura de mercado en la época neoliberal en la década de los años 80, se dieron procesos de reformas de descentralización en los años 90, periodo en el que los países de la región como Ecuador y Perú, entre otros, promovieron la participación de las mujeres en los niveles locales o municipales. 

En Bolivia, específicamente, se promueve la Ley de Participación Popular en 1994 que incluye la división territorial municipal; de 84 municipios que se descentralizan incrementándose a 104, posteriormente a 200 y actualmente a más de 300 municipios, en los cuales se insertan activamente las mujeres como concejalas y alcaldesas en los gobiernos municipales autónomos (GAM). Paralelamente a estas reformas se promueven acciones positivas como "la cuota", del 30% inicialmente, que es implementada en toda la región después de la adopción de los compromisos post-Beijing ya como elegibles "como candidatas".

Contexto en la transformación de los cambios sociopolíticos y económicos en Bolivia

1. Transición hacia la democracia 1982-1985

2. Consolidación del régimen político democrático representativo - neoliberal de democracia pactada 90s

3. Crisis del proceso neoliberal - Proceso de Cambio de Estado Nación a Estado Plurinacional 2006 definido en la CPE 2009

Las mujeres en los gobiernos locales

El seguimiento y el logro de la paridad de género en gobiernos locales son cruciales para la igualdad de género y el desarrollo sostenible. A pesar de la creciente participación de las mujeres en la vida pública, la democracia paritaria, que incluye la paridad de género (50/50) en cargos electos de todo el mundo, está lejos de lograrse, tanto a nivel de gobiernos nacionales como locales. Las brechas persisten debido a nudos estructurales que refuerzan normas, prácticas y políticas discriminatorias y perpetúan dinámicas de poder dominadas por los hombres. La región de América Latina y el Caribe no es una excepción. Sigue siendo un reto "garantizar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo en todos los niveles de toma de decisiones en la vida política, económica y pública", de acuerdo con la meta 5.5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En respuesta, los países reunidos en la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe han avanzado desde hace más de 45 años en el desarrollo de una Agenda Regional de Género que guía las políticas públicas, acciones y decisiones destinadas a promover la igualdad de género, la autonomía de las mujeres y el desarrollo sostenible en la región.

En el caso de Bolivia, así como en otros países de la región, es necesario garantizar la plena participación de las mujeres en cargos públicos y de representación política toda vez que ha alcanzado en el marco de la democracia y la Constitución Política del Estado; la formalización de "la paridad en la política" (numérica) buscada, sin embargo la representación de las mujeres en la vida política y pública es obstaculizada constantemente por "el acoso y la violencia política"; como una manifestación de la desigual distribución del poder y los recursos que socavan su participación y el desarrollo sostenible. 

Es necesario identificar los retrocesos y los estancamientos, y romper los "techos y ciclos de violencia electoral en todas sus etapas" que encubren, ocultan y tapan; silencian, hostigan a las mujeres en calidad de candidatas y/o electas titulares o en su condición de suplentes, es decir, que estos hechos pueden suceder indistintamente al inicio, durante o después de un proceso electoral, con el objeto de alejar, acobardar, cansar y así obtener contra la voluntad de las mujeres en la política la renuncia a su postulación o a su cargo; ante la inacción pública y social en el ámbito político y sindical; la violencia contra las mujeres en la subrepresentación paritaria en puestos de liderazgo en los partidos políticos y en otras organizaciones políticas; en cargos jerárquicos y no subalternos: donde la estadística y el recuento de votos demuestre el cumplimiento de la equidad y la alternancia reconocidas no solo en la norma sino en los logros visibles y contundentes en el ejercicio pleno de sus derechos a la participación política y el poder en todos los niveles de gobierno: local, departamental y nacional; que realmente permita ejercer la "democracia paritaria" como un sistema político que busca garantizar la igualdad de género en la representación política. La democracia paritaria busca una distribución equitativa de poder entre hombres y mujeres en todas las instituciones políticas y de toma de decisiones, más allá de las cuotas de género, listas paritarias en elecciones y políticas específicas que promuevan la equidad de género.

Por tanto, el objetivo principal de la democracia paritaria no solo es aumentar el número de mujeres en la política, sino también asegurar que sus voces y perspectivas sean igualmente valoradas y consideradas en la toma de decisiones. Como resultado, la autonomía de las mujeres en la toma de decisiones todavía resta mucho por alcanzar.

