La reportera de El Universal, Alejandra Canchola, dio cuenta del activismo de personajes de la 4T para distribuir, por diversas vías, plantillas para orientar el voto en la jornada comicial judicial del domingo 1 de junio. (13.05.25 p. A8) También existe información -en redes sociales - que da cuenta de reales o supuestas plantillas que están siendo entregadas a los responsables del operativo de acarreo y control de votantes. He visto varias, incluyendo una para la SCJN.

Los operadores de la reforma que destruye el Poder Judicial tienen menos de 15 días para resolver dos asuntos. El primero, y más importante, es cómo asegurar que los votantes escriban en cada una de las boletas -6 federales y hasta 7 locales- los números que identifican a los candidatos que el Partido Morena y la 4T han decidido colocar como ministros, magistrados o jueces, en todo el país, tanto para el Poder Judicial federal como para 19 poderes judiciales locales.

Supongo que el autor del mazacote de reforma electoral judicial no supo que estaba implantando uno de los más complicados sistemas electorales del mundo. Se le denomina “listas cerradas y desbloqueadas”

Son listas “cerradas” porque los candidatos están predeterminados y el elector no puede incluir otros en cada boleta. No hay candidatos independientes, tampoco no registrados. Cada elector deberá seleccionar, en cada boleta, los candidatos que prefiera, anotando el número con el que en la boleta se identifica a sus preferidos. A eso se le llama “listas desbloqueadas”, a contrario sensu del método de listas bloqueadas, en donde solo se puede votar por la planilla completa.  Un ejemplo de listas cerradas y bloqueadas es lo que tenemos en México, desde 1979, al votar por diputados plurinominales, para lo cual cada partido postula una lista por circunscripción. El elector, al votar por los candidatos de mayoría, lo está haciendo por los de representación proporcional. Lo toma o lo toma. A eso se le llama “lista cerrada y bloqueada”.

Si la lista es desbloqueada, cada elector debe armar su propia planilla. Para que un elector con una capacidad cognoscitiva promedio escriba los números que corresponden a entre 2 a 20 candidatos, en 10 a 13 boletas diferentes, debe tener una memoria extraordinaria. O tener a la vista plantillas que le indiquen los números que deberá anotar en cada boleta. En su “pedagogía” para votantes, es el INE el que ha dado la cobertura legal para que el Partido Morena haga llegar a cada elector la plantilla de cómo votar. El operativo para controlar el voto y su resultado es lo que el gobierno y su partido están diseñando desde hace varias semanas.

Suponiendo que cada elector que el Partido Morena lleve a votar reciba las entre 9 a 13 plantillas con los números que deberá anotar en cada boleta, el operativo tiene una dificultad mayúscula. La mayoría de los electores coaccionados son mayores de 65 años. Para personas de ese rango de edad no es sencillo cumplir instrucciones numéricas. La probabilidad de cometer errores es muy alta, sin que la ley defina las causas de nulidad del voto para este tipo de boletas.

Paso al segundo asunto a resolver por los operadores del Partido Morena: ¿cuántos beneficiarios de programas sociales van a llevar a votar el domingo 1 de junio? Ya sabemos que la validez de la elección no depende del número de votantes. Pero si la participación es muy baja, la legitimidad de los ganadores será igualmente baja, o nula. Pero un elevado número de votantes así movilizados puede ser un bumerang.

En el año 2022, para la llamada “revocación de mandato”, se estima que el Partido Morena llevó a votar a 15 millones de electores. Si ese número se repitiera el 1 de junio próximo, el Poder Judicial tendrá la legitimidad del voto de un 15% de los ciudadanos inscritos en el padrón. No es un buen inicio para refundar todo un Poder de la República. Pero supongamos que el Partido Morena logra llevar a votar a 20 millones, equivalente a un 20% de participación.  Solo que entre más personas voten, más complicado será para los operadores/observadores del Partido Morena entregar las plantillas con los números que cada elector deberá anotar en las boletas. Además, entre más electores vayan a votar, más se tardará la votación, y más elevada será la posibilidad de errores al votar. Podemos tener una situación inédita: baja participación y elevado porcentaje de votos nulos.  

En pocas palabras, los autores del mazacote de reglas para la elección judicial provocaron un conflicto de objetivos. Entre más voten, más problemas en las casillas. Pero si votan muy pocos, menor credibilidad y legitimidad del resultado. No es que alguien les pueda ganar. Es que nadie les va a creer.

Si en las casillas se produce un colapso, el gobierno y su partido tendrán que arreglar el resultado en los 300 consejos distritales del INE. Pero tendrán que hacerlo, al mismo tiempo, en 19 OPLES. De lo contrario, los resultados, federal y locales, no van a cuadrar. Podríamos ver algo parecido a lo que pasó en 1988. Un fraude tan burdo y de tales dimensiones, que su mecánica quede a la vista de todos, ya que tendrían que usar las boletas sobrantes de que disponen, así como adulterar o sustituir actas. Sería un déjà vu 1988.

¿Tiene sentido ir a votar?

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