En un inicio la ley dispuso que los consejeros electorales del Consejo General del INE (antes IFE) y los magistrados electorales de la Sala Superior del Tribunal Electoral fueran renovados en su totalidad una vez concluido su periodo de mandato. Sin embargo, en la reforma de 2007 los senadores consideraron conveniente que la renovación de ambos órganos fuese escalonada, de tal manera que hubiese una virtuosa combinación de cambio y continuidad. Así lo aprobó el Poder Revisor de la Constitución. El mismo procedimiento se implantó para otros entes públicos autónomos.

El escalonamiento para renovar órganos colegiados se implantó inicialmente en la Suprema Corte, con la reforma de 1994, y venía funcionando de manera regular, sin mayores contratiempos, hasta que la combinación de un ministro oportunista y un presidente irresponsable dieron al traste con el núcleo duro del procedimiento de renovación, provocando que, por vez primera, una vacante en el más alto Tribunal de México sea cubierta sin el aval de la Cámara de Senadores.

En el INE al escalonamiento siguió una abierta división de los consejeros electorales, lo que mantiene paralizado el procedimiento para designar a los funcionarios ejecutivos de más alto rango. La renovación de la presidencia y 3 consejerías, realizada por tómbola en abril del año pasado, derivó en la formación de dos bloques, uno de 6 y el otro de 5 consejeros, que se vienen confrontando no solo por los nombramientos de funcionarios, sino también en algunas decisiones sobre la organización del proceso electoral 2024

En el TEPJF el escalonamiento empezó mal y termina peor. Pasando por encima de la Constitución, en 2016 habiendo ya rendido protesta los 7 magistrados, en el Senado se acordó modificar sus plazos de mandato, es decir para su renovación escalonada, lo que además fue validado por la Corte, con solo un voto de diferencia en el resultado. Dos de los magistrados beneficiados de la inconstitucional medida concluyeron mandato en octubre pasado, sin que hasta hoy Morena y sus aliados en el Senado hayan dado curso a la designación de quienes deben cubrir las dos vacantes. Igual han hecho, desde abril de 2022, impidiendo la renovación escalonada de las salas regionales del TEPJF y de los 32 tribunales locales.

En el INE a la confrontación de bloques se ha sumado la actuación de la consejera presidenta, cuyas propuestas para ocupar la Secretaría Ejecutiva han carecido del respaldo legalmente requerido, no solo por la negativa de varios consejeros a dar su voto aprobatorio -se requieren 8 de 11 votos- sino porque la misma consejera presidenta negó su voto a quien ella misma propuso para ese cargo. El hecho es que, a menos de 5 meses para la jornada comicial del domingo 2 de junio, tanto la Secretaria Ejecutiva como varias direcciones ejecutivas y unidades técnicas equivalentes carecen de titular designado conforme el procedimiento de ley, siendo atendidas por encargados de despacho, nombrados unilateralmente por la consejera presidenta. Es una situación inédita, anómala y riesgosa.

En un peldaño mas del conflicto al interior del INE, la Sala Superior del TEPJF deberá resolver varios juicios sobre el tema de las vacantes ejecutivas, por los que se pretende otorgar a la consejera presidenta facultades extraordinarias para designar por sí y ante sí a quienes cubran esas vacantes. Sería una medida violatoria de la Constitución que solo vendría a agravar la confrontación y abriría un elemento adicional de riesgo para el proceso electoral en curso.

En el TEPJF se consumó la destitución del magistrado presidente. Con el voto de 3 de 5 magistrados fue electa como presidenta la magistrada Mónica Soto, quien inició su encargo el primer día del nuevo año. A finales de diciembre pasado, sin respeto para las mas elementales reglas de trato, los 3 magistrados que hacen mayoría en la Sala Superior se reunieron con la candidata presidencial Xóchitl Gálvez, dejando fuera de la reunión a los otros dos magistrados, uno de ellos quien era aún presidente del Tribunal. El riesgo es que la división al interior de la Sala Superior tenga efectos sobre la impartición de justicia, afectando aún más la calidad y confiabilidad de las sentencias.

A mediados del año 2023, al explicar ante diversos interlocutores la formación del Observatorio Ciudadano, señalé que las dos instituciones electorales más importantes de nuestro país, el INE y el TEPJF, habían dejado de ser fuente de certeza y confianza. La situación es hoy aún mas grave. La confrontación y el desacuerdo marcan el desempeño de quienes son responsables de la marcha de ambas instituciones. Creo que el método de renovación escalonada no dio los frutos que se esperaban, sobre todo por la irrupción, en 2018, de un presidente empeñado en destruir las instituciones autónomas, y otras que de él dependen, y de una mayoría legislativa desleal a la democracia.

Consejeros y magistrados electorales no son los únicos responsables del estado de cosas al interior del INE y del TEPJF, pero a ellos corresponde el mayor esfuerzo para dar cauce a sus diferencias y reestablecer -entre ellos- un clima de cooperación y respeto que otorgue a la ciudadanía certidumbre y confianza en nuestras instituciones y procedimientos electorales. 

Aún hay tiempo.      

Sígueme en: www.vozyvoto.com.mx