Gloria Alcocer: Gracias. Buenos días a todos, a todas, a todes, a esta reunión. A nombre de la revista Voz y Voto les doy la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan por parte de la misión de IDEA Internacional. También damos la bienvenida a los expertos mexicanos. 

Jorge Alcocer Villanueva: Gracias Gloria. Buenos días a los integrantes de Misión de IDEA Internacional. El formato de la presente sesión será el siguiente: expertos mexicanos expondrán sus puntos de vista sobre el proceso electoral judicial. Tras la intervención de los expertos mexicanos, escucharemos las preguntas de los integrantes de la misión de IDEA Internacional. Una vez que ustedes intervengan, cerraríamos la reunión con comentarios finales. De nueva cuenta, muchas gracias por haber aceptado nuestra propuesta de reunirnos.

Doy ahora la palabra a los expertos mexicanos.

Rodrigo Morales Manzanares: Supongo que la intervención del ministro Cossío será en torno a que es una mala idea elegir jueces. Es decir, el punto de partida es que esa idea no es la mejor idea. Pero además de eso, se plasma en una ley hecha a la carrera, alejada de los estándares de integridad electoral que conocemos. De modo que elegimos dos poderes públicos con unos estándares muy precisos, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, mientras que al Poder Judicial lo vamos a elegir con unas reglas bastante precarias, que no nos ofrecen certeza ni garantías.

Algunos ejemplos. La cartografía judicial es una cartografía diseñada en términos administrativos, es decir, las jurisdicciones o los circuitos, de manera general, pero no necesariamente, coinciden con las delimitaciones de los estados de la Federación. Luego, al interior de cada circuito, también hay subdivisiones que tienen que ver con una cuestión, insisto, administrativa. La lógica de la cartografía electoral es completamente distinta, porque ahí de lo que se trata es de que el número de ciudadanos que votan en un determinado distrito sea similar en todo el país, es decir, se busca que los votos valgan lo mismo. Y aquí no es el caso.

Para empezar, hablando de la justicia federal, en un delito del fuero federal, se cometa donde se cometa, la competencia es federal. Resulta que, por cuestiones administrativas, muchos de los tribunales especializados están radicados en la Ciudad de México, lo cual hace que los electores que aquí radicamos vamos a tener oportunidad de elegir a mas jueces, por ejemplo, los de tribunales especializados, cuya jurisdicción, reitero, es nacional. Lo que va a pasar es que, en la alcaldía de Iztapalapa, que es una zona más bien popular, se van a decidir los tribunales especializados de competencia económica, telecomunicaciones, y otros similares.

Es absurdo. En lo que esto se traduce es que se rompe un primer principio importante: los votos ya no valen lo mismo. Habrá ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Un segundo problema es la decisión de sacar a los partidos de la organización y vigilancia del proceso electoral. Eso distorsiona todo el diseño, complejo ciertamente, que teníamos de autoridades electorales. En el Consejo General del ine participan los partidos políticos, y eso se replica a nivel local, distrital, incluso en las mesas directivas de casillas. Todo ese principio de vigilancia o de rendición cotidiana de cuentas, o de corresponsabilidad con los actores políticos, fue roto.

Hoy los candidatos a ocupar cualquier cargo judicial no disponen de ningún mecanismo para defenderse o para conocer, siquiera de primera mano, los actos de la autoridad. Perdimos, en esta improvisada ley, tal principio de vigilancia que ejercían los partidos, principio de rendición de cuentas de la autoridad frente a la ciudadanía. Otro principio que se pierde es el del voto informado, no hay manera de enterarnos cuáles son las propuestas de los cientos de candidatos.

Resulta absurdo que se prohíba el financiamiento público y el privado, de modo que quien tenga más recursos propios será quien tenga posibilidades de darse a conocer. Financiamiento con muchísimas restricciones. Lo que tendremos es un voto a ciegas, es decir, sólo los abogados muy avezados, que conocen, eventualmente, personalmente a alguno de los candidatos, podrán distinguir si el candidato 1 o el candidato 3 es mejor, y por qué. Tampoco ha habido interés en hacerle saber al ciudadano de a pie qué hace un juez de lo mercantil, por ejemplo.

