Uno de los grandes temas que tienen la atención a nivel mundial es la participación de las mujeres en la arena política, donde se han logrado grandes avances que se han suscitado al fomentar el acceso de féminas en distintos cargos en los poderes que conforman a los gobiernos. Estos logros en la materia han sido el resultado de varios esfuerzos que se han llevado a cabo a nivel mundial y regional en las últimas décadas para garantizar la participación política de las mujeres; sobre todo ha sido muy evidente en el ámbito legislativo.

Desde la década de los 80´s especialmente en América Latina, los Estados han implementado diversas acciones; como el establecimiento de cuotas de género, el llamado a la acción de los movimientos feministas y de mujeres, las recomendaciones de organismos internacionales y la suma de actores sensibles al género que ejercen funciones de monitoreo y evaluación para garantizar el cumplimiento de los compromisos que asumen los gobiernos.

Es precisamente en esta región que se han efectuado un gran número de legislaciones electorales de género; acorde con los datos que presenta el Observatorio de Reformas Políticas en América Latina, se han implementado alrededor de 49 legislaciones, realizadas en 18 países desde 1991 al año 2020, dando como resultado once países con algún mecanismo de paridad de género, dos con cuotas del 40%, cuatro con cuota del 30% y uno con cuota del 20%. México se encuentra entre los países que tienen paridad. Así mismo, en los Promedios Mundiales y Regionales de Mujeres en los Parlamentos Nacionales, la Unión Interparlamentaria presenta datos en donde actualmente América Latina cuenta con la mayor representación de mujeres en los parlamentos, en donde México ocupa el lugar número cuatro de 187 países evaluados en este ranking global.

El lugar que ocupa México en este ranking obedece a que cuenta con un 50% de mujeres en el Congreso Federal, sólo por debajo de Cuba (53.4%) y Nicaragua (51.6%) y muy por encima de la media que corresponde al 35.8%, acorde a los datos presentados por el Observatorio de la Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL).

México llegó a este nivel principalmente por dos modificaciones normativas; la primera sucedió en el año 2014 cuando incorporó el principio de paridad al artículo 41 de la Constitución Política elevando a rango constitucional este principio en la competencia electoral para las candidaturas al Congreso Federal y las locales. La segunda modificación se realizó en el año 2019, cuando se aprobaron nuevas reformas y se incorporó la “Paridad en Todo” o paridad transversal, haciendo referencia a que la mitad de los cargos en los tres órdenes de gobierno, en órganos autónomos, candidaturas de los partidos políticos a cargos de elección popular y en la elección de representantes en los municipios de población indígena sean ocupados por mujeres.

Como resultado, a partir del año 2021, México logró una legislatura paritaria, lo que nos lleva a suponer que se cambió la manera de distribuir el poder en el Congreso Federal, ya que existe un gran avance en el acceso de mujeres en la política, al consolidar un marco legal fuerte con la implementación del principio de paridad a nivel constitucional.

No obstante, a pesar de los avances en el acceso de las mujeres en el poder legislativo, la literatura y diversos estudios arrojan datos que aportan evidencia sobre la existencia de una fuerte resistencia a que las mujeres ejerzan plenamente sus funciones legislativas que les permita tener una incidencia efectiva en la vida pública en beneficio de las personas a las que representan.

Se plantea que, en las organizaciones públicas, aún persisten sesgos, resultado del constructo social que se derivan en dificultades para las mujeres, ya que ellas asumen cargos de menor poder o son relegadas de los espacios sustantivos, marginándolas de la toma de decisiones. Es decir, existe una brecha entre los números y la participación real de las mujeres.

La situación de las mujeres en la política debe revisarse más allá del aumento en el acceso a los cargos legislativos, pues se debe analizar cuál es su papel al interior, lo cual puede observarse mediante el análisis de la composición y distribución de cargos que asumen las legisladoras en las comisiones ordinarias ya que éstas dan sentido a la función principal de sus integrantes que es legislar.

Dentro de las comisiones ordinarias se lleva a cabo la formulación, eliminación o reforma de propuestas legislativas en donde representantes de todos los partidos políticos tratan temas específicos. Su composición se asigna al inicio de cada legislatura y se han identificado dos tendencias generales que se aplican a las mujeres en su designación; las féminas son asignadas a los lugares que se ocupan de cuestiones relacionadas con el papel tradicional de la mujer y pocas veces en las que se centran en temas estratégicos que tradicionalmente han caído dentro de la esfera de los hombres. La otra tendencia se relaciona con el poder; cuanto más poder político, menos mujeres.

La participación de las mujeres en las comisiones ordinarias ha sido observada empíricamente a través de diversas clasificaciones acorde a los asuntos que abordan; usualmente se hace referencia a una clasificación dicotómica de estos espacios, refiriéndose a ellas como de producción (duras), vinculadas a temáticas de manejo de recursos y economía, y de reproducción (blandas), orientadas a los temas de cuidado y de reproducción de actividades asociadas a las mujeres. A esta clasificación para su estudio se han sumado y diferenciado las comisiones que atienden lo relacionado con el orden y la administración, denominándose de preservación del sistema, entre las que se encuentran las de asuntos constitucionales y relaciones exteriores, por mencionar algunas.

