Por primera vez, las dos principales coaliciones de México postularán mujeres para la presidencia de la República. Este es un hecho histórico tanto para el país como en América Latina, una región presidencialista donde las máximas investiduras —figuras centrales del sistema político— han sido y siguen siendo dominadas por hombres.

Hoy en día todos los espacios legislativos del mundo tienen mujeres entre sus integrantes. Desde una perspectiva comparada, las Américas concentran la mayor representación femenina en el Poder Legislativo, y México, con paridad de género en el Congreso federal, ocupa el cuarto puesto mundial (sin dudas, un logro destacable de las activistas de género en el Estado, las organizaciones y partidos políticos). En cambio, las presidentas siguen siendo la excepción, no la regla. Poco más de diez latinoamericanas ocuparon el cargo en toda la historia independiente, contabilizando a quienes fueron elegidas democráticamente, asumieron por vía sucesoria o fueron designadas de manera interina. Es posible contarlas con los dedos de las manos, algo impensable para los presidentes.

Muchas cosas cambiaron en las últimas tres décadas. Las leyes de cuotas de género y de paridad que se expandieron prácticamente en toda América Latina fueron instrumentos poderosos para superar brechas en el acceso a cargos de elección popular, e hicieron más visibles los sesgos y prácticas discriminatorias en los partidos. En algunos países las legisladoras electas gracias a estas reformas lideraron nuevas discusiones y promovieron agendas de igualdad, mientras los feminismos en las calles instalaron demandas y politizaron problemáticas urgentes, como la necesidad de poner fin a la violencia de género y los femicidios.

Pero las mujeres latinoamericanas seguimos enfrentando barreras a la hora de ejercer el poder. El machismo institucionalizado, las “escaleras rotas”, los “pisos pegajosos” y “techos de concreto” que impiden ascender y nos mantienen debajo de las cúpulas son moneda corriente. Esto no ocurre únicamente en la política. En el universo empresarial de América Latina y el Caribe las mujeres ocupamos solamente el 15% de los cargos directivos y somos propietarias del 14% de las empresas, según datos del Banco Interamericano de Desarrollo. Solo el 11% de los/las CEO (principales gerencias) son mujeres.

Como en el conocido mito de Teseo y el Minotauro de Creta, para sobrevivir al laberinto es necesario no perder de vista el camino recorrido. En este breve ensayo quiero proponer dos ideas centrales. Primero: los obstáculos de las mujeres no son individuales, sino estructurales. En promedio, tenemos menos tiempo y dinero (recursos valiosos en la política y la vida empresarial), nuestra participación laboral es desigual, estamos más expuestas a la violencia en razón de género y nos socializamos en normas culturales patriarcales que asocian la masculinidad con el poder. Segundo: la posibilidad de superar los obstáculos no depende únicamente del talento y esfuerzo personal, sino de la existencia de políticas y esfuerzos públicos y organizacionales. La reformas electorales de paridad que abren espacios para la mayor participación numérica de las mujeres en los cargos políticos conviven con grandes brechas de desigualdad que requieren nuevos arreglos sociales e institucionales urgentes.

Como lo muestra la CEPAL, en una decena de países latinoamericanos donde hay mediciones, el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado (provisión de alimentos, atención a niños, niñas y personas adultas dependientes, organización de los hogares, realización de tareas comunitarias) representa entre un cuarto y un quinto del Producto Interno Bruto (PIB) y el 74% es realizado por mujeres. Esto reduce el tiempo disponible para el trabajo remunerado y condiciona la inserción en el mercado (menores tasa de actividad, desempleo más alto, subempleo o mayor precariedad, etc.). La pandemia de COVID-19 puso más de relieve la desvalorización e injusta distribución del cuidado. En Argentina, el trabajo de cuidados no remunerado representaba un 16% del PIB antes de la pandemia, y ascendió al 22% en 2020. Sin una redistribución sustancial de estas tareas difícilmente pueda alcanzarse la paridad real en el poder, superarse la subordinación y erosionarse las bases materiales que refuerzan la discriminación y las violencias hacia las mujeres.

El 8 de marzo de 1908, en una fábrica de Nueva York (Estados Unidos), 129 mujeres iniciaron una huelga en su lugar de trabajo. Reclamaban una reducción de la jornada laboral a 10 horas, un salario igual al que percibían los varones por las mismas tareas y la mejora de las condiciones laborales. El propietario ordenó cerrar las puertas para que las huelguistas desistieran y abandonaran el lugar. El edificio se incendió y el saldo fue la muerte de las propias obreras. En 1977 la Asamblea General de las Naciones Unidas designó oficialmente el 8 de marzo como Día Internacional de las Mujeres.

Esta breve historia recuerda que la igualdad laboral siempre ha sido una demanda central del movimiento de mujeres. Uno de los grandes aportes de los feminismos ha sido la ampliación del concepto, abarcando tanto el trabajo que se realiza a cambio de una remuneración, como el trabajo no remunerado. ¿Cuántas veces escuchamos decir que una mujer que no recibe un pago “no trabaja”? Sin embargo, suelen ser mujeres que están sobrepasadas de tareas, con pocas horas de descanso y de ocio.

Si se desea avanzar hacia una democracia paritaria, las reformas electorales inclusivas de género son una condición necesaria, pero no suficiente. Una democracia donde mujeres y varones gocemos efectivamente de los mismos derechos y obligaciones en todas las esferas de la vida política, económica, social, cultural y familiar necesita medidas que resuelvan brechas estructurales y permitan compartir el poder. Es clave diseñar y financiar políticas que transformen el actual patrón de división sexual del trabajo para que las mujeres no sigamos desarrollando el grueso del trabajo invisible y no pago que sostiene las economías. Es vital fortalecer mecanismos y servicios integrales, cercanos y eficaces para atender y prevenir la violencia en razón de género (incluida la violencia laboral y política), así como fortalecer la educación en valores, equidad e igualdad. De lo contrario, nuestra participación en altos puestos de toma de decisión seguirá siendo condicionada, excepcional y mucho más exigida. La discusión no es nueva, pero sigue vigente.