El próximo 25 de junio Guatemala tiene previsto realizar elecciones generales para el Poder Ejecutivo, Legislativo, elecciones municipales y del Parlamento Centroamericano (PARLACEN). El presidente y vicepresidente se eligen por mayoría absoluta y en el caso de que ninguna de las candidaturas alcance esta mayoría, se realizará una segunda vuelta el 20 de agosto de este año. Un dato a tener en cuenta es que constitucionalmente no se encuentra habilitada la reelección.

Con un electorado de casi diez millones de votantes, las y los guatemaltecos irán a las urnas para elegir al sucesor de Alejandro Giammattei entre las veintitrés candidaturas presidenciales definidas por veintinueve partidos políticos, en un sistema político caracterizado por la fragmentación. Además el pueblo de Guatemala votará las 160 bancas del Congreso Nacional, las veinte bancas de la representación guatemalteca en el Parlamento Centroamericano, y las autoridades de los 340 municipios de los veintidós departamentos del país.

Con las reformas de 2016 hubo importantes cambios en la Ley Electoral y de Partidos Políticos: los más relevantes de los cuales se refieren al voto en el extranjero para elegir presidente y vicepresidente, y al reconocimiento del voto nulo que lleva a repetir las elecciones si esos votos superan la mitad más uno.¹ Dado el alto índice de transfuguismo, se prohíbe a organizaciones políticas y bloques legislativos incorporar diputados electos por otro partido; en cuanto al financiamiento electoral, se norma que la Contraloría General de Cuentas y el tse fiscalicen al secretario general y a los secretarios departamentales y municipales de los partidos.

El Estudio sobre Democracia y Derechos Humanos en Guatemala de la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales de ese país (AVANCSO) da cuenta de que entre 1986 y 2017 se observa que actores del conflicto armado interno y de otras administraciones de gobierno, así como empresarios vinculados a actos de corrupción, acceden a puestos en la administración pública, a diputaciones y a corporaciones municipales. El financiamiento de los partidos políticos, según casos presentados por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ha sido cooptado por el crimen organizado, por los poderes fácticos y por grupos económicos que encuentran en el Estado los mecanismos para enriquecerse y cooptar a otros sectores sociales.

Cabe recordar que el rechazo ciudadano frente a este entramado generó las movilizaciones multitudinarias que acabaron con el gobierno de Otto Pérez Molina (2015) y erosionaron severamente al de Giammattei. En los últimos años se ha recrudecido la pobreza, el racismo, la violencia, la inseguridad, la homofobia, la migración y el desplazamiento interno de población.

En un contexto caracterizado por la ingobernabilidad, la polarización social y política y la violencia común e institucional, a las elecciones del 25 de junio se le suman la gran fragmentación electoral, dada la abultada oferta electoral, y la inhabilitación de candidaturas que ha instalado el debate en Guatemala sobre la legitimidad del proceso.

Exclusión de candidatos opositores

El pasado jueves 13 de abril la Corte Suprema de Justicia (CSJ) guatemalteca denegó en forma definitiva el amparo presentado por el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) para revertir el rechazo a la inscripción de la líder indígena Thelma Cabrera y el exprocurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, de cara a estas elecciones presidenciales.

La decisión de los magistrados fue emitida luego de que el MLP denunció el retraso de las resoluciones y según esta fuerza política eso “daña la credibilidad del proceso y las instituciones”. Además, el MLP destacó que “la no inscripción de Thelma Cabrera y Jordán Rodas por el Registro de Ciudadanos (RC) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), no sólo fue arbitraria sino también ilegal, la cual supone estuvo dirigida desde los sectores de poder que no quieren democratizar el país”.

Rodas apeló y dijo que la decisión “estará en manos de la CC (Corte de Constitucionalidad) y que era la última posibilidad de que se respete y garantice el ejercicio de los derechos del pueblo a elegir libremente, y el nuestro a ser electos”.

La reclamación se produce luego de que el RC del TSE señaló la inhabilitación de Rodas como candidato a la Presidencia debido a la aparición de dos reparos en la Contraloría General de Cuentas. Jordán ha reiterado que la derecha local lo intenta criminalizar porque le teme a una opción diferente en el país.

En paralelo, el partido de izquierda denunció irregularidades durante el actual proceso electoral, como por ejemplo que el TSE validó la inscripción de la representante del Partido Conservador Valor, Zury Ríos Sosa, quien ya había sido inhabilitada en 2019 para participar en aquellos comicios debido a que es hija de un golpista, el dictador Efraín Ríos Montt, presidente de facto de ese país entre 1982 y 1983. La Constitución de Guatemala establece que los familiares de jefes de un golpe de Estado no pueden optar a la Presidencia.

