Tomar decisiones bajo presión es de por sí complicado. Hacerlo por un equipo que no se prepara para decidir y explicar lo que hace, dará como resultado, casi siempre, que se les haga bolas el engrudo.

Así ocurrió el viernes 28 de febrero en la conferencia de prensa para informar de la entrega a la justicia de Estados Unidos de 29 mexicanos, condenados por narcotráfico y otros delitos graves. Todos ellos estaban purgando -desde hace muchos años- sus condenas en prisiones de alta seguridad en México. No se trató de una extradición, sino de una “entrega”, a solicitud del gobierno de los Estados Unidos, misma que habría sido recibida y atendida en cuestión de horas, según palabras del titular de la FGR.

Tanto el secretario de Seguridad como el Fiscal afirmaron en la conferencia de prensa que la entrega de los 29 mexicanos no se hizo con base en la Ley de Extradición. Sin embargo, es conveniente citar el artículo14 de dicha Ley, que a la letra establece: “Ningún mexicano podrá ser entregado a un Estado extranjero sino en casos excepcionales, a juicio del Ejecutivo.”

Dijo el Fiscal que la entrega de los 29 mexicanos se hizo con base en el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional y 89 de la Constitución. De la lectura de ambos artículos queda en claro que lo afirmado por el Fiscal es su personal interpretación de esas normas, no una aplicación de su literalidad. Queda la pregunta de si corresponde al Fiscal la interpretación de una ley que él mismo aplica. Creo que no.  

El artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional define las hipótesis de lo que debe entenderse por “amenazas a la Seguridad Nacional”. Bajo la interpretación del Fiscal, algunas de esas hipótesis pueden aplicarse a los 29 entregados. Pero hay un hecho que hace inaplicable invocar ese artículo: esos capos purgaban condenas en penales de alta seguridad de México, por lo que difícilmente podían ser considerados como una “amenaza a la seguridad nacional”. Afirmar, sin prueba alguna, que algunos podían haber sido liberados por el poder Judicial, es una cortina de hum para ocultar la posible violación a la Constitución y a los derechos humanos de los entregados.

Cabe suponer que al invocar el artículo 89 constitucional, que establece las facultades y obligaciones del presidente de la República, el Fiscal se refería a la fracción VI, “Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva…”. Hago notar que no se trata de una facultad directa, sino que la Constitución remite la reglamentación de su ejercicio a la Ley de Seguridad Nacional, que en ninguno de sus artículos faculta al Presidente para entregar mexicanos a Estados extranjeros. Hasta los economistas sabemos que la autoridad solo puede hacer lo que la ley le autoriza. 

Hubo una contradicción notoria entre los dichos del Fiscal y los del secretario de Seguridad. El primero invocó las facultades de la Presidenta (artículo 89 de la Constitución), el segundo la exculpó de la decisión, al afirmar que fue el Consejo de Seguridad Nacional quien decidió la entrega. Solo que ese Consejo lo preside la titular del Ejecutivo, no el secretario de Seguridad Pública. 

Queda abierta la pregunta sobre el curso que tendrán las varias peticiones del Fiscal para que la justicia estadounidense extradite a México a Ismael Zambada, alias “el Mayo”. Para rescatar a ese ciudadano habría que cumplir formalidades inevitables, pero sobre todo justificar qué harían con él las autoridades mexicanas. Conforme el precedente de los 29, habría que traerlo en avión a México, para de inmediato subirlo a otro… con destino a Estados Unidos. 

A nadie escapa que la entrega de los 29 delincuentes a Estados Unidos fue una especie de tributo humano que el gobierno de México decidió entregar a Donald Trump para intentar aplacar su ira. Ya vimos que fue como echar carne cruda a la jaula de un león hambriento. Siempre quiere más. Así lo comprobó la presidenta Sheinbaum desde el pasado lunes 3 por la noche, cuando la Casa Blanca confirmó la imposición de un arancel general del 25% a todas las exportaciones de México a Estados Unidos. Suspendido el jueves 6, hasta el 2 de abril.

No satisfecho con el golpe arancelario, Donald Trump volvió a acusar al gobierno de México de estar aliado y dar protección a los carteles de la droga que fabrican y envían fentanilo a Estados Unidos. El martes 4 la mandataria mexicana rechazó las acusaciones, y convocó a un mitin el próximo domingo en el Zócalo de la CDMX, en el que –dijo- informará de las medidas arancelarias y no arancelarias en respuesta a las dictadas contra México. Pero el artero golpe de Trump a Sheinbaum está dado. Nadie lo podrá quitar.

En inglés hay un refrán que, traducido al español, dice: “espera lo mejor y prepárate para lo peor”. El gobierno de México ha esperado de la Casa Blanca lo primero, sin prepararse para lo segundo. Por esa impericia se les hace bolas el engrudo.

Posdata: Como Trump pospuso los aranceles hasta el 2 de abril, la presidenta Sheinbaum se ha quedado sin tema para arengar a sus huestes. Bien haría en posponer el mitin del próximo domingo en el Zócalo. Malo sería que el discurso de la presidenta sea para agradecer al energúmeno su generosidad. 

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