Entonces, reitero, vamos a una jornada de voto a ciegas y nos vamos a acostar el domingo 1 de junio sin saber quién ganó. Se trata de un proceso muy complejo. Creo que los pilares sobre los que descansaba la construcción de la confianza en todo nuestro sistema electoral han desaparecido en esta improvisada y desafortunada elección del Poder Judicial.

Jorge Alcocer Villanueva: Tiene la palabra el ministro en retiro de la Suprema Corte José Ramón Cossío.

José Ramón Cossío: Además de lo que acaba de señalar Rodrigo, quisiera señalar a ustedes la cantidad de violaciones que se cometieron en la preparación de la elección. En primer lugar, la reforma constitucional establecía que la elección sería por circuitos judiciales, es decir, por las demarcaciones que tiene la jurisdicción federal en México. Hay ocho casos que no corresponden a un estado, por ejemplo el caso de La Laguna, donde concurren varias entidades. Al complicarse enormemente la elección por circuitos judiciales, los fragmentaron, para establecer algo que llaman “distritos” o inclusive “secciones”, de forma tal que hay una clara violación a las propias disposiciones constitucionales, porque no hay una correspondencia. Eso es a lo que se refirió Rodrigo.

Es decir, que yo no estoy votando por los jueces de mi lugar de domicilio, sino que estoy votando de forma nacional. Algo muy peligroso, es que han estado concentrando votos en alcaldías de la Ciudad de México, donde Morena y sus aliados tienen una clara mayoría electoral, y allí se votarán algunos de los juzgados más relevantes, como son los de competencia económica, o los juzgados que tienen que ver con medidas extraordinarias en temas de delincuencia organizada. Ahí hay un primer problema muy serio.

En segundo lugar, se dijo que los candidatos no podrían recibir dinero público ni privado, cosa que estaba muy bien. Se dijo que tendrían espacios de radio y televisión, pero nunca calcularon que, siendo tan numerosas las candidaturas, no habría tiempo para que todas estas personas pudieran ocupar tales espacios de radio y televisión. Lo que se ha producido es que no sabemos quiénes son los candidatos, no los podemos identificar, no los podemos diferenciar y entonces iremos a una elección a ciegas. Adicionalmente, hay que decirlo, enfrentamos el peligro relativo al financiamiento electoral brindado por despachos privados o por algunos colegios de abogados sin ninguna representatividad, y en ciertos casos, por grupos delincuenciales que ya se ha empezado a identificar, los cuales pretenden quedarse con jurisdicciones enteras.

Nada menos que el senador Gerardo Fernández Noroña, una de las personas más oficialistas, si se puede decir así, de todo el régimen, identificó veintiséis personas con algún tipo de relación con la delincuencia organizada, coladas en las listas, entre ellas nada menos que la abogada de Joaquín “el Chapo” Guzmán. Creemos, por tanto, que hay una enorme infiltración de la delincuencia organizada en estas elecciones, que están pagando para lograr votos a favor de estas personas, afectando el ya de por sí precario sistema judicial mexicano. Además, ha habido algunos personeros del oficialismo, como el exministro Arturo Zaldívar, que han tenido una participación abierta en estas cuestiones, toda vez que presidió la Comisión de Selección de Candidaturas del Poder Ejecutivo y logró integrar a una serie de personas para ejercer control político. 

Creo entonces que la elección es, simple y sencillamente, desde mi posición personal, una manera de legitimar el apoderamiento del Poder Judicial y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que, a través de tres de sus miembros, ha generado desorden en todo el sistema electoral mexicano. Además de las que mencionó Rodrigo, estas son algunas de las razones más peligrosas por las que puede criticarse la actual elección. Yo creo que lo que está haciendo este gobierno, y me voy a atrever a decir algo muy fuerte, es regalar a la delincuencia organizada un control enorme de la judicatura federal para que nuestro país siga teniendo la condición que tiene en los rankings mundiales sobre la violencia que todos vivimos. 

