La emergencia derivada del Covid-19 está provocando impactos específicos sobre las mujeres y profundizando las desigualdades de género existentes, tanto en la esfera privada como en la pública, por lo que dedicaré este artículo a develar las principales situaciones que enfrentan las mujeres y que constituyen enormes riesgos de retrocesos en los derechos ya alcanzados. Las lecciones que han dejado pandemias recientes (Ébola, Zika, sars) han demostrado que la incorporación de las necesidades de las mujeres en el abordaje de la emergencia no es una cuestión menor. Al contrario, no considerar un enfoque de género profundizará las desigualdades con efectos que se prolongarán en el largo plazo y serán difíciles de revertir.

Las medidas de confinamiento buscan proteger la salud pública y evitar el colapso de los servicios de salud; sin embargo, su aplicación no es neutra desde el punto de vista de género. Los hogares se han convertido en el espacio donde todo ocurre: el cuidado, la educación de los niños, niñas y adolescentes, la socialización y el trabajo productivo, lo que ha exacerbado la crisis de los cuidados. Se ha incrementado la carga de trabajo relacionada con el cuidado y la atención a las personas cuya respuesta debería ser colectiva. Sin embargo, la realidad es que esta no se distribuye equitativamente, sino que recae principalmente en las mujeres y no está valorada ni social ni económicamente.

El rol de cuidado, asumido principalmente por las mujeres, ha aumentado y profundizado los desequilibrios existentes en la distribución del uso del tiempo que –pre Covid-19– ya era casi el triple para las mujeres en relación con los hombres. Esta situación se agrava si las mujeres deben conciliarlo con el trabajo remunerado que hacen bajo el concepto de teletrabajo. No es inusual escuchar las realidades y necesidades de niños/as en medio de reuniones virtuales o que se interrumpa la virtualidad laboral por alguna demanda doméstica.

Estas dinámicas diarias han visibilizado el trabajo de cuidado que realizan las mujeres para la sociedad; sin embargo, no se ha traducido en políticas públicas ni en motivo de una reflexión especial en los centros políticos de abordaje de la crisis. Esta invisibilización tampoco es casual, dado que hay pocas mujeres invitadas a los espacios de decisiones para empujar estas agendas y poder incidir en las realidades que las impactan diferenciadamente.

El cuidado debe ser parte del mainstreaming de los procesos de mitigación y recuperación de la crisis. Además, debe fortalecerse el rol del Estado para garantizar el cuidado como una estrategia progresiva hasta la universalización y como una estrategia de inserción laboral remunerada de las mujeres como principales cuidadoras. Es urgente el diseño de políticas sobre corresponsabilidad del cuidado que promueva la participación de forma igualitaria de hombres y mujeres en las tareas del hogar, medidas de flexibilidad laboral que incluyan a los hombres, iniciativas que busquen el empoderamiento económico de las mujeres y su participación en el mercado laboral, y contar con herramientas integrales y efectivas para frenar la violencia que se ha exacerbado durante la pandemia.

Fuera de los hogares, las mujeres también constituyen el mayor contingente que está asumiendo los cuidados en el sector de la sanidad, en el trabajo doméstico remunerado y en centros especializados de cuidado de menores, adultos/as mayores y personas con discapacidad, situación que conlleva impactos diferenciados sobre la salud de las mujeres y las expone a un mayor riesgo de contagio. Adicionalmente, las mujeres están encontrando grandes limitaciones para acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva, como los partos hospitalarios, lo cual podría incrementar la mortalidad materna.

Globalmente, las mujeres son más pobres que los hombres y ya están sintiendo los efectos en el ámbito económico y en el mercado de trabajo, también segmentado por género. Las mujeres representan una gran proporción de la economía informal en todos los países y los datos indican que los sectores de la economía más perjudicados por las medidas de aislamiento social afectan de modo importante a las mujeres. Con independencia del sector, la efectiva participación de las mujeres en el trabajo remunerado que se recupere post Covid-19 será necesario para su empoderamiento económico y para la reactivación económica de los países.