Sin embargo, el pasado martes 2 de mayo la Corte de Constitucionalidad de Guatemala negó el recurso de apelación con el que el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) pretendía revertir el rechazo que recibió la candidatura de Cabrera y Rodas. Cabe recordar que la líder indígena maya, Thelma Cabrera, era la única mujer indígena que intentaba participar en esta contienda electoral por la Presidencia. Es además una destacada defensora de los derechos humanos y ya aspiró a la Presidencia en las elecciones anteriores cuando sorprendió tras haber logrado el cuarto puesto en la primera vuelta, en esa oportunidad con más de 450 000 votos, aunque no fueron suficientes para pasar a la segunda vuelta. La misma fue disputada por Alejandro Giammattei y Sandra Torres, quien perdió la elección.

Por su parte, Rodas ha logrado reconocimiento internacional por su lucha contra la impunidad durante el gobierno del expresidente Jimmy Morales y la actual administración de Giammattei. La decisión, que generó revuelo en Guatemala y fuera de ella, deja muchos interrogantes en torno a restricciones de derechos políticos que deben respetar estándares internacionales y están protegidos por el derecho internacional. Todos los candidatos deben tener la posibilidad de inscribirse y participar de las elecciones en igualdad de condiciones.

En este contexto, la impunidad toma protagonismo y el actual presidente Giammattei lleva a cabo una cacería contra las voces críticas con su gobierno, como ha ocurrido con el encarcelamiento del periodista José Rubén Zamora.

Un partido con historia

El Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) fue fundado por indígenas y campesinos dirigentes del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), una organización que defiende los derechos a la tierra y el acceso a la energía eléctrica y rechaza la privatización de los servicios básicos.

Guatemala es uno de los países culturalmente más diversos de la región. Más del 44 % de su población se declara indígena, según la información del último censo nacional de 2018, aunque antropológicamente más del 90 % de la población es genéticamente indígena. Al igual que en otros países de la región, los pueblos originarios y campesinos de Guatemala –en los doscientos años de República– jamás participaron con organización política propia, ni de candidaturas propias, ni en ninguna elección general.

Ante los abusos de las corporaciones extranjeras en sus territorios, y articulados en el movimiento CODECA, las comunidades rurales organizadas en resistencia, decidieron crear su propia organización política para participar en las elecciones y llegar a ser gobierno con el objetivo de realizar “cambios estructurales en el país racista”. Y en este sentido, en 2018, las comunidades lograron crear e inscribir en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) la organización política Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP).

Al año siguiente, en 2019, participaron en las elecciones generales y ocuparon el cuarto lugar con su candidata presidencial Thelma Cabrera. Sin recursos económicos y de manera asombrosa, el TSE únicamente les permitió una diputación en el Congreso de la República. Desde entonces, las comunidades y pueblos en resistencia continuaron organizándose con la esperanza de ser, por primera vez en la historia de Guatemala, “ciudadanos plenos” con derecho a elegir y ser elegidos. En las elecciones del próximo junio el MLP estará participando en las categorías de diputaciones al Congreso de la República y corporaciones municipales.

Barómetro electoral

Si hoy fueran las elecciones presidenciales la intención del voto de los guatemaltecos para elegir nuevo presidente se divide entre el empresario guatemalteco Carlos Pineda –que con un discurso antipolítica ocupa el primer lugar en las encuestas–, seguido por la ex primera dama Sandra Torres (2008-2011), según una encuesta divulgada por el diario Prensa Libre. Ambos candidatos podrían disputar una segunda vuelta.

Si bien Pineda se presenta por primera vez a una contienda electoral, tiene un 23.1 % de apoyo ciudadano; seguido de Torres, candidata en varias ocasiones, con 19.5 %; el diplomático Edmond Mulet, que se postula por segunda vez, con 10.1 %, y Zury Ríos, hija del fallecido dictador Efraín Ríos Montt (1982-1983), con 9.2 %.

A pocos días de que el pueblo de Guatemala acuda a las urnas para ejercer su derecho cívico de elegir al sucesor del presidente Alejandro Giammattei –a quien la oposición acusa fuertemente de reprimir a jueces, fiscales, periodistas y activistas, algunos de los cuales han tenido que abandonar el país–, la campaña electoral, que comenzó a fines del mes de marzo, cuenta con un elevado número de candidaturas y augura un triunfo en primera vuelta muy alejada al 50% necesario para evitar un balotaje el próximo 20 de agosto. El nuevo presidente o presidenta de Guatemala asumirá el cargo en enero del 2024 y gobernará por cuatro años, hasta 2028.

Todos los pueblos tienen derecho a celebrar elecciones libres, justas y pacíficas. La democracia se fortalece con la participación ciudadana eligiendo sobre una oferta electoral transparente y plural, sin barreras, sin proscripción ni intimidación, con la plena libertad de elegir y ser elegidos.