Previo al inicio de cada proceso electoral es común que las autoridades electorales se planteen retos y desafíos con la finalidad de cumplir con los principios rectores que rigen su función. En esta ocasión, para los tribunales electorales de las entidades federativas se adiciona una problemática que no estaba presente en otros comicios: la crisis sanitaria originada por el covid-19.

La pandemia nos ha obligado a modificar diversos ámbitos de la vida personal, familiar, laboral y social. Y no es para menos, si tomamos en cuenta que se trata de un virus de alta letalidad que ha generado un gran número de contagios y muertes a nivel mundial pues se propaga con facilidad, y que el distanciamiento social es una de las medidas más eficaces para evitar el contagio entre personas.

En ese escenario, los tribunales electorales locales tienen la difícil tarea de implementar los mecanismos y estrategias necesarios para garantizar a la ciudadanía su derecho de acceso a la justicia sin poner en riesgo la salud, tanto de los justiciables como del personal jurisdiccional. La judicatura electoral local ha visibilizado este fenómeno desde que llegó a nuestro país y hemos tenido la oportunidad de trabajar en equipo –las magistradas y magistrados integrantes de los tribunales electorales estatales– para analizar el impacto que la pandemia tiene en nuestra función.

En la Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales de los Estados Unidos Mexicanos (AMMEL), con el apoyo y colaboración de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hemos utilizado las tecnologías de la información para continuar con la capacitación judicial de cara al proceso electoral 2021. Así, durante el confinamiento se han podido llevar a cabo –de manera virtual– un gran número de diplomados, talleres, conferencias y debates en los que participamos activamente las magistraturas federales y locales, así como las funcionarias y funcionarios judiciales de nuestros tribunales.

Como resultado de lo anterior hemos podido analizar, en conjunto, los posibles escenarios que tendremos en el siguiente proceso electoral, en el que cabe mencionar se celebrarán las elecciones más grandes de la historia de México pues estarán en disputa veintiún mil trescientos sesenta y ocho cargos de elección popular: se renovarán la Cámara de Diputados, quince gubernaturas, treinta congresos locales y mil novecientos ayuntamientos. En algunos estados, incluso, se modificó la fecha de inicio del proceso electoral en aras de contar con mejores condiciones si la contingencia sanitaria lo permite.

Los dos grandes temas que considero serán los retos y desafíos que deberán enfrentar los tribunales locales en los siguientes comicios son: avanzar hacia la justicia digital electoral y poner en práctica la reforma de violencia política contra las mujeres por razón de género.

En cuanto al tema de justicia digital o juicio en línea, cabe mencionar que ha sido muy controvertido en los diversos foros. Por un lado, hay quienes sostienen que no debería aplicarse porque no existe base legal para ello y que los tribunales no tienen facultades para modificar el trámite de los medios de impugnación en materia electoral; por el otro, han manifestado que se trata de un procedimiento extraordinario ante la contingencia sanitaria.

A mi parecer, mientras subsista la pandemia, sí deberíamos brindar a la ciudadanía la opción del juicio en línea –principalmente quienes tendremos elecciones más próximas– tomando en consideración, por supuesto, que los tribunales electorales locales gozan de autonomía técnica en su funcionamiento e independencia en sus decisiones y que cada uno deberá regularlo en uso de esas facultades.

Es cierto que en la mayoría de los estados no existe norma expresa para tramitar los medios de impugnación electorales en línea, pero creo que estamos atravesando por una situación sumamente extraordinaria y tenemos que buscar la manera de garantizar a la ciudadanía el derecho de acceso a la justicia sin poner en riesgo su salud. El juicio en línea permite respetar ambos derechos durante esta contingencia, de ahí que esta medida me parezca plenamente justificada ante la emergencia sanitaria que atraviesa el país.

Además, debemos tomar en cuenta que el párrafo tercero del artículo 6° constitucional dispone que el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación. A su vez, el párrafo segundo del artículo 17 prevé que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla; por su parte, el diverso artículo 4 estipula que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Todas ellas disposiciones constitucionales que se garantizarían armónicamente con el juicio en línea sin poner en riesgo a ninguna.

El reto es brindar a la sociedad la posibilidad de que –pese a la pandemia– cuenten con tribunales electorales en los que, sin riesgo a infectarse, puedan interponer sus demandas y, de esa manera, se pueda desarrollar el proceso electoral con la seguridad de que los actos que consideren ilegales o violatorios de sus derechos político-electorales puedan ser revisados por una autoridad.

