López Obrador ha anunciado que presentará una iniciativa de reforma político-electoral este año. Hasta el momento sabemos poco de su contenido, salvo tres elementos que ha mencionado o que suponemos serían incluidos: a) reformular el diseño, el costo y la composición del Instituto Nacional Electoral (INE); b) eliminar los diputados plurinominales; y, c) reducir los requisitos para convocar a consultas populares o de revocación de mandato, así como el porcentaje de participación para que sean vinculantes.

Llama la atención que dos temas muy relevantes para proteger y fortalecer la democracia electoral mexicana no hayan sido motivo de reflexión por parte del presidente. Uno es la intromisión, cada vez más peligrosa, del crimen organizado en los procesos electorales; el otro es el financiamiento ilegal de campañas políticas.

El crimen organizado había sido tradicionalmente un actor “pasivo” de las elecciones. Observaba los procesos internos de los partidos, en ocasiones apoyaba el fondeo de algunas campañas (notoriamente de candidatos a alcaldes en zonas de trasiego de droga) y luego acudía con los ganadores para sobornarlos a cambio de tener pista libre para operar (“plata o plomo”).

En 2021 asumieron un rol más activo en algunas regiones del país para elegir o “palomear” candidatos, forzar la renuncia de aquellos que les eran incómodos, ejecutarlos cuando no accedían a sus peticiones, movilizar el voto, inhibirlo mediante acciones de “levantamiento” de operadores de otros candidatos y, finalmente, la intervención de algunas casillas electorales el día de la jornada electoral.

Por su parte, el financiamiento ilegal de campañas es un problema de larga data que incluye el desvío de recursos públicos, las aportaciones ilegales por parte de actores privados, contratistas de gobierno y, asimismo, el fondeo por parte del crimen organizado. Es probable que los montos de desvíos del erario público hayan disminuido en los últimos años, pero persiste el fenómeno de contribuciones ilegales de actores privados que buscan ganar acceso a contratos de gobierno.

Ninguno de estos dos temas que ponen en riesgo la sobrevivencia de la democracia mexicana ha sido mencionado como parte de esta nueva reforma electoral.

Ello se debe –en buena medida– al hecho de que López Obrador quiere llevar a cabo una reforma electoral como un simbolismo para desmontar las herencias neoliberales y fortalecer su narrativa del creacionismo democrático: la idea de que es justamente con su llegada a la presidencia cuando se inaugura, en los hechos, la democracia en México.

¡Qué mejor manera de pintar una raya respecto al pasado que desnaturalizar al INE (surgido en 1990 en el sexenio de Salinas de Gortari) o eliminar a los plurinominales que son la creación de la primera gran reforma política de la era moderna, aquella de 1977 (la reforma Reyes Heroles)!

Por supuesto el país debe mejorar su sistema electoral pero, en el entorno actual, se carece de un diagnóstico compartido sobre las fortalezas y debilidades del sistema electoral mexicano. No existe todavía en el discurso gubernamental ni en el partido oficial una reflexión profunda sobre las cosas que vale la pena preservar y aquellas que se deben modificar. Tampoco existe una visión de largo plazo de la democracia mexicana, más allá de la promesa de que el pueblo –finalmente– es el dueño del destino del país.

Por ejemplo, se deben revisar las facultades en materia de organización electoral entre el INE y los órganos electorales locales (los llamados OPLE); el rol de los tribunales estatales electorales que, con frecuencia, han sido capturados por los gobiernos de los estados; el debate sobre quién debe emitir la credencial de identidad de los mexicanos; y la desregulación de las condiciones de competencia, muchas de cuyas prohibiciones datan de la reforma de 2007 (por ejemplo, contenido de campañas y libertad de expresión de servidores públicos y particulares durante las campañas).

Por supuesto, la reducción del costo presupuestario de la democracia electoral mexicana es un tema muy importante. Para empezar, se debe discutir cómo disminuir el costo de operación del INE, pero ello implica revisar y eliminar algunas de sus atribuciones que le fueron conferidas en las dos últimas reformas electorales.

Por ejemplo, ¿debe el INE seguir monitoreando a los medios de comunicación para garantizar la transmisión de los spots de los partidos políticos?, ¿debe el INE seguir con su política de revisar el contenido de las campañas políticas?, ¿debemos transitar hacia un sistema de votación electrónica para ahorrar recursos?

También se pueden disminuir los montos de financiamiento público a los partidos políticos, siempre y cuando sea un esquema gradual que les permita adaptarse sin poner en riesgo su función cotidiana, pero más importante aún es reducir, en los hechos, el costo real de las campañas políticas.

Por supuesto que México necesita una buena reforma electoral, pero en el ambiente actual de crispación y polarización en que vivimos, con un presidente de la República que, por estigma, ataca al INE y cuestiona su funcionamiento, es muy difícil que se lleve a cabo una discusión razonada, balanceada e integral de los componentes de una buena reforma. México necesita una buena reforma electoral, pero ante los riesgos de que terminemos peor que antes, es preferible quedarnos como estamos.