Jorge Alcocer Villanueva: Le doy la palabra a la doctora Elba Arjona, que abordará algunos aspectos relacionados con el proceso electoral y con el escrutinio y cómputo de los votos que, por vez primera en México, no serán realizados en la casilla electoral. Eso cambia radicalmente las condiciones de certidumbre y de confianza sobre ese proceso crucial que es el conteo de los votos. 

Elba Arjona: Además de lo que ya fue mencionado tanto por el ministro Cossío como por Rodrigo, existe el problema del cómputo y del escrutinio. Van a llegar a las urnas electores que van a tener que definir, dentro de una lista interminable de personas, quiénes son sus candidatos preferidos. Pero uno de los problemas más graves que hemos identificado es que el INE, a través de un acuerdo, decidió quitar a los ciudadanos integrantes de las mesas de casilla de su principal función, que es realizar el cómputo de los votos. Con el pretexto del gran número de boletas y del número de cargos que se van a elegir, esta tarea se transfiere a los 300 consejos distritales del INE. 

Esto va a generar desconfianza, además de problemas operativos. Genera incertidumbre. Un punto adicional e importante en este tema es que cuando se publicó el instructivo para el funcionamiento de las casillas, se dejó a un lado el tema de qué va a pasar con las boletas que no sean utilizadas. Lo usual es que esas boletas son inutilizadas por los funcionarios de casilla, al concluir la votación. Ahora no existe esta regla. 

No hay precedente de un cómputo completo, casilla por casilla, por los consejos distritales del INE. Esto va a trastocar la eficiencia y la eficacia para conocer los resultados en tiempo, pero también la confianza sobre cómo se van a realizar estos cómputos. Hay muchos problemas y muchas dudas. Esto nos lleva a un problema: no existen componentes objetivos para asegurar que no se afectará la voluntad del elector, y no hay tramos de control seguros para saber si se presenta algún problema. No existe acompañamiento de los candidatos respecto del traslado de las urnas a los consejos distritales. 

¿Cómo se van a distinguir los votos nulos? Imaginemos que estamos ante una boleta para elegir ministros de la Corte y resulta que un elector decidió votar sólo por dos hombres, no por cuatro, y al mismo tiempo vota por seis mujeres, no por cinco ¿Se va a anular toda la boleta? ¿Qué pasa si se vota por dos hombres y por dos mujeres? No existen criterios objetivos para saber cómo se van a computar estos votos. ¿Qué pasa si se anula la boleta? ¿Se anula únicamente el género afectado, o toda la boleta es nula? 

También hay que tomar en cuenta que tenemos elecciones tanto federales como locales. ¿Qué pasa si al hacer el cómputo de las boletas resulta que hubo un mayor número de electores en materia federal que en materia local? Siendo que, supuestamente, son los mismos electores.

¿Cómo vamos a saber que no se rellenaron las urnas? Dado que no se tachan o anulan las boletas sobrantes, y la regla es meterlas en un sobre y remitirlas a los consejos intactas, ¿cómo vamos a saber que no se utilizaron de manera ilegal, o peor aún, que no se sustituyó una boleta anulada por una nueva, con otros números? ¿Quién va a estar ahí para vigilarlo? Ese es el rol importantísimo que tienen los observadores. Dejo anotado que no habrá PREP, por lo que no sabremos ningún avance de resultados hasta que concluyan los cómputos en los 300 consejos distritales del INE. 

