El martes pasado, en el Senado, fue aprobada la extensión del plazo durante el cual el presidente de México puede disponer de las Fuerzas Armadas, Ejército y Marina, en tareas de seguridad pública. Ese plazo fue establecido en la reforma de marzo de 2019, al crearse la Guardia Nacional, para un periodo de cinco años, que vencería en marzo de 2024. Si la Cámara de Diputados refrenda lo aprobado en el Senado, y luego la mayoría de las legislaturas locales hacen lo mismo, el plazo se extenderá por cuatro años más, para concluir en 2028.

El tema, sin duda importante, quedó contaminado por una iniciativa presentada a trasmano por una diputada del PRI -que ha dejado de serlo- que al ser aprobada en San Lázaro sufrió cambios que empeoraron su contenido. El respaldo de la bancada del PRI quedó además manchado por lo que pareció ser un intercambio de favores a fin de evitar el desafuero y posible consignación penal del presidente de ese partido.

Con esa carga en contra, en un primer momento en el Senado se intentó que la Minuta turnada por la Cámara de Diputados fuera aprobada sin cambiarle una coma. Al ser reforma constitucional, es necesario el voto de las dos terceras partes de los legisladores presentes. Alguien en Palacio Nacional hizo mal las cuentas y en el Senado el coordinador de la mayoría, el senador Ricardo Monreal, quedó atado de manos e imposibilitado para construir acuerdos.

Como los votos no alcanzaban, el miércoles 21 de septiembre se impuso la necesidad de dar un espacio al diálogo y la búsqueda de acuerdos. En tan solo 10 días un intenso trabajo de concertación con todos los grupos parlamentarios, encabezado por el propio senador Monreal, rindió frutos. A través de cambios y agregados sustantivos a lo aprobado en San Lázaro fue posible alcanzar los votos requeridos para aprobar el dictamen que se presentó el martes pasado al pleno del Senado. Lo aprobado en el Senado solo se parece en un punto a lo que habían aprobado los diputados: la extensión del plazo establecido en 2019, de cinco a nueve años.

Los cambios introducidos al decreto en el artículo objeto de la reforma, que cabe recordar es un transitorio de un Decreto de reforma previa a la Constitución, son importantes porque establecen medios y procedimientos de control parlamentario, a través de informes semestrales del Ejecutivo y procedimientos de comparecencias de los secretarios del Gabinete de Seguridad. Una comisión bicameral analizará y dictaminará los informes y podrá acordar recomendaciones de las que el Ejecutivo deberá rendir cuentas sobre su cumplimiento.  Las dos cámaras del Congreso de la Unión se erigen como la instancia de vigilancia, control y rendición de cuentas del uso que el presidente de México haga de las Fuerzas Armadas, cuando éstas participen en tareas de seguridad pública.

El argumento central de los senadores que votaron en contra del dictamen aprobado fue que el Ejecutivo no va a cumplir con las normas para que rinda cuentas y se haga efectivo el plazo para el retiro de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles, en el año 2028.

No fue, en lo fundamental, un rechazo a lo aprobado. Se trata de una desconfianza total a que el actual presidente cumpla con lo que ahora se le obliga. Si los críticos tuvieran razón y el presidente no cumple, dejan de lado que la reforma al artículo Quinto transitorio les permitirá acudir ante la Suprema Corte, incluso ante organismos internacionales, para reclamar la violación, por acción o por omisión, de una norma constitucional.

Lo aprobado no supone una condición diferente a lo que hemos vivido desde que el ex presidente Felipe Calderón sacó al Ejército de sus cuarteles y le declaró la guerra al crimen organizado. Si lo aprobado el martes pasado se cumple, aunque sea solo en lo que se refiere al apoyo presupuestal federal obligatorio a las policías estatales y municipales, y si los gobernadores hacen algo equivalente, sin eludir su responsabilidad directa en lo que ocurre en sus estados, será más factible retirar a las Fuerzas Armadas de tareas que nos les corresponden, para las que no están capacitadas.

Una primera tarea de la Comisión Bicameral, establecida en el Decreto aprobado, será requerir al Gabinete de Seguridad un plan detallado con las acciones y medidas que permitan el retiro del Ejército y la Marina, en paralelo con el fortalecimiento de las policías estatales y municipales.

Tengamos presente que la militarización no está solo en la seguridad pública. Tan o más preocupante es otorgar a las Fuerzas Armadas responsabilidades y tareas que violan el artículo 129 de la Constitución y casi todas las leyes que regulan la Administración Pública Federal. Como construir aeropuertos o vías férreas, controlar las finanzas del ISSSTE, actuar como autoridad aduanera, administrar puertos de marina mercante, suplantar a la autoridad migratoria o tener empresas turísticas para visitar las Islas Marías. También viola la Constitución entregar a la SEDENA el control de la Guardia Nacional.

La ventana de oportunidad que abre la reforma del Quinto transitorio es para construir los controles parlamentarios sobre el uso de las Fuerzas Armadas por el presidente de México; sería un paso importante en el camino de poner un alto y desmontar el presidencialismo extremo, autoritario por definición.    

Los interesados pueden consultar la Minuta aprobada por el Senado y enviada a la Cámara de Diputados en el siguiente link:   http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/65/2022/oct/20221004-VI.pdf