No deja de sorprenderme la facilidad con la que opinadores que uno supone están bien informados, o al menos tienen manera de informarse, publican o difunden textos que en realidad son fake news que confunden o engañan a sus lectores o seguidores.

Es el caso de la iniciativa aprobada recientemente en la Cámara de Diputados, pendiente de dictamen y votación en el Senado, para determinar el destino de las cuentas bancarias inactivas por más de seis años, con saldo mayor al equivalente a 300 salarios mínimos diarios.

Por una reforma aprobada en 2008 a la Ley de Instituciones de Crédito (artículo 61), a propuesta del presidente Felipe Calderón, los recursos depositados en las cuentas bancarias, inactivas por tres años son enviados por cada banco a una cuenta global, en donde quedan otros tres años. Si en ese periodo el titular de la cuenta se presenta y reclama su dinero, el banco está obligado a entregarlo de inmediato. Si pasados esos tres años adicionales la cuenta permanece inactiva, la ley dispone –desde 2008- que los recursos de las cuentas con saldos menores a los 300 días de salario mínimo sean entregados a la beneficencia pública.

El detalle es que, para las cuentas bancarias inactivas con saldos mayores a los 300 días de salario mínimo, la ley es omisa, por lo que los recursos depositados en esas cuentas quedan en beneficio de los bancos, salvo que el titular aparezca y los reclame. Hoy en día no se cuenta con información pública sobre el monto total de recursos existentes en el sistema bancario mexicano por ese concepto. Lo que sabemos es que los bancos son los beneficiarios últimos de esa omisión legal.

Lo que propone la reforma aprobada por los diputados es que las cuentas bancarias inactivas con saldos mayores a 540 unidades de medida (UMA) (ahora son 300 días de salario mínimo) tengan el mismo tratamiento legal que las otras, es decir, que pasados seis años prescriba el derecho de sus titulares. Pero mientras que las de saldos menores a ese número de UMAS seguirán quedando a favor de la beneficencia pública, las de saldos mayores quedarán a favor del Estado, que por ley destinaría esos fondos a estados y municipios para financiar el fortalecimiento de sus cuerpos de policía.

“Expropiación”. “Incautación”. “Robo”. Son términos usados por no pocos opinadores para calificar la reforma en curso. No hay tal. En todo caso la polémica está entre quienes prefieren que los bancos privados se sigan quedando con esos recursos, o quienes postulan que sean entregados al Estado, para un destino establecido por la ley. Me adscribo a la segunda opción.

Entiendo y comparto la legítima preocupación de quienes plantean la rudeza de una medida de prescripción del derecho de los cuentahabientes bancarios, sea a favor de la beneficencia pública o del Estado, y creo que la preocupación puede atenderse en el Senado, con algunos cambios a la Minuta turnada por la Cámara de Diputados.

En específico, podría establecerse en el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito que los derechos de los cuentahabientes, sin importar el monto del saldo de la cuenta inactiva, estarán a salvo por un periodo de diez años, y solo prescribirán una vez transcurrido ese plazo, en línea con la regla general que para la prescripción establece el Código Civil Federal.

El Senado también debería establecer un procedimiento más riguroso y confiable para que los bancos informen a sus clientes de la inactividad de sus cuentas, antes de cumplirse los primeros tres años de esa situación, y de nuevo una vez que estén por cumplirse seis años. Esas notificaciones deberían hacerse tanto en el domicilio del cuentahabiente como mediante publicaciones de amplia difusión pública y fácil consulta.

Los recursos de esas cuentas serían entregados a la beneficencia o al Estado, como se propone en la Minuta, a los seis años, pero el derecho de sus titulares a reclamar su dinero seguiría vigente cuatro años más. En su caso, debería crearse un fondo de reserva en el Banco de México para atender de manera inmediata a los titulares de las cuentas que, dentro del plazo de esos cuatro años finales, reclamen su dinero.

La Asociación de Bancos de México ofreció el 16 de octubre pasado (comunicado 13/2022) su colaboración a las Cámaras del Congreso de la Unión para proporcionar la información que permita tomar mejores decisiones. Ojalá en el Senado les tomen la palabra.