Por muchos años, las mujeres en todo el mundo no fuimos consideradas ciudadanas; estábamos confinadas únicamente a los espacios privados. Por el contrario, la vida pública y las relaciones de poder correspondían en su totalidad a los hombres. Durante la Revolución Francesa, la autora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía, Olympe de Gouges, reclamó para las mujeres los mismos derechos obtenidos por los hombres. En 1948, la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas reconoció iguales en dignidad y derechos a todas las personas. A partir de ese hito histórico, las ciudadanas y ciudadanos obtienen derechos civiles de igualdad y libertad, derechos sociales, económicos y, por su relevante importancia, los derechos políticos.

En México, en 1916 se celebró el Primer Congreso Feminista de Yucatán, en el que mujeres progresistas solicitaron el acceso a la educación y mejores oportunidades laborales.

Hermila Galindo propuso al Constituyente de Querétaro una reforma para otorgar el derecho de voto a las mujeres. Ella fue la primera mujer en postularse como candidata a diputada federal, dejando precedente para que mujeres como Rosa Torre González, Elvia Carrillo Puerto, Beatriz Peniche de Ponce y Raquel Dzib Cicero fueran las primeras mexicanas en acceder a cargos de elección popular a nivel local (1923). En ese mismo año, en Yucatán, Chiapas y Tabasco se reconoció la igualdad jurídica para las mexicanas.

El octubre de 1953, finalmente, las mujeres obtuvimos derechos políticos plenos y nos reconocieron como ciudadanas, dando paso a mujeres como Aurora Jiménez, primera diputada federal por Baja California, María Lavalle Urbina y Alicia Arellano Tapia, primeras senadoras de la República, y a Griselda Álvarez Ponce de León, quien en 1979 fue la primera gobernadora en la historia de México por el estado de Colima.

Con el fin de promover las candidaturas femeninas, en 1996 se aprobó, en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (cofipe), una reforma para que las candidaturas al Senado y la Cámara de Diputados y Diputadas no excedieran del 70 por ciento para un mismo género. Esta tendencia fue aumentando con la lucha de legisladoras y sociedad civil, órganos reguladores y la ciudadanía.

En paralelo, México cuenta con marcos legales apegados a los derechos humanos que buscan acortar las brechas de género. Además, el Estado Mexicano se ha adherido a instrumentos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (cedaw, por sus siglas en inglés) o la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Belem Do Pará, entre otros.

En este sentido, quiero reconocer a una mujer icónica del Partido Revolucionario Institucional (pri). Mujer que nació con la idea de igualdad y quien ha asumido con orgullo la responsabilidad de las mujeres en la arena político-electoral y significa un ejemplo de fortaleza inquebrantable para todas las mexicanas y mexicanos.

La actual senadora Beatriz Paredes Rangel, primera gobernadora del Estado de Tlaxcala, segunda a nivel nacional y la más joven en ocupar ese cargo y quien representa una constante en la vida política de México. Ha sido una fuerte promotora de la cultura de nuestro país. Ha sido diputada local, diputada federal y senadora, así como presidenta de la mesa directiva en la Cámara de Diputados. Presidió nuestro partido de 2007 a 2011 con un destacado desempeño en el cargo. Fue la primera mujer que contestó un informe presidencial –a José López Portillo– y también la primera en ser dirigente nacional de la Confederación Nacional Campesina (cnc). Ha sido embajadora de México en Cuba y Brasil y fue integrante de delegaciones ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco, por sus siglas en inglés), la Organización de las Naciones Unidas (onu) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (fao, por sus siglas en inglés).

México, un país

mayoritariamente de mujeres

La Reforma Constitucional de Paridad de Género en los órganos del Estado, aprobada en 2019, tiene como antecedente la de 2014 –impulsada desde el sexenio pasado– y sienta las bases sólidas y legales para que la participación política de las mujeres se dé en todos los niveles.

Ahora, el reto es incrementar y consolidar la participación de las mujeres en espacios de tomas de decisiones: en la vida interna de los partidos y en la esfera pública, como son las alcaldías, gubernaturas, las juntas de coordinación política en el Senado, Cámara Baja y los congresos locales.

Actualmente, por ejemplo, el Senado de la República se conforma por 8 grupos parlamentarios, sin embargo, solo existen 2 coordinadoras y 6 coordinadores.

En la Cámara de Diputados y Diputadas, el escenario es más adverso para las mujeres: de 8 coordinaciones solo una es ocupada por una mujer.