Por lo tanto, la pandemia dejará a cientos de mujeres en pobreza y pobreza extrema, producto de que ya aún antes del Covid-19 las mujeres estaban más afectadas por el desempleo y más ocupadas en sectores precarizados e informales. Asimismo, cabe recordar que las mujeres se ubican en los sectores más impactados por la crisis como los pequeños comercios, sector servicios, inmobiliario y turismo. El hambre y la imposibilidad de solventar las necesidades básicas exigen acciones humanitarias con medidas afirmativas para que estas ayudas lleguen a las mujeres. Las medidas aparentemente neutras como las que ligan los montos de las transferencias a la cantidad de personas desocupadas por hogar afecta diferenciadamente a las mujeres, porque muchas son jefas en hogares monoparentales. Deben exigirse acciones afirmativas sobre la base de indicadores tales como jefatura de hogar y el «no trabaja porque cuida».

Por otra parte, los indicadores dan cuenta de un aumento de la violencia de género, que se recrudece por el confinamiento y por el limitado acceso de las mujeres a los servicios públicos de atención, prevención y sanción de la violencia que no son considerados como esenciales, y aunque la mayoría de gobiernos están adecuando las medidas al contexto de la emergencia, se requieren medidas extraordinarias para una situación que es extraordinaria. El confinamiento conlleva un recrudecimiento de la violencia contra las mujeres debido a que las ha obligado a confinarse con sus agresores.

El mecanismo para perpetuar el sistema de género es la violencia que, de acuerdo a lo establecido en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará” –instrumento internacional suscrito y ratificado por 32 de los 34 Estados Miembros de la oea–, es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres. Por lo tanto, la violencia es causa y consecuencia de la desigualdad de género, por lo que se agudiza con la pandemia. Los Estados deben responder a esta otra pandemia en el centro del Covid-19, declarando servicios esenciales los servicios de atención a las víctimas de violencia y declarando la extensión automática de las órdenes de protección, habilitando medidas estraordinarias de denuncia asociadas a claves y medios tecnológicos.

Por otro lado, la virtualidad y digitalidad aparecen como los instrumentos privilegiados en tiempos de pandemia ya que, en esta transformación en el campo del teletrabajo y la educación, las mujeres parten con una brecha digital. Esta profunda transformación requiere de una activa participación ciudadana informada, sobre todo en los alcances de una educación virtual para la nueva realidad, que contemple la capacidad de adaptación de las personas menores de edad y la capacidad y uso del tiempo de las mujeres cuidadoras de cumplir con el rol del estudio, asi como lo relativo a la pérdida de empleos del sector de educación de predominio femenino que puede implicar.

El enfoque de género cobra más importancia en esta crisis, especialmente cuando en el contexto internacional algunos sectores han cuestionado consensos básicos en torno a los derechos de las mujeres acordados hace más de 25 años, como la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (cedaw, por sus siglas en inglés), la Cuarta Conferencia Internacional de la Mujer celebrada en Beijing y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) en la región. En este marco, es más necesario que nunca que los organismos internacionales y regionales como la Organización de los Estados Americanos (oea), así como sus Estados Miembros, fortalezcan el enfoque de género en sus análisis y decisiones, fortalezcan sus espacios de atención y defensa de los derechos de las mujeres como la Comisión Interamericana de Mujeres (cim) y los Mecanismos de Adelanto Nacionales, y aseguren la participación igualitaria de las mujeres en los gabinetes de respuesta a la crisis.

Igualmente, es urgente fortalecer el liderazgo de los países de la región con compromisos hacia la igualdad de género, con la incorporación de los estándares de tratados internacionales en materia de igualdad, con la participación política y económica de las mujeres, con medidas que promuevan la corresponsabilidad en el cuidado, con políticas que apunten a erradicar y prevenir la violencia contra las mujeres y con la incorporación de nuevos paradigmas para medir y combatir la pobreza.

La gobernanza es motivo de reflexión y cabe preguntarnos: ¿Dónde están las mujeres? ¿Por qué no están tomando decisiones en los comités centrales que son de predominio masculino? Sin la participación de las mujeres ni el enfoque de género las políticas serán parciales y no serán eficaces, con el agravante de que son las mujeres quienes llevan la agenda de las mujeres y es claro que no ha estado en el mainstreaming de la pandemia. Los años de socialización en el mundo de lo privado dotan a las mujeres de habilidades para gestionar las crisis, lo que ha sido puesto en evidencia en resoluciones sobre paz y seguridad y, ahora, con la notoriedad de que algunos de los países con mejores resultados en la gestión de la pandemia son liderados por mujeres. Las medidas afirmativas, como la cuota o la paridad, son reflexiones necesarias y la segmentación de los espacios donde se coloca a las mujeres, lo que compromete la calidad de la democracia que también debe cuidar todo tipo de decisiones autoritarias que no están en sintonía con la democracia.

