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En busca del tiempo perdido

Como una licencia literaria, acaso atrevida, tomo prestado el título de la novela de Proust, para expresar la profunda sensación de desasosiego que me invade en este proceso electoral. Veo con angustia una democracia enferma y unas relaciones políticas cada vez más disfuncionales ¿A dónde irán a parar los logros conseguidos a través de más de 4 décadas? ¿La transición fue tiempo perdido?

A ratos tengo la sensación de que, como en el juego de serpientes y escaleras, México ha aterrizado en la casilla de la serpiente más larga del tablero, aquella que te llevaba del número 98 al 2. Hay una serie de temas que eran prueba superada y en esta elección vuelven a estar en el centro de nuestras preocupaciones. Comparto sólo tres de ellos: 1) la fortaleza de las autoridades electorales; 2) la observación electoral como forma de inhibir conductas desleales; y 3) la prudencia del presidente, los gobernadores y los funcionarios de los gobiernos.  

Parecía que habíamos logrado contar con autoridades electorales fuertes. 1990 y 1996 fueron dos fechas clave en la construcción institucional de la autoridad administrativa y la jurisdiccional. El INE se creó en 1990, obtuvo plena autonomía constitucional en 1996 y se transformó en una autoridad nacional en 2014. El Tribunal Federal Electoral (1990) con la reforma electoral de 1996 se convirtió en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Ambas autoridades federales electorales fueron cada vez más robustas y, sobre todo, más independientes y autónomas. Ambas han estado bajo asedio todo el sexenio, se han implementado diversas estrategias para debilitarlas que van desde la retórica presidencial hasta omisiones flagrantes del Congreso que inciden directamente en su legitimidad.

Normativamente hemos dotado al INE de todas las capacidades necesarias para ser un árbitro con dientes. Las principales fortalezas de la autoridad administrativa están en su autonomía constitucional, su capacidad de organización, y su servicio profesional. La autonomía en sus decisiones es producto de la colegialidad de su cuerpo directivo. Por años se criticó la selección de las personas consejeras a través de cuotas y cuates, sin embargo, en términos generales los equilibrios resultaban funcionales. Todos los presidentes del INE tuvieron que sortear problemas complicados productos de la colegialidad. Parte esencial del quehacer de la persona que preside es acercar posturas, negociar con sus colegas. Ser primero entre iguales significa idear soluciones asequibles y funcionales para el órgano que se dirige. Aún cuando los partidos perdieron el voto en el Consejo General, también forman parte de la negociación.

En el proceso de nombramiento de las nuevas personas consejeras, incluida la consejera presidenta, Guadalupe Tadei, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados renunció a su obligación de generar acuerdos, el Consejo General se completó gracias a que en 2014 después de varios procesos desastrosos y uno infructuoso, se introdujo el sorteo como forma de romper el desacuerdo. Por culpa de los diputados la presidenta llegó con una autoridad disminuida, hasta ahora ha sido incapaz de generar acuerdos en cuestiones tan elementales como los nombramientos de los directores ejecutivos. Una lamentable sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) rompió por completo la colegialidad. La pomposamente llamada “herradura de la democracia” se ha convertido en un circo de carpa en el que se ha permitido a los representantes de los partidos todo tipo de insultos. ¿Dónde está la capacidad del INE para conducir el proceso?

La autoridad jurisdiccional no está en mejores condiciones. Su deterioro comenzó desde el momento en el que los siete aceptaron los cambios para el periodo de sus propias designaciones. En ello fueron cómplices los partidos políticos y en particular las y los senadores; las personas magistradas. De siete personas, nadie tuvo los arrestos suficientes para renunciar frente a la flagrante inconstitucionalidad. La SCJN por mezquindades personales y para brindarles protección a sus propios candidatos, también avalaron semejante atrocidad.

Este pecado original ha afectado su desempeño desde el primer día. Siete personas magistradas serán recordadas por la inestabilidad de las presidencias; todas derrocadas por la cicatería del resto de sus colegas. Desde 2016 que tomaron posesión hasta ahora, han sufrido cuatro “golpes de Estado” debido a que sus rencillas personales abrieron la puerta a manipulaciones externas. El entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, obligó a la Magistrada Janine Otálora a renunciar por no haber anulado la elección de Puebla. Desde entonces Zaldívar influyó en la elección y derrocamiento de Felipe Fuentes, José Luis Vargas. En octubre de 2023 operó, ya desde el cuarto de guerra de Sheinbaum, el derrocamiento de Reyes Rodríguez y el nombramiento de la actual presidenta Mónica Soto.

