En previsión del rechazo opositor a la iniciativa presidencial de reforma constitucional electoral, el coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, anunció hace varios días que la convocatoria para la renovación de 3 consejeros electorales y del consejero presidente del INE será expedida antes del 15 de diciembre de este año.

Sin cambio constitucional, a reserva de conocer las iniciativas que den sentido y forma al llamado “plan B” del presidente, la renovación parcial del Consejo General del INE es el hecho más importante previo al arranque formal del proceso electoral de 2024, que ocurrirá la primera semana de septiembre de 2023.

Sin reforma, lo que la convocatoria deberá establecer, al menos, es la secuencia, plazos y fechas límite para llegar al punto casi final: la entrega a la Cámara de Diputados de tres quintetas de aspirantes a consejero electoral, y una más con los aspirantes a consejero presidente del INE.

Las quintetas son decididas por los integrantes del Comité Técnico de Evaluación (CTE), único responsable de esa tarea. De los siete integrantes del CTE, 3 los nombra la JUCOPO en San Lázaro (en las experiencias previas el criterio para nombrar ha sido que cada uno de los 3 mayores grupos parlamentarios propone uno). De los otros 4, dos los nombra la CNDH, y dos el INAI. Cuatro integrantes del CTE hacen mayoría.

Los aspirantes, sin límite de número, se inscribirán para ser evaluados por el CTE. Hecha la evaluación la quintetas que apruebe ese Comité no pueden ser cambiadas o alteradas. Una vez que son entregadas a la JUCOPO, inicia la negociación para seleccionar un aspirante por cada quinteta. De alcanzar el acuerdo que asegure los votos, la JUCOPO presenta al pleno una lista con tres candidatos a consejero electoral. La candidatura a consejero presidente se presenta por separado. El pleno no conoce ni discute las quintetas. Discute y vota la propuesta, cerrada y bloqueada, de la JUCOPO

La clave es la integración del CTE.

Si la JUCOPO no presenta propuestas, o en el pleno éstas no alcanzan el voto a favor de dos terceras partes de los presentes, se debe realizar un sorteo. Uno para cada quinteta. Y si en San Lázaro no se hace el sorteo, entonces lo deberá hacer la Suprema Corte de Justicia.

El procedimiento está regulado, de cabo a rabo, en el artículo 41 de la Constitución. Algo de forma se podría cambiar en las leyes, pero no lo principal.

Si un partido controla a 4 de los 7 integrantes del Comité, podrá decidir las quintetas como mejor le convenga, para luego ir al sorteo, en que tendrá todo para ganar. Las combinaciones posibles para integrar el CTE son múltiples. Me detengo en la que parece más factible en esta ocasión.

El partido mayoritario y sus aliados respetan la práctica previa y toman solo un lugar de los 3 de la JUCOPO.

De los dos que nombra la CNDH determinan los dos.

De los dos que nombra el INAI, determinan uno.

En la hipótesis anterior, existirán 4 votos “amarrados” en el CTE. El partido beneficiario de esa condición puede apostar a que, si hay sorteo, gana. La opción democrática es que ningún partido, o alianza de partidos, tenga mayoría en el CTE.

Desde abril de este año se discute la reforma electoral. Lo único cierto es que el 3 de abril de 2023 concluye el mandato de 3 consejeros electorales y del presidente del INE.

Desde la sociedad y sus organizaciones podrían salir propuestas de ciudadanos de reconocido prestigio para integrar el Comité Técnico de Evaluación. Mujeres y hombres imparciales, con independencia respecto del gobierno, los legisladores y los partidos políticos, y con una pizca de conocimiento sobre el sistema electoral y sus instituciones.

En la misma vía, si de activar a la sociedad para que sea partícipe en este asunto. Una forma es crear un grupo de ciudadanos que observen, analicen y opinen sobre la integración, desempeño y resultados del Comité Técnico de Evaluación. ¿Quién le entra?

En el bosque electoral, no hay que perder de vista el árbol.