Tengo por varios dirigentes y legisladores del partido Movimiento Ciudadano (MC) aprecio y respeto. A su dirigente nacional, Dante Delgado, me une una amistosa relación política desde que ambos fuimos diputados federales en la LIII legislatura (1985-1988). Cuando el hoy senador Delgado fundó en 2002 su partido, entonces llamado Convergencia, yo participaba en el proyecto de crear otro partido. Incluso hubo un momento, en aquel año, en que analizamos la opción de ir juntos en un mismo proyecto.

MC no solo ha mantenido su registro como partido político nacional, sino que ha crecido de manera importante a nivel nacional. En Jalisco y Nuevo León alcanzó victorias electorales que le permitieron tener dos gobernadores emanados de sus filas. Uno de ellos Samuel García.

Por ese conocimiento y reconocimiento es que me sorprende el respaldo, por acción o por omisión, de la dirección nacional de MC a las provocaciones que Samuel García viene realizando en su pretensión de imponer, por la fuerza y contra toda razón jurídica, a quien lo sustituya, con la calidad de gobernador interino, durante el periodo de la licencia que solicitó, y el Congreso de Nuevo León autorizó, del 2 de diciembre de 2023 al 2 de junio de 2024.

Más allá de los retruécanos que una mayoría de magistrados de la sala superior del TEPJF introdujo en la sentencia que rechazó la pretensión de Samuel García a que se le diera el derecho de designar al gobernador interino, la resolución de ese tribunal electoral es contundente: conforme a la Constitución de Nuevo León, corresponde al Congreso local designar, por mayoría absoluta de votos de los diputados presentes en la sesión respectiva, al gobernador interino.

En el mismo sentido se había pronunciado días antes el ministro de la SCJN, Javier Laynez Potisek, al admitir la controversia interpuesta por el Congreso de Nuevo León para combatir la inconstitucional designación de gobernador interino que Samuel García hizo en favor de su secretario de Gobierno. En su resolución el ministro Laynez anuló también la designación que el Congreso local hizo a favor del presidente del Tribunal de Justicia local, por no cumplir los requisitos constitucionales, y ordenó a dicho Congreso proceder a realizar una nueva designación, en uso de su facultad exclusiva.

Lo que invoca Samuel García son precedentes vinculados a la designación de gobernador interino por el fallecimiento del que estaba en funciones. Por una cortesía política, a la muerte del gobernador de Baja California, el panista Héctor Terán, el presidente Zedillo intervino, a través de la Secretaría de Gobernación, para que el designado para concluir el mandato fuera alguien propuesto por el PAN. Ninguna regla jurídica establecía esa condición. Lo que se hizo fue invocar el respeto a la voluntad original del electorado. Sin embargo, en el caso de la trágica muerte de la gobernadora panista de Puebla, ocurrida en diciembre de 2018, la “regla” -no escrita- no fue cumplida y el designado gobernador interino fue un militante del PRI.

La Constitución de Nuevo León establece las reglas y procedimientos para designar gobernador interino. En ella no existe asidero alguno para las pretensiones de Samuel García. Tampoco lo hay en las sentencias de la Corte y del TEPJF. El amparo que un juez laboral de la CDMX le otorgó el día 29 de noviembre es una chicana de baja estofa, que amerita la intervención inmediata del Consejo de la Judicatura local.

Tampoco asiste razón a Samuel García cuando invoca una inexistente regla de consenso, que se pretende leer como unanimidad, y el supuesto derecho exclusivo de MC a proponer al gobernador interino. Aunque la palabra “consenso” fue indebidamente introducida en la sentencia del TEPJF, de la lectura de la versión estenográfica del debate entre los magistrados de la Sala Superior queda claro que no puede interpretarse como obligación de “unanimidad” al designar al gobernador interino, ni tampoco como derecho exclusivo de MC a proponer a quien desempeñe ese cargo durante la ausencia de Samuel García, por la licencia que solicitó y obtuvo.

Las provocaciones de quien, violando la Constitución se ostenta al mismo tiempo como precandidato presidencial único de MC y gobernador de Nuevo León, han pasado al terreno de los hechos de violencia y el uso ilegal de la fuerza pública. El asalto al recinto del Congreso de NL, por sujetos que se ostentaban como afiliados a MC, y el uso de la policía estatal para impedir el paso al Palacio de Gobierno estatal, en Monterrey, del personal del Congreso que tenía la encomienda de notificar la designación de gobernador interino realizada la noche del martes 29, constituyen delitos que corresponde atender y sancionar a la justicia penal.

Aún hay tiempo para que la dirección nacional de MC se deslinde de los actos de provocación y violencia de Samuel García. Para que sus integrantes hagan valer y honren su obligación y compromiso, personal y político, de actuar en el marco de la Constitución y las leyes. Una candidatura presidencial obtenida sobre la violación a la ley y la barbarie no merece apoyo de nadie que se precie de ser y actuar como demócrata.

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