En los congresos locales, de 32 juntas de Coordinación Política, 24 presiden hombres y 8, mujeres.

Esta desigualdad en los órganos de gobierno legislativos se presenta en los espacios de tomas de decisiones, pese a que la proporción numérica de legisladores y legisladoras guarda un equilibrio. Esta desigualdad se ve reflejada en la vida diaria de las mexicanas y mexicanos al ser en estos espacios donde se realizan y aprueban las iniciativas (ver gráfica).

Según datos del Instituto Nacional Electoral (ine), la lista nominal, al 31 de enero de 2020, se compone de 88,533,520 ciudadanas y ciudadanos mexicanos, de los cuales el 52 por ciento son mujeres mientras que el 48 por cierto son hombres.

Cada año los partidos políticos tienen la obligación de destinar el 3 por ciento de su presupuesto ordinario para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres.

El cuadro de abajo muestra el financiamiento público que corresponde a cada partido político para el ejercicio 2020.

Poblacionalmente y en la lista nominal somos más mujeres, de ahí que sea válido cuestionar si el porcentaje etiquetado para el liderazgo político de mujeres es insuficiente.

En el Organismo Nacional de Mujeres Priistas (onmpri) hemos logrado incorporar en los Estatutos de nuestro partido el principio de igualdad sustantiva como eje rector de toda actuación del instituto político, así como elaborar el Protocolo para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género.

En promedio, anualmente se ha capacitado a más de 10 mil mujeres de todo el territorio nacional, además de recibir 23 mil solicitudes, en dos generaciones, de la Escuela Nacional de Mujeres Priistas, plataforma digital que capacita a las mujeres en el liderazgo político y empoderamiento de la mujer.

En el presente año llevaremos a cabo 15 grandes proyectos en todo el territorio nacional en materia de capacitación, formación, investigación, análisis y estudios comparados, así como su divulgación y difusión, dentro del esquema del 3 por ciento de financiamiento para actividades ordinarias para el liderazgo político y empoderamiento de la mujer.

Igualdad sustantiva:

un pendiente por alcanzar

Es innegable que en los últimos cien años las mujeres mexicanas hemos registrado avances muy importantes en materia social, económica y política. Sin embargo, aún enfrentamos rezagos, barreras y retos.

Hoy, nuestro reto más importante es construir un nuevo paradigma acorde a las exigencias del escenario nacional e internacional. Necesitamos dar el siguiente paso en un contexto cada vez más competido y dejar huella en una era en la que casi todo es efímero.

El primer gran reto de las mujeres de hoy, desde mi punto de vista, es superar el estigma atávico de que el peor enemigo de una mujer es otra mujer. La competencia entre mujeres es muy valiosa y no sólo debemos practicarla todos los días, sino fomentarla. Pero debe ser una competencia, no para derrotarnos entre nosotras, sino para superarnos y ser mejores, para estar más preparadas como empresarias, intelectuales, productoras, profesionistas, políticas, etc., en una palabra: para ser mejores lideresas en cada campo en que nos desempeñemos.

El segundo desafío, más allá de las ideologías, los colores y las siglas, es tener claro que –por encima de todo– las mujeres somos más de la mitad de quienes habitamos el país. En esa misma proporción tienen que ser nuestros ámbitos de acción y competencia. Tenemos que ir por lo que nos corresponde, pero si lo hacemos de forma aislada, cobijadas únicamente por nuestros partidos, tal vez tenga que pasar otro siglo parar lograrlo y no podemos darnos ese lujo, porque entonces no estaríamos haciendo justicia a quienes nos antecedieron, fallaríamos como generación y quedaríamos en deuda con las generaciones emergentes.

Como tercer reto, tenemos que luchar en sororidad para lograr que las reglas del juego democrático –que hoy nos permiten acceder a los mismos cargos que los hombres– se traduzcan en igualdad en las posiciones de toma de decisiones. Las mujeres competimos y ganamos elecciones, es verdad, pero en la conformación de órganos de gobierno en los congresos federales y estatales (liderazgos de grupos parlamentarios, presidencias de comisiones y de juntas de gobierno) aún predominan los hombres. El mismo escenario se vive en la integración de los gabinetes estatales, indistintamente del partido político de origen.

En conclusión: es necesario que trabajemos juntas de la mano, luchar por lo que nos corresponde, honrando a las mujeres que nos han abierto camino.

Nosotras, todas, tenemos la palabra… vayamos juntas por México.