Esta semana avanzó en la Cámara de Diputados el proceso legislativo para aprobar la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LO), presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Es tradicional que el Poder Legislativo conceda al presidente entrante la cortesía de aprobar en sus términos tal propuesta. Se trata de los ajustes que propone a la estructura del gobierno que encabezará, de acuerdo a su particular visión y proyecto. 

Sin embargo, en esta ocasión la iniciativa presidencial tiene problemas serios, tanto de forma como de fondo, que ameritaban su revisión a detalle. Empezando por gramática y sintaxis. Quiero pensar que la presidenta no leyó lo que firmó, pues de haberlo hecho al menos habría pedido respetar el lenguaje.

Una “Ley Orgánica” contiene las definiciones sobre dos asuntos: la estructura del ente público regulado, en este caso la Administración Pública Federal, y las atribuciones que cada una de sus partes tendrá para el cumplimiento de las tareas que les asigna la propia ley. Por ejemplo: el artículo 2 de la referida ley determina que “para el despacho de los negocios del orden administrativo encomendados al Poder Ejecutivo de la Unión, habrá las siguientes dependencias de la Administración Pública Federal: I. Secretarías de Estado; II, Consejería Jurídica y III. Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética a que hace referencia el artículo 28, párrafo octavo de la Constitución.” La iniciativa de la presidenta no modifica ese artículo 2 de la LO. 

Pero resulta que otra iniciativa, de rango constitucional, en trámite de aprobación, propone desaparecer 7 órganos autónomos, entre ellos los referidos en la fracción III del artículo 2 de la citada LO, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). Además, en la iniciativa de la presidenta se propone modificar el artículo 26 para cambiar la palabra “dependencias”, por “secretarias”, con lo cual, deja en el limbo a la Consejería Jurídica e introduce una insólita novedad: crear una secretaría que se llame “agencia”. Puede ser una innovación. Pero lo más probable es que se trata de la descuidada manera de atender una decisión de última hora: la Agencia Digital no estaba pensada como secretaría, sino como dependencia, del mismo rango que la Consejería Jurídica. En lugar de hacer bien el ajuste, tomaron la vía corta, habrá una secretaría que se llame agencia. Asunto (mal) resuelto.

De la lectura de la iniciativa deduzco que el método para su elaboración fue dejar que cada secretario se despachara con su propia cuchara, algunos lo hicieron con cuchara grande. Ese no es el mayor problema. Como no hubo una revisión de conjunto a la iniciativa, la consecuencia son múltiples traslapes entre varias secretarías. Por ejemplo, entre Gobernación y Seguridad Pública, entre ésta última y la SEDENA, entre la de Hacienda y la que ahora se llamará “Anticorrupción y Buen Gobierno” (Función Pública, se llama hasta hoy), entre la de Educación y la nueva de Ciencia, entre la de Salud y el IMSS-Bienestar. La secretaría que se llama “Agencia Digital” invade esferas de competencia de otras secretarías. Las dos nuevas siguen sin existir. Será hasta enero de 2025 que inicien funciones las de Ciencia y de Mujeres. 

Hay varios cambios que motivan preocupación. Uno es la posesión, custodia y uso de los datos registrales de cada persona, hasta hoy bajo responsabilidad de la Secretaría de Gobernación, a través del Registro Nacional de Población. La iniciativa de la presidenta pretende que la Agencia Digital tenga acceso y manejo de esos datos, y que además los comparta con cualquier otra dependencia del gobierno, incluyendo las de naturaleza militar y la de Hacienda. Igual alarma despierta que a la Secretaría de Seguridad se le otorguen, a nivel de la Constitución y la ley, facultades hasta hoy reservadas al ministerio público y a las policías civiles. Haber militarizado la Guardia Nacional está provocando traslapes entre la SEDENA y la Secretaría de Seguridad Pública. Eso terminará mal.

Hace unos meses el ex presidente López Obrador y su partido impusieron un cambio legal para adscribir la Guardia Nacional a la SEDENA. La Corte lo declaró inconstitucional y lo invalidó. Así está registrado en la versión digital de la LOAPF. No obstante ese hecho, la iniciativa presidencial es omisa respecto de la SEDENA. Supongo que en la Consejería Jurídica interpretan que si la Constitución fue reformada para adscribir la Guardia Nacional a la SEDENA, eso revierte la sentencia de la Corte. No es así.

La iniciativa que comento es la primera de manufactura del nuevo gobierno. Revela la ausencia de algo que merezca el nombre de estrategia de gobierno. Fue equivocada la hipótesis de que una científica pondría un sello de eficacia y racionalidad al aparato gubernamental. Los sellos de la primera iniciativa importante de Claudia Sheinbaum son la improvisación, el descuido y el desorden. Esperar que el bloque oficialista en el Congreso enmiende esos yerros es pedir peras al olmo. Y si las da, sale peor. 

Posdata: La reelección de Rosario Piedra al frente de la CNDH es prueba de que siempre es posible caer más bajo.  

Sígueme en: www.vozyvoto.com.mx