La imposición de la orden del Águila Azteca al presidente cubano Miguel Díaz-Canel, el pasado 11 de febrero, provocó un debate importante en la esfera pública mexicana. Los cuestionamientos al presidente Andrés Manuel López Obrador por su apoyo al régimen de la Habana, su negativa a condenar las violaciones a derechos humanos en la Isla, particularmente a raíz de las protestas del 11 de julio de 2021, así como los vínculos entre varios dirigentes políticos y funcionarios públicos de la actual administración con sus pares de Cuba fueron nota en los principales medios de prensa del país.

La visita remite a la dificultad que seguimos teniendo, en buena parte de América Latina, para comprender lo que sucede social y políticamente en Cuba. En nuestro país, además, se suman las buenas relaciones que históricamente existieron entre, por un lado, los gobiernos del régimen priista y el régimen castrista; así como los nexos afectivos e ideológicos entre la izquierda social e intelectual mexicana y el modelo y simbología de la “Revolución cubana”.  

En México, al haber vivido un autoritarismo civil, las prácticas y dinámicas de un régimen totalitario como el cubano –con formas de control y represión social cualitativamente más invasivas– no siempre son comprensibles. En tal sentido, las graves violaciones a los derechos humanos en Cuba no se circunscriben solamente a los patrones conocidos a nivel regional. Las décadas de adoctrinamiento, penetración y coacción sociales han atomizado y desmovilizado a sectores (especialmente envejecidos) de la sociedad cubana; lo que le ha permitido al régimen utilizar una mezcla de formas preventivas y represivas de violencia política. 

La comprensión de la realidad cubana también está atravesada por la capacidad de influencia del régimen cubano, muchas veces subestimada. Durante más de sesenta años, el gobierno de la Isla ha apostado a expandir las relaciones internacionales como forma de legitimidad, ha operado activamente redes y alianzas tejidas sobre el despliegue diplomático, participación en mecanismos internacionales y estrategias de solidaridad, cooptación y cooperación que sobrepasan las capacidades tradicionales de una pequeña isla del Caribe. 

Adicionalmente, en la intelectualidad y academia domésticas –especialmente en sus sectores de izquierdas y nacionalistas– aunque ya se reconocen ciertos elementos negativos de lo que hoy sucede en Cuba (escasez, censura), todavía no se hace balance de los déficits estructurales –en desarrollo integral y de libertades públicas– del régimen de la Revolución cubana. Falta un balance que implique el distanciamiento con las amplísimas violaciones de derechos humanos en la Isla; mucho más una agenda coherente de solidaridad democrática activa para con defensoras y actores prodemocráticos de ese país. 

Un argumento muy presente en el debate de esos días, en un intento de relativizar las críticas a los recientes nexos entre México y Cuba, apeló a las buenas relaciones antaño existentes entre el priismo y el régimen cubano. Esa perspectiva, sin embargo, merece algunas anotaciones. Entre los elementos a considerar al respecto están que las relaciones del priismo con Cuba siempre estuvieron dentro de una estrategia concertada del PRI con el gobierno norteamericano que buscaba una contención del comunismo y otorgaba a México una cierta autonomía negociada con aval de Washington. Otro elemento para destacar es que durante ese período hubo una clara postura respecto a limitar la incidencia directa cubana en el territorio mexicano: el nulo apoyo de la Habana a las guerrillas campesinas y urbanas, así como la suerte de los activistas mexicanos residentes en la Isla, lo revelan. 

Tampoco puede ser calificada de similar la relación cuando los contextos nacionales de ambos países han variado en las últimas décadas. México ha vivido un largo proceso de democratización que condujo primero a la alternancia política y después a la llegada del actual gobierno de izquierdas a la Presidencia; Cuba no ha dado muestras de apertura política y vive en estos últimos años un momento de mayor contestación social y represión política dentro del país. 