Jorge Alcocer Villanueva: Voy a poner sobre la mesa un tema, para que Gloria Alcocer lo aborde. En el año 1994 hubo un cambio democrático muy importante vinculado con la transparencia de los procesos electorales y con su escrutinio y vigilancia por observadores nacionales e internacionales a los que, de manera eufemística, nuestra ley denomina “visitantes internacionales”. Tenemos con nosotros a un protagonista, testigo y actor privilegiado, de esa experiencia, que es el señor Dong Nguyen. En el año 1994, México solicitó a la ONU la asistencia de una misión técnica encabezada por funcionarios del PNUD, la cual vino a México para trabajar en la capacitación de observadores electorales. Eso es muy importante. Las misiones internacionales que vinieron a México desde el año 1994 hasta el año 2021, fueron misiones que se vincularon con observadores nacionales.

A la par de lo anterior se crearon en México organizaciones ciudadanas para agrupar interesados en la observación independiente, no partidista, de los procesos electorales. En 2025 tenemos un número inédito y anómalo de observadores. Los datos así lo revelan. En el año 1994 tuvimos alrededor de 80 000 observadores nacionales, que trabajaron en conjunto con la Misión de la ONU. Hasta hoy el INE reporta más de 300 000 solicitudes de registro de observadores, que nadie sabe de dónde salieron o quiénes están agrupando a estos observadores, ¿Quién mandó las solicitudes al INE? Aclaro que existen unos pocos grupos de observadores auténticos, que han manifestado su preocupación por esta situación.

En este tema, como en muchos otros, el INE ha sido absolutamente opaco. Sólo reportan que tienen más de 300 000 solicitudes, que rechazamos más de 30 000, que han aprobado 82 000. ¿Quién está organizando y solicitando esa cantidad de registros? ¿Cuál es la conexión entre la misión de la OEA, la misión de IDEA, la misión de UNIORE con los observadores nacionales? Para ese tema, por su experiencia durante varios procesos electorales dirigiendo a grupos de ciudadanos observadores agrupados en la organización Fuerza Ciudadana, le pido a Gloria Alcocer, que nos brinde su opinión. 

Gloria Alcocer: En 1994 participaron 81,620 personas observadoras electorales. Tengo veinte años haciendo observación electoral en México. Creo que ustedes van a coincidir conmigo, colegas nacionales e internacionales. Al corte de hoy tenemos 312,894 solicitudes individuales de observación electoral, aparte están las de organizaciones, en mucho menor número. Me voy a concentrar en las solicitudes individuales, porque llaman la atención. Esto empezó a ser una conducta tan atípica que el propio INE, a través de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, tuvo que rendir un informe de lo que estaba sucediendo. Los datos que a continuación menciono provienen de ese informe del INE, el cual contiene información poco precisa.

Según ese reporte, Hay 51,000 rechazos y de ellos, una cifra que llama mucho la atención, hay 48,000 rechazos por ser los solicitantes militantes de partido, o servidores públicos vinculados a algún programa social. Y, por último, pero no menos importante, hay personas que estaban registradas como precandidatas o candidatas a esta elección. Estos números indican que hay algo extraño. Pero esto no es nuevo. En 2023, en la elección local, el Instituto Electoral del Estado de México se pronunció con extrañeza, e incluso denunció públicamente, que tenían detectados alrededor de 5,000 registros de personas que pretendían ser observadoras y estaban afiliadas a un partido político, particularmente del Partido Morena. Yo les puedo dar fe de eso porque ese día estuve en campo y varias de las personas observadoras de Fuerza Ciudadana se encontraron con personas observadoras que les preguntaban ¿y a dónde van a ir a cobrar? Oigan, ¿qué zona les asignaron a los observadores de Fuerza Ciudadana? Eso nosotros lo pudimos constatar en campo, en el 2023. Me imagino que va a ocurrir algo parecido.

Existe un comportamiento atípico. Un hecho que me parece muy interesante: el pasado 11 de abril entraron al INE 7,000 solicitudes individuales. 7,000 personas se pusieron de acuerdo, y en cuanto les entró el ánimo demócrata decidieron ser observadoras electorales y dijeron: “vámonos a inscribir, a registrar”. A todas luces eso es, cuando menos, sospechoso. Entre el 4 y el 11 de abril se registraron 7,296 solicitudes. Para comparar dimensiones: en 2024, para las elecciones federales, se registraron 34,881 solicitudes. En la elección de 2021 fueron 31,223. Hay en 2025 un comportamiento a todas luces atípico. Hasta el día de hoy se han revisado 178,117 solicitudes, de las cuales 87,961 personas ya se encuentran acreditadas en lo individual. Más de una por casilla.