A esta situación de suyo preocupante, hay que agregar que el Senado ha decidido incumplir con su obligación de nombrar magistraturas en 44 casos, dos de la Sala Superior. Todas las Salas Regionales y los Tribunales locales están incompletos y funcionan con personas designadas para hacer frente a la emergencia.[1] El órgano que deberá calificar la elección presidencial tiene sólo 5 de 7 personas magistradas; para la calificación deberán llamar a la persona decana de las salas regionales. No hay certeza jurídica de quién es y cuándo deben llamarla, tampoco está claro en la ley si deben llamar sólo a una o a dos personas. No parece correrles la prisa a pesar de que cada sesión se van tomando decisiones que serán vitales en la validación, o no, de la elección presidencial.

Fue un logro del proceso de transición a la democracia quitarle a la Cámara de Diputados la calificación de las elecciones. Dejó de ser un proceso eminentemente político, en manos de la entonces mayoría hegemónica, que era juez y parte, y se convirtió en un proceso técnico-jurídico en manos de una autoridad jurisdiccional imparcial lo que le imprimió a la elección presidencial una legitimidad que nunca había tenido. ¿Cómo recuperar ahora la legitimidad que estamos a punto de perder?

La observación electoral es por naturaleza una suerte de testigo que sirve para inhibir la comisión de ilícitos y favorecer el comportamiento ético de todos los actores involucrados en una elección: partidos, personas candidatas, autoridades electorales y funcionarios públicos. La observación fue admitida a regañadientes en 1994 y hasta ahora era considerada parte consustancial a los procesos electorales. Hubo observación de organizaciones de la sociedad civil mexicana, como fue en su momento Alianza Cívica así como grupos dedicados a la observación internacional, entre otros el dirigido por el expresidente de Estados Unidos Jimmy Carter y las Misiones de Observación de la OEA; por un prurito de soberanía nacional a los grupos extranjeros les hemos llamado eufemísticamente “invitados internacionales”. A lo largo de tres décadas y cinco elecciones presidenciales la observación ha ido evolucionado. En procesos electorales recientes la observación se extendió mucho más allá de la jornada electoral; en 2018 algunos grupos arrancaron la observación desde los inicios del proceso electoral a finales de 2017.

Tradicionalmente el Estado mexicano ha destinado un fondo para observación nacional e internacional que, además de necesario, se entendía como una señal de compromiso de respetar el marco jurídico y comportarse correctamente. En este proceso electoral la observación electoral está prácticamente desmantelada, los recursos son exiguos y se decidieron tardíamente. No obstante, existen grupos que estamos haciendo observación sin recibir dinero del INE o la Secretaría de Gobernación, ni de ninguna otra organización nacional o internacional. ¿Fue tiempo perdido el dedicado a los ejercicios de observación?

El comportamiento del presidente y otras personas gobernantes y funcionarias públicas en este proceso electoral ha sido cínicamente injerencista. Un día sí y otro también dicen y hacen cosas para inclinar la cancha a favor de a su partido. La crisis postelectoral de 2006 llevó a una reforma política compleja y difícil de operar.  Se creo el famoso modelo de comunicación política que introdujo sinnúmero de restricciones a todos los actores políticos. El artículo 134 de la constitución prohíbe explícitamente hacer campaña e intervenir de cualquier manera para promover a su partido o a las candidaturas que le son propias.

Hoy nos encontramos con el quebranto total de esas normas; los actores que deberían respetarlas se han burlado no sólo de las normas sino de las autoridades administrativas y jurisdiccionales que les han solicitado comedidamente que acaten la ley. ¿Dónde está la imparcialidad que la legislación exige a gobernantes durante los procesos electorales?

Cada día hay más elementos para documentar el pesimismo con relación a las condiciones en las que se está desarrollando en México la elección del próximo 2 de junio. Es urgente que las elecciones se lleven a cabo, que se instalen las casillas, se cuenten los votos, y se califiquen las elecciones de tal manera que haya la indispensable renovación en todos los puestos de elección popular que se someterán a la decisión del electorado. Igualmente, es urgente que los resultados sean creíbles y las personas elegidas gocen de legitimidad para poder gobernar. ¿Qué tan profunda es la erosión de nuestra democracia? ¿Estamos en el inminente parto de un régimen autoritario? ¿Ya perdimos lo construido? ¿Dónde quedó el tiempo y el esfuerzo invertidos en la construcción de la democracia mexicana? No podemos sino tener la amarga sensación de regresar al principio del tablero en la construcción y defensa de un régimen democrático que creímos conquistado.

[1] Cierro este artículo el día 10 de abril de 2024, espero que al momento de la publicación el Senado haya cumplido su obligación de nombrar a las personas magistradas.


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María Marván Laborde

Doctora en Sociología Política por la New School for Social Research. Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

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