A diferencia de la relación diplomática y económica entre Cuba y México durante el régimen priista, en estos momentos existe una creciente presencia e incidencia cubana en el diseño e implementación de políticas públicas en México. Este impacto no remite solamente a ciertos elementos de orden simbólico o discursivo –como la Nueva Trova o los mitos del Che Guevara– porque también impactan, concretamente, la forma en que se ejerce el presupuesto público y los derechos de las y los ciudadanos de ambos países. 

Los intercambios en materia de salud entre ambos gobiernos han sido quizás uno de los temas más tratados. Bajo un discurso de solidaridad el gobierno cubano esconde un lucrativo negocio que es hoy una de sus principales fuentes de ingreso. Desde la crisis del Covid-19 el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, firmó los primeros acuerdos para traer médicos cubanos. Bajo el pretexto de la ausencia de especialistas, se rubricó posteriormente otro convenio para la llegada al país de más de 500 médicos cubanos con el argumento de prestar servicios en zonas rurales y de baja cobertura dentro del programa IMSS Bienestar. 

Los intercambios también incluyen la adquisición por parte de México de la vacuna cubana Abdala, aún sin aprobación de la OMS por dificultades en los trámites y por falta de información a cargo de autoridades cubanas. Según se anunció en la reciente visita del presidente cubano a México, se le han asignado a Cuba diecinueve claves de la compra consolidada de medicamentos para los años 2023-2024 por valor de más de 1576 millones de pesos. Todos estos acuerdos coinciden en la opacidad y falta de transparencia.

La exportación de servicios médicos es un programa que ha sido cuestionado repetidamente por organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos. La apropiación gubernamental de la mayoría del salario devengado por los galenos, la ausencia de garantías laborales, la violación de derechos de movilidad, la imposición de penas de cárcel para aquellos médicos que decidan “abandonar la misión”, han llevado a instancias de la Organización de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a calificar a estas misiones como forma de trabajo esclavo. Adicionalmente a ello, existen denuncias sobre la calificación de estos médicos, la infiltración de su personal para tejer redes locales de seguridad y propaganda afín al gobierno contratante, de la mano de la captura y manejo de información nacional relevante sobre las poblaciones. 

En el caso de la llamada “compra consolidada de medicamentos”, preocupan seriamente los criterios técnicos que sostienen esa decisión. El tema del desabasto de medicamentos ha sido noticia en México a raíz del reordenamiento en los mecanismos de compra y los fallos constantes en las políticas para lograr una plena cobertura. Los colectivos como Cero Desabasto han denunciado sistemáticamente esta problemática. La situación del abasto de medicamentos en Cuba es dramática, constituyendo una de las causas de disenso y protestas sociales más visibles en los últimos años en la Isla. 

Sistemáticamente los emigrados cubanos envían medicamentos tan básicos como analgésicos, antipiréticos, o para la presión arterial. El régimen de la Isla ha denunciado que la imposibilidad de adquirir ciertos insumos para la producción de medicamentos y el abastecimiento nacional se debe a las sanciones norteamericanas. ¿Qué garantías y seguridad en el cumplimiento de los compromisos ofrece el régimen cubano a México que lo ubiquen como la mejor opción para atender esta grave problemática? 

La visita nos debería preocupar a todas y todos en tanto qué significa normativamente, y dónde queda el compromiso mexicano con la democracia y con la defensa y protección de los derechos humanos. Se trata de símbolos, pero también de decisiones de política pública. Para los simpatizantes de López Obrador, cuyo gobierno otorga un peso fundamental a las narrativas redentoras y justicieras, a la lucha por la democracia, debería ser contradictorio el reconocimiento a un régimen que ha procesado y condenado con penas de más de veinte años a más de mil personas simplemente por ejercer sus derechos, manifestarse, marchar de manera pacífica para pedir cambios políticos y libertad. Los mismos derechos que, al ejercerse en plazas públicas, medios de comunicación y urnas electorales, posibilitaron la paulatina democratización del otrora autoritario sistema político mexicano.