El anuncio de la iniciativa presidencial en materia electoral es vista, por la mayoría de los expertos, y por los voceros de los partidos de oposición, como un amenazante fantasma. La indefinición sobre sus contenidos y la machacante reiteración de las críticas presidenciales contra el INE y el TEPJF alimentan la especulación y crispan tanto el ambiente legislativo como el trato entre los actores políticos.

El horno no parece estar para ese bollo.

Y sin embargo, es necesario plantear la pertinencia de una futura reforma electoral, sobre todo a la luz de los resultados que arroja la última (2014), que centralizó en el INE facultades y tareas antes confiadas a los órganos electorales de ámbito local, como corresponde a una república federal. 

Una nueva reforma es pertinente si sus objetivos corren por dos carriles bien trazados:

Uno es corregir los excesos y desvaríos de la reforma de 2014, en especial devolver a los estados de la Federación las facultades y capacidades para la organización y desarrollo de sus procesos electorales, para gobernador, diputados locales y ayuntamientos.

El otro es un objetivo que en otros textos he resumido en una frase: “desmontar la pirámide”. A lo largo de 45 años (1977-2022) el sistema electoral y sus instituciones experimentaron cambios en casi todos los aspectos. Gracias a ello fue posible la transición a una democracia electoral que permitió la pluralidad, la competencia y la alternancia en todos los cargos de elección popular. Sin embargo, muchos de esos cambios hoy provocan efectos negativos, al hacer innecesariamente complejos los procedimientos, administrativos y jurisdiccionales, con el consecuente impacto en el costo fiscal del sistema electoral en su conjunto  

 Muchos de esos cambios respondieron a los fraudes electorales del pasado, fuente de la justificada desconfianza de la ciudadanía en las instituciones y resultados electorales. Cabe plantear que, por lo ya avanzado y con una perspectiva para las siguientes tres décadas, es deseable reordenar las instituciones electorales (INE, TEPJF, OPLES y tribunales electorales locales) para volver a lo básico, que es organizar y desarrollar elecciones, en un marco federalista.

Hay al menos tres temas en los que es deseable realizar cambios radicales en el ámbito administrativo:

• La credencial para votar, a fin de dar paso a la existencia del Registro Nacional de Ciudadanos y la expedición de la Cédula de Identidad, como lo ordena la Constitución desde 1990 (Art. 36.I);
• La administración y verificación de los tiempos de Estado en TV y radio utilizados con fines electorales, tema en el que es posible dejar atrás el exceso en que se incurrió desde 2009 al implantar un monitoreo universal no previsto en la ley; y
• La fiscalización de los recursos de partidos políticos (ingresos y gastos), tema en el que el crecimiento de la burocracia y el gasto ha sido inversamente proporcional a los resultados alcanzados.  

La reforma que viene debe ser valorada también desde otros ángulos, pues ya sabemos que las impuestas por una mayoría que no admite más razones que la provenientes del dictado presidencial, son contraproducentes, y efímeras.

Cada semana, desde este Mirador que la revista Voz y Voto me abre, compartiré información y opiniones sobre la materia electoral, y otras de interés para nuestros lectores.