En este sentido, se vuelve imperante la necesidad de disponer de datos de calidad para la toma de decisiones acertadas; las respuestas apropiadas y la mitigación del impacto requieren de datos de calidad. Es importante desglosar los datos por otros factores –como estado socioeconómico y origen étnico-racial– para poder entender los impactos Covid-19 en poblaciones específicas y garantizar el enfoque de interseccionalidad que permita proteger a las personas más vulnerables. La intersección del género con otras condiciones de vulnerabilidad agudiza el impacto negativo de la crisis; por ello, es prioritario prestar atención a los grupos de mayor vulnerabilidad como las mujeres migrantes, las trabajadoras domésticas, las mujeres privadas de libertad, las jefas de hogar, las mujeres del colectivo lgtbi y las mujeres más desfavorecidas de las zonas rurales.

El reto de los gobiernos y de los organismos internacionales es que se busque encaminar políticas de mitigación y de recuperación de esta crisis que apunten también hacia la igualdad, lo cual podrá abrir una oportunidad para que éstas sean apropiadas y efectivas, en la medida en que respondan a las necesidades del conjunto de la población, incluyendo a las mujeres. La región tiene la oportunidad de nuevos pactos, nuevas alianzas y nuevas miradas que compensen las certidumbres que se caen avanzando con el paradigma de la igualdad.

En esta dirección, la Comisión Interamericana de Mujeres (cim) de la oea, con el objetivo de apoyar a los Estados Miembros, presentó el documento «COVID-19 en la vida de las mujeres: Razones para reconocer los impactos diferenciados», con información y argumentos sobre los impactos, retos y acciones para desarrollar políticas que respondan a las necesidades diferenciadas de la población, enfocándose en los impactos de género y en las necesidades de las mujeres. Este trabajo estuvo basado en el conocimiento generado en emergencias sanitarias anteriores; en la evidencia y análisis disponibles sobre los impactos de género en la emergencia actual; así como también en la información recabada sobre la realidad de la región en las reuniones impulsadas por la cim con las Ministras de la Mujer y Altas Autoridades de los Mecanismos Nacionales de la Mujer, con el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento a la Convención de Belém do Pará (mesecvi) y con organizaciones de la sociedad civil. En suma, se ofrece información que avala la incorporación de las necesidades de las mujeres en las decisiones como una prioridad en los tiempos excepcionales que estamos viviendo.

Desde la Comisión Interamericana de Mujeres (cim/oea) hemos señalado las tres premisas básicas y necesarias para el post Covid-19: 1) La participación igualitaria de las mujeres en la toma de decisiones, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, es una condición básica; 2) El principio de igualdad debe ser el principio rector fundamental de las políticas públicas y de recuperación en la región más desigual del planeta; y 3) Es deber de los Estados asegurar que no haya ningún retroceso en los derechos alcanzados por las mujeres (principio de no retroceso). Por lo tanto, se requieren nuevos pactos de género para que la nueva realidad permita que las mujeres puedan reinsertarse en la sociedad en igualdad de condiciones. Es claro entonces que, sin enfoque de género en las decisiones, la etapa de recuperación post pandemia podría implicar retrocesos enormes en la vida, oportunidades y derechos de las mujeres. No podemos permitir que la crisis del Covid-19 signifique un retroceso en los derechos ya alcanzados por las mujeres.

Esta pandemia nos volvió a recordar lo que el patriarcado nos ha dicho toda la vida: «quédate en casa». Porque esta frase ha sido la estrategia histórica e ideológica para reducirnos y mantenernos en el mundo de lo privado. En la llamada nueva realidad, el mundo de lo público hará sus propias imposiciones de admisibilidad de quién regresa y cómo se regresa, corriendo el riesgo de que se tomen decisiones para beneficiar al empresariado y organizaciones en términos de costos. Lo cierto es que, sin el cuidado repartido, el quédate en casa tendrá implicaciones muy distintas para las mujeres y volverá a ser la estrategia para mantenerlas en el espacio subvalorado de lo privado.