Implementar la justicia digital electoral será actuar conforme a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en cuanto a la obligación que tenemos todos los órganos jurisdiccionales de remover los obstáculos y proveer lo necesario a fin de hacer realidad el derecho de acceso a la impartición de justicia y a contar con un recurso efectivo.

Actualmente, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está operando con un juicio en línea en materia electoral, el cual fue implementado a través del Acuerdo General 5/2020. Dicho juicio será una vía optativa para la interposición remota de los recursos y la presentación de promociones mediante el ingreso al portal oficial, así como la consulta del expediente electrónico, y se apoyarán tanto de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) como de la Firma Electrónica Avanzada FIEL, las cuales producirán los mismos efectos legales que la firma autógrafa.

De igual modo, con la finalidad de prevenir, controlar y evitar la transmisión del COVID-19, diversos tribunales electorales locales (como los de la Ciudad de México, Coahuila, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Nayarit, Puebla y Sonora, por mencionar algunos) han implementado algunas modalidades de justicia digital, entre las que se encuentran la interposición de los medios de impugnación de manera electrónica, la digitalización de los expedientes y las notificaciones electrónicas. La gran mayoría de los tribunales están discutiendo y resolviendo los asuntos a través de sesiones virtuales, transmitiéndolas en sus portales oficiales, a efecto de garantizar el carácter público que estas deben tener; para ello, cada tribunal ha emitido los acuerdos, lineamientos o reglamentos que regulan esta nueva modalidad a efecto de dar seguridad jurídica a las partes.

Incluso, el ocho de julio pasado se presentó una iniciativa de reforma constitucional en el Senado de la República en la que se propone adicionar un párrafo al artículo 17 a efecto de que todos los órganos jurisdiccionales del país implementen de forma progresiva el sistema de justicia en línea mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación, con la finalidad de tramitar los juicios y todas sus instancias en línea en los términos de lo que se disponga en las leyes federales y locales, una vez aprobada la reforma.

Así las cosas, creo que el camino es claro: los tribunales electorales locales –en el siguiente proceso electoral– tenemos que hacer uso de las mejores prácticas a efecto de garantizar ampliamente el derecho de acceso a la justicia, pese a la pandemia. El uso de la tecnología jugará un papel fundamental: convertiremos en una realidad el hecho de que, desde cualquier parte del país y utilizando sus dispositivos móviles, se puedan promover juicios, consultar expedientes, recibir notificaciones e, incluso, comparecer en vía remota en una audiencia.

Por otra parte, otro de los retos será poner en práctica la reforma de Violencia Política contra las Mujeres por razón de Género publicada el 13 de abril de 2020. Como en cada reforma, tendrá un trabajo interpretativo importante al momento de su aplicación, pues ha generado diversidad de apreciaciones su contenido –por ejemplo, en cuestiones competenciales– que deberán irse clarificando a través de las interpretaciones jurisdiccionales.

Lamentablemente son mínimos los estados que homologaron, a nivel local, la reforma de Violencia Política contra las Mujeres por razón de Género. No obstante, eso no debe ser obstáculo para su aplicación en las elecciones a nivel local, así que nuestro reto será precisamente integrar la norma estatal con base en las disposiciones federales y los principios constitucionales, de manera que ningún caso quede impune y de esa manera abonar en la erradicación de estas conductas.

Además, los asuntos de violencia de género debemos atenderlos con inmediatez sobre todo en el dictado de las medidas cautelares y de protección para evitar la consumación de los actos denunciados. De igual forma, al momento de sustanciar y resolver los juicios debemos hacerlo juzgando con perspectiva de género, lo que implicará necesariamente: identificar si existen situaciones de poder que –por cuestiones de género– provoquen un desequilibrio entre las partes; cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género; ordenar las pruebas necesarias para visibilizar las situaciones de violencia; evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria, y utilizar lenguaje incluyente en aras de impartir justicia sin discriminación.

Como podemos ver los retos y desafíos son grandes, pero con toda seguridad puedo afirmar que los tribunales electorales locales estamos listos y, sobretodo, muy comprometidos con nuestra encomienda de cuidar que todos los actos se apeguen estrictamente al principio de legalidad, pues para ello hemos estado capacitándonos arduamente. La justicia digital electoral sólo será una nueva forma, pero en el fondo, deben estar tranquilos de que la judicatura local trabajará en pro de la democracia y la paz social para garantizar que estas elecciones se desarrollen dentro del marco de los principios constitucionales.