¿Quiénes son esas personas? ¿Quién tiene la capacidad técnica y logística para solicitar la acreditación de más de 7,000 personas en menos de ocho días? El INE no señala a ninguna fuerza política. Otro dato interesante: en 2023 COPPPAL dirigió una misión en el estado de México y en Coahuila. La presidencia de COPPPAL es del PRI. Aunque la jefa de la misión, Dolores Gandulfo, es una persona absolutamente respetable, llama la atención que la COPPPAL esté dirigida por un político mexicano, el presidente del PRI, Alejandro Moreno. Yo creo que el primero de junio “el campo” tendrá mucho que decirnos. Y una cosa no menor es que no hay representantes de casilla de los partidos políticos. 

Una de las cosas que puedo constatar en diferentes distritos, a través de diferentes fuentes con las que he trabajado, es que hay candidaturas a jueces o ministras que registraron a personas cercanas como observadoras electorales, a fin de que cuiden su voto, pero evidentemente son las menos de este universo. Entonces resulta importantísimo poner atención en lo que está sucediendo. Hay que observar a los observadores. 

Jorge Alcocer Villanueva: Gracias Gloria. Voy a mencionar dos hechos más en el terreno de la observación. Vienen delegaciones de muchas partes del mundo. Muchas embajadas en México acreditan a su propio personal como observadores. Eso es normal. Lo que ya no es tan usual es tener delegaciones numerosas provenientes de Venezuela, de Cuba, de Bolivia, promovidas desde el Partido Morena. Eso ya ocurrió antes. Tenemos casos extremos, como la delegación de “observadores” de Haití. Igual que en 2024 el hecho está denunciado ante la autoridad mexicana. En Haití, alguien ofrece traer ciudadanos haitianos a México como supuestos observadores, para que se queden en el país o intenten cruzar a Estados Unidos. Eso es tráfico ilegal de personas. El INE simplemente dice que no es su problema, que le mandaron las solicitudes y acreditaron a los “visitantes internacionales”. Hay opacidad y pasividad ante una montaña de simulación, la cual se va agravando conforme avanza este proceso judicial. 

De mi parte, quiero agregar tres asuntos puntuales: primero, reforzando lo que decía el ministro José Ramón Cossío y también Rodrigo Morales, estamos ante un proceso de destrucción del Poder Judicial mexicano. Hay que decirlo con todas sus palabras: esto no es un proceso democrático. Se trata de destruir el actual Poder Judicial, destituyendo a sus integrantes, violando el principio constitucional y convencional de la inamovilidad de los jueces, de las personas impartidoras de justicia. 

El objetivo de la elección judicial no es democratizar. Es tomar el control del Poder Judicial para el gobierno y su partido, dejando abierta, además, la posibilidad de que ese control sea ejercido por poderes fácticos, ya sea de naturaleza económica, de naturaleza política, o delincuencial. 

No estamos ante una “democratización”, eso es demagogia. Estamos ante la destrucción del Poder Judicial para colocar desde el gobierno, en esta primera experiencia, a la mitad de los jueces y magistrados y a la totalidad de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se han violado todos los principios de integridad electoral para implantar un sistema contrario a la justicia y a sus principios. Es evidente que México no está avanzando como “el país más democrático del mundo”. Eso es demagogia. Está avanzando como el país en donde el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo conspiraron, a partir de su mayoría inconstitucional, para destruir el Poder Judicial, lo cual no tiene nada de democrático. 

Lo que vamos a ver el domingo primero de junio en las urnas es una simulación, misma que se va a producir en dos momentos. Sabemos por fuentes confiables que se han establecido cuotas de votantes por entidad federativa. El objetivo del gobierno son veinte millones de participantes. 

