Desde que tengo memoria los presidentes mexicanos iniciaban su encargo el día 1 de diciembre del año de la elección. Eso cambiará en 2024.

Al presidente López Obrador le queda un año en el cargo.

La reforma constitucional de 2014 recortó dos meses al periodo presidencial 2018-2024. El tabasqueño concluirá su mandato el 30 de septiembre del próximo año, y la (el) electa(o) lo iniciará el primer minuto del martes 1 de octubre.

Tiempo habrá para los balances de lo hecho y deshecho en este periodo presidencial, solo dejo asentado, con Perogrullo, que México no inició, ni se acabará, en este sexenio. Lo que importa es el tiempo que aún resta al actual presidente. La obligada pregunta es si lo seguirá usando en sus arrebatos mañaneros o tendrá el temple y prudencia para afrontar, más vale tarde que nunca, el mayor fracaso de su gobierno, que es la seguridad pública.

En el periodo de transición (2018) participé, al lado de Olga Sánchez Cordero, en varias reuniones para conocer y discutir lo que entonces llamaban “plan para recuperar la paz y reconstruir el tejido social”, en las que tuvo un papel protagónico la hoy ministra de la Corte, Loretta Ortiz. Supe incluso de alguna reunión en la que, en presencia del ya para entonces presidente electo, se discutió la radical idea de disolver las Fuerzas Armadas y trasladar el grueso de sus efectivos a una nueva policía nacional.

Polvos de aquellos lodos fue la entrevista que el presidente de la República dio, en julio de 2019, al diario La Jornada, en la que afirmó “Si por mi fuera, yo desaparecería al Ejército y lo convertiría en Guardia Nacional, declararía que México es un país pacifista que no necesita Ejército y que la defensa de la nación, en el caso de que fuese necesaria, la haríamos todos”.   

Es conocido el cambio de 180 grados que experimentó la visión presidencial sobre las Fuerzas Armadas. Lo que no sabemos son los motivos de tan dramático viraje.  De la ocurrencia sobre la desaparición del Ejército, el presidente transitó, sin tocar baranda, a convertirlo en pilar y viga maestra de su gobierno, si es así puede llamarse la hace meses desordenada troupe de secretarios del despacho, con cargo y sin encargo. La militarización -anti constitucional e ilegal- de áreas y actividades cruciales del quehacer gubernamental es la consecuencia más visible del viraje.

El mayor costo de la militarización ha sido el evidente fracaso de la Guardia Nacional como cuerpo policial de seguridad pública. Los soldados no están capacitados para ser policías y los militares no son adecuados para entrenar policías.  

Las cifras de homicidios, desapariciones de personas y hechos violentos se han disparado de manera exponencial. La expansión desenfrenada de las actividades del crimen organizado, y también del desorganizado, tiene azoladas extensas regiones del territorio nacional. Los reportes, nacionales y del extranjero, dan cuenta de zonas y municipios bajo control de bandas criminales en todas las entidades federativas. 

Hoy en día el Estado mexicano no tiene control de vastas zonas del territorio nacional; estamos a un paso de tener que reconocer que México vive bajo condiciones de un Estado fallido. De nada sirve la monserga mañanera como escape de la realidad. El presidente de la República se niega a ver la montaña contra la que a diario se estrella su política de seguridad pública.

Por la gravedad de la inseguridad y los hechos diarios de violencia,  por el poder que las bandas delincuenciales han adquirido en los años recientes, en especial por la ineficacia presidencial al persistir en su oferta de “abrazos no balazos” ante el crimen y la delincuencia, es que se requiere hacer un llamado y establecer un compromiso desde múltiples ámbitos, actividades, personalidades públicas, candidatos a cargos de elección popular y partidos políticos. Es impostergable construir un Acuerdo Nacional con un propósito único: recuperar la seguridad pública.

Antes de que los procesos electorales entren en fase de competencia abierta, y antes de que el riesgo de violencia se haga presente en las precampañas y campañas electorales, hagamos un alto para establecer ese Acuerdo Nacional, que cierre la puerta a la influencia del crimen organizado sobre la selección de candidatos, en todos los niveles, pero especialmente en el ámbito municipal y en las alcaldías de la Ciudad de México.

Claudia Scheinbaum y Xóchitl Gálvez pueden ser quienes promuevan y den curso a esa convocatoria por la unidad nacional. Es por nuestra seguridad, la de hoy y la de mañana.

Hoy, esa es la prioridad.