Si en 1977 el presidente José López Portillo hubiese ordenado realizar una encuesta sobre la legalización del Partido Comunista Mexicano (PCM), seguro que habría ganado el “no”. No habría habido reforma política y -creo- el PRI habría llegado a cumplir 100 años en el poder. 

Las reformas políticas y electorales que hicieron posible la transición a la democracia y las alternancias no fueron producto de encuestas. El ciclo de cambios que México vivió de 1977 a 2014 fue impulsado por el diálogo y la construcción de acuerdos. Aunque gradual, el avance democratizador se impuso. Es cierto que hubo excepciones, y hasta retrocesos, pero con todo y la gradualidad el sistema electoral y la composición de las cámaras legislativas y cabildos municipales cambió para bien de todos. Hay quienes se entretienen discutiendo si hubo transición o estamos como antes, o peor. Los hechos hablan por sí mismos; 23 años después de la reforma de López Portillo se produjo la primera alternancia en el Poder Ejecutivo federal. Entre 2012 a 2018 ocurrieron otras dos alternancias.

Sin las reformas realizadas de 1990 a 1996 el PRI no habría perdido la mayoría absoluta en 1977 y la primera alternancia (2000) no hubiese sido posible, o hubiese tardado más. Sin la reforma de 2007, que cerró a las televisoras y radiodifusoras el negocio de venta de tiempo a partidos políticos y candidatos, López Obrador no habría ganado la elección de 2018, en su tercer intento por ser presidente de México. Sin el IFE ciudadanizado, luego autónomo, y un Tribunal Electoral independiente, la historia político-electoral habría corrido por otros cauces.

Es cierto que en el ciclo de reformas no todo fue avance. La integración de la Comisión Federal Electoral (CFE), decidida en 1986, fue una imposición, que permitió al régimen alterar los resultados en 1988. La desaparición del IFE y el surgimiento del INE, en 2014, resultó del extravío opositor. Centralizar las elecciones y debilitar el federalismo produjo burocratización y mayor gasto.

Ni a Manuel Bartlett se le ocurrió hacer encuestas para validar la reforma electoral de 1986; lo que hizo fue un foro de consulta en el que, por interpósitos voceros, fue revelando los aspectos centrales de su propuesta, entre otros duplicar el número de diputados plurinominales. Por cierto, hubo otros puntos positivos en aquella reforma. Además de instaurar un sistema electoral (entendido como la forma en los votos se traducen en curules) tendencialmente proporcional, abrió paso a dos nuevas instituciones: el primer Tribunal Electoral (TRICOEL) y la primera Asamblea de Representantes del DF, una especie de cabildo capitalino.

Hace años me hago la pregunta sobre el origen de la encuestolatría que practicó López Obrador. Me consta que no era así en sus primeras andanzas en la oposición, a la que llegó después de su salida del PRI, en agosto de 1988, para su primera candidatura a gobernador de Tabasco, por el PMS. Creo que su idolatría por la demoscopia, o mejor dicho por sus usos propagandísticos, la adquirió de su relación -desde finales de los años 90- con el académico José Barberán, que organizó y dirigió el primer equipo técnico de encuestas para el uso interno del PRD.

Enseña la historia que las reformas impuestas desde el poder, como la de 1986, o negociadas de manera excluyente, como la de 1993, fueron tan ineficaces como efímeras. No es la demoscopia el medio para legitimar una reforma electoral, menos aún para otorgar carta democrática a su contenido. Nada tendrá de democrático eliminar el financiamiento público a los partidos, o reducir a mero simbolismo la presencia opositora en los órganos de la representación popular, como las cámaras legislativas y los cabildos municipales. Socavar o destruir la integridad de normas y autoridades electorales, convirtiendo al INE en un remedo de la CFE de 1988, aunque sea apoyado por una encuesta, será contrario a la democracia.

Las reformas políticas o electorales no han sido, ni deben ser, resultado de encuestas, o del Oráculo de Delfos, menos aún si la demoscopía es utilizada como pretexto para justificar lo que está previamente definido desde el poder presidencial. Además, no tiene sentido tirar dinero público en encuestas a gusto del cliente. Si en Palacio Nacional necesitan una encuesta sobre la reforma electoral que están tramando, pueden leer, sin costo, la que Consulta-Mitofsky acaba de publicar en su portal digital (www.mitofsky.mx).

Posdata. Por si mi amigo Roy decide hacer una segunda encuesta sobre el tema, sugiero una pregunta:

¿Está de acuerdo en que la 4T destruya la democracia mediante una reforma electoral?

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