En México, la situación que presenta la distribución de los espacios en las comisiones ordinarias a partir de que se incorporó el principio de paridad en el año 2014, confirma lo que la literatura plantea y es que las legisladoras siguen mayormente presentes en las comisiones de reproducción. De manera general, con un promedio ponderado de las últimas tres legislaturas —LXIII, LXIV y LXV—, las mujeres se encuentran en un 65% en la Cámara Alta y en un 61% en la Cámara Baja en este tipo de comisiones.

Colocar a las mujeres en las comisiones de reproducción es continuar reproduciendo los estereotipos y roles de género, manteniéndolas en temas asociados al papel tradicional de la mujer. Legisladoras mexicanas han hecho hincapié en esta situación y han manifestado su interés en estar presentes en los lugares de toma de decisión y no solo en los cargos de carácter administrativo o social, ellas no solo buscan el lugar, buscan el poder que implica estar en esos espacios.

La posición mayoritaria de las legisladoras en las comisiones de reproducción puede interpretarse de diversas maneras: a) poco o nulo interés de los hombres en participar o involucrarse en los temas que se discuten en estás comisiones; b) situación de mantener mayoritariamente a las mujeres en estos espacios; c) una alta demanda de las mujeres por permanecer en estos espacios, debido a las implicaciones y ritmos de trabajo en otro tipo de comisiones que impiden una conciliación con su vida privada o d) desde estos espacios establecer o promover una agenda que garantice los derechos de las mujeres.

Respecto a las comisiones de producción, los datos de las últimas tres legislaturas demuestran que las mujeres ocupan en menor medida estos espacios, con un 40% en el Senado y en un 39% en la Cámara de Diputados, es decir, que existe una brecha para alcanzar la paridad en este tipo de comisiones.

No obstante, a partir del año 2015, se identifica un incremento en la participación de las mujeres en estas comisiones. Las cifras muestran que en la Cámara Alta, las legisladoras pasaron de un 31% en la Legislatura LXIII (2015-2018) a un 44% en la Legislatura LXV (2021-2024). En la Cámara Baja, su presencia pasó de un 32% a un 42%. Se observa una tendencia en cerrar la brecha en la integración de este tipo comisiones ya que mínimamente se registra un 10% más de su participación en estos espacios considerados de poder y exclusivos de los hombres. Sin embargo, han tenido que pasar al menos 9 años que corresponden a tres períodos legislativos para que se incremente su participación, lo que hace suponer que la incorporación de las mujeres no se da de manera orgánica sino por el contrario es paulatina y objeto de resistencias.

Un caso particular se presenta en la composición de las comisiones denominadas de preservación del sistema. La suma ponderada de las tres recientes legislaturas (2015–2024), arroja datos que señalan que existe un equilibrio en su composición, la diferencia sobre el total de las tres legislaturas en ambas Cámaras es de un 1% entre hombres y mujeres, resultando más favorable hacia las mujeres en el Senado.

En cuanto a los cargos que se asumen en las comisiones legislativas, la situación se repite al igual que en su composición; datos recientes demuestran que en México generalmente las mujeres no presiden las comisiones de producción que abordan los temas de hacienda, energía, economía, justicia, marina o defensa nacional; ellas comúnmente son colocadas en las de reproducción que están orientadas a la niñez, familia, juventud, personas discapacitadas, salud. Lo anterior sucede a pesar de que en la actual Legislatura LXV denominada la “Legislatura de la Paridad”; del total de 56 comisiones que integran la Cámara Alta, el 55% son presididas por mujeres y en la Cámara Baja ellas presiden el 51% de las 51 existentes.

En el caso de la Cámara Alta, las mujeres están relegadas a aquellas que corresponden con cualidades de cuidado y servicio. En la última legislatura ellas se encuentran en un 75% presidiendo las comisiones de reproducción y en un 64% en las comisiones de preservación de sistema. Respecto a su presencia en la presidencia de las comisiones de producción ellas actualmente solo se encuentran en un 29%, esto a pesar de que al inicio de la Legislatura LXIII, se tuvo un registro de un 17% de mujeres presidiendo estas comisiones, lo que contrasta respecto a la Cámara Baja que contaba con un 4% de mujeres en ese mismo período.

Así mismo, respecto a los cargos que ocupan en general en las comisiones, en la Cámara Alta ellas predominan como secretarías y en un segundo lugar como integrantes. Las actividades relacionadas con la secretaría de una comisión tienen que ver con la ejecución de tareas de carácter administrativo, de auxilio a la presidencia, como la convocatoria a reuniones y levantamiento de las actas de la sesión.

Para el caso de la Cámara Baja, los datos demuestran que se ha logrado la paridad en la presidencia de las comisiones de producción y los cargos que ostentan mayoritariamente las legisladoras, al menos en las últimas dos legislaturas LXIV y LXV es mayoritariamente la presidencia y en un segundo lugar las secretarías. No obstante, en la última legislatura las mujeres se mantienen presidiendo las comisiones de reproducción y preservación del sistema en más de un 70%.

Si bien el principio de paridad en la política ha permitido el incremento de mujeres en el poder legislativo, esto no ha sido suficiente. Aun se requiere fomentar una nueva cultura política que logre trascender el estatus meramente adscriptivo que se le ha asignado a la mujer, implementando mecanismos que fortalezcan su participación efectiva y liderazgo político.

La paridad es una medida (un principio) permanente que en la práctica debe entenderse como una estrategia política, no unitaria, que garantiza la participación equilibrada de mujeres y hombres en la toma de decisiones y en cualquier espacio en la arena política.