Sin embargo, la evidencia muestra que la presencia de mujeres, a pesar del acoso y la violencia política del que son objeto, al estar inmersas en los procesos de toma de decisiones políticas mejora dichos procesos. Por ejemplo, una investigación sobre los consejos municipales de Bolivia en áreas rurales e indígenas puso de relieve que el número de proyectos de conservación y abastecimiento de agua potable en zonas donde dichos consejos están liderados por mujeres o existe una mayor participación femenina era un 62 por ciento mayor que en el caso de aquellas cuyos consejos están liderados por hombres. Se encontró una relación de causalidad directa entre la presencia de mujeres en los consejos municipales y la cobertura de la atención infantil.

Las mujeres demuestran liderazgo político al trabajar por encima de las divisiones partidarias en grupos parlamentarios de mujeres —incluso en los escenarios políticos más agresivos— y al defender asuntos de igualdad de género como la eliminación de la violencia de género, licencias parentales y cuidado infantil, pensiones, leyes de igualdad de género y reforma electoral.

Algunos factores que explican los avances en Bolivia

Los movimientos feministas y las redes de mujeres políticas han sumado fuerzas para influir en sus parlamentos y gobiernos (locales) mediante la formación de bancadas o mesas de mujeres parlamentarias, redes de mujeres autoridades municipales y otros movimientos de mujeres políticas que, superando barreras partidistas e ideológicas, han apostado por alcanzar consensos y hacer de la agenda de género una causa común contribuyendo a concienciar a la opinión pública.

Los marcos normativos e institucionales han sido motores para la aceleración de políticas públicas que promueven los derechos de las mujeres y la igualdad de género, con un fuerte compromiso regional plasmado en la ratificación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y en el impulso de los Consensos de las Conferencias Regionales de la Mujer.

La inclusión de acciones afirmativas —sobre todo mediante la adopción de cuotas de género en las legislaciones de diversos países— y en los últimos años la apuesta por medidas que conduzcan a la paridad (50-50). No todas las legislaciones incluyen los mismos requisitos para su efectividad, como serían las sanciones claras a los partidos por incumplimiento, ni tienen en cuenta factores determinantes ligados al sistema electoral en el que se aplican. No obstante, el debate está muy presente.

Pese a todos estos avances positivos, la participación política de las mujeres es muy heterogénea en cada nivel autonómico en el país. El porcentaje de las mujeres alcaldesas no supera aún ahora el 10 o 15% en contraste de las concejalas que superó la paridad en las últimas elecciones. Es también preocupante el acoso y la violencia política que sufren muchas mujeres y el hecho de que, aunque Bolivia se haya dotado de una legislación integral para prevenir y erradicar este fenómeno, las sanciones a este fenómeno son casi inexistentes.

El diagnóstico en general no es muy satisfactorio. La participación política de las mujeres está muy alejada del objetivo de la paridad efectiva. Las mujeres no deciden a la par con los hombres.

Evidencia sobre las estrategias de trabajo y las lecciones que limitan la participación política de las mujeres a nivel local

La violencia política es uno de los factores que explican el estancamiento de la participación política de las mujeres en la toma de decisiones. Lo sucedido en Bolivia y otros países de la región como México y Guatemala, con asesinatos de mujeres candidatas y electas, da cuenta del riesgo que implica participar en la política.

Bolivia tiene el mérito de haber generado la noción de acoso y violencia política, término que se extendió rápidamente porque identificó la existencia de violencia en un ámbito que no se había trabajado anteriormente.

Por otro lado, el persistente déficit en la representación política entre mujeres y hombres obedece a múltiples razones que deben analizarse en el contexto histórico, económico, político, social o cultural de cada país. Sin embargo, coinciden ciertos factores estructurales que operan como barreras al pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres en la región:

• Estereotipos y prejuicios que ven la política y lo público como algo masculino.

• Falta de corresponsabilidad en las tareas del cuidado entre hombres y mujeres y la ausencia de políticas públicas que fomenten la conciliación laboral y familiar.

• Brechas salariales entre hombres y mujeres.

• Estructura y cultura machista de los partidos políticos, las mujeres rara vez dirigen una organización o partido político en todos los niveles desde lo local a lo estatal.

• Acceso restringido de las mujeres a medios de comunicación para la presentación de sus candidaturas u ofertas políticas programáticas.

• Menor acceso de las mujeres a redes de contacto para movilizar recursos de financiación y construir apoyos para las candidaturas.

• Menor autoestima y asertividad y alta necesidad de capacitación para la gestión pública de las mujeres.

Cualquier estrategia dirigida a incrementar la participación política de las mujeres en la región deberá mitigar dichos factores estructurales, tras un análisis y adaptación en cada contexto y país. El ejercicio del poder de las mujeres transforma y cambia las realidades de todas, de sus familias y de las naciones enteras, por lo que invertir en ellas es un imperativo de desarrollo paritario e inclusivo.