Hay que tener presente la experiencia que México vivió en el año 2022, con la llamada consulta de revocación de mandato. En esa consulta acudieron a votar dieciséis millones de personas. De ellas, quince millones votaron a favor del expresidente López Obrador. Él fue quien promovió su propia revocación. Si alguien revisa la geografía de aquella elección entenderá cómo se fijó para 2025 la meta de veinte millones de votantes. Serán, en su mayoría, personas que están en el padrón de beneficiarios de programas sociales que, según datos oficiales del gobierno de la República, tiene entre veintiocho y treinta millones de beneficiarios. Primera simulación: la movilización coaccionada de beneficiarios de programas sociales para llevarlos a las urnas. 

Segunda simulación: una elección muy compleja. Quien haya diseñado el sistema electoral judicial se le ocurrió usar el segundo peor sistema electoral del mundo, el de listas cerradas y desbloqueadas. Imaginemos a un elector, con seis boletas nacionales y siete boletas locales del estado de Chihuahua. Cada elector tiene en las seis boletas federales 3400 nombres, ese es el total de número de candidatos federales, sin incluir los locales. 

Por ejemplo: tiene que seleccionar, en la boleta para ministros de la Corte, cinco mujeres y cuatro hombres. Abro un paréntesis: no existe ningún sistema electoral democrático en el cual el elector se vea obligado a votar por mujeres o por hombres. La obligación de la paridad es postular candidaturas en igualdad de número por género, pero el elector no puede ser obligado a votar por género. Ahora en México están obligando a los electores a votar por un número fijo de mujeres y otro de hombres. Pero, si yo no tengo cinco mujeres que me convenzan como candidatas, ¿por qué debo votar por cinco mujeres? Eso no tiene nada que ver con paridad ni con avance democrático. Eso es una barbaridad, que viola la libertad del voto. Cierro el paréntesis. 

La elección es una simulación. Ya se empezaron a denunciar algunas conductas del gobierno y su partido. Están entregando a los votantes beneficiarios de programas sociales y afiliados al Partido Morena –electores movilizados, a los que van a llevar a votar el domingo 1 de junio–, plantillas con los números que tienen que anotar en las boletas. No hay libertad del voto, no hay ejercicio de la soberanía popular, hay simulación y control. Eso es lo que estamos viendo. 

La pinza se cierra con los miles de supuestos observadores. ¿Qué función tienen? Tienen la función de reportar a los gobiernos del Partido Morena el avance de la movilización de electores a las urnas. Son los que llevan las cuentas y luego, como ya lo narró Gloria, andan preguntando dónde les van a pagar. 

Eso es lo que estamos viviendo, colegas de IDEA. No estamos viviendo un proceso democrático, estamos viviendo la destrucción del Poder Judicial y una simulación de elección que ya veremos a qué nos conduce y ya veremos sus consecuencias. Les ofrecemos enviarles las plantillas de coacción del voto que ya están siendo entregadas. 

Termino mencionando dos anomalías, validadas por el TEPJF. En el estado de Durango la elección judicial es de planilla única. En esa entidad, los tres poderes se pusieron de acuerdo y postularon una planilla única. No hay competencia. Si solamente un elector acudiera a votar, definiría con su solo voto el Poder Judicial de un estado de la República. Esa aberración la validó la Sala Superior del TEPJF. En Quintana Roo, en lugar de votar por personas se votará por planillas. Hay planilla de la gobernadora, del Congreso Local y del Poder Judicial. El elector va a tachar una de las planillas y dará así su voto por todos los que la integran. ¿Quién se va a apoderar del Poder Judicial de Quintana Roo? Pues la gobernadora de Quintana Roo, que es del Partido Morena. Eso también lo validó la Sala Superior del TEPJF. 

Estamos ante un proceso de desintegración electoral. No es sólo lo que va a pasar en esta elección, es lo que viene. Es un anticipo de la demolición y destrucción de la democracia electoral mexicana.