Si en 1988 en la Comisión Federal Electoral (CFE) se hubiera aprobado que las boletas sobrantes en cada casilla no serían inutilizadas, que habría una sola urna para recibir todas las boletas, que el escrutinio y cómputo no lo harían los ciudadanos de la mesa directiva de casilla sino los funcionarios en los comités distritales, o que por falta de presupuesto solo se instalaría la mitad del total de casillas de la elección inmediata anterior, seguramente las oposiciones, de derecha a izquierda, nos habríamos retirado del proceso electoral.

Al iniciar 1990, en respuesta a la reticencia del gobierno de aceptar un nuevo padrón electoral, los representantes del PAN y el PMS ante la CFE comunicamos al secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios, la decisión de nuestros respectivos partidos de no participar en las elecciones intermedias de 1991. La SHCP argumentaba que no había dinero para atender esa demanda. El presidente Carlos Salinas fue informado. Al día siguiente se nos comunicó la aceptación del gobierno. Habría nuevo padrón y se expediría la credencial de elector con fotografía.  

En 1994 Jorge Carpizo se refería a las exigencias opositoras de cambios en las reglas electorales como “la feria de las desconfianzas”. Para construir la confianza el gobierno y el PRI aceptaron múltiples medidas para garantizar elecciones libres y justas, con resultados auténticos. El mismo Carpizo llamó a esas medidas “candados de seguridad”. Cada una implicó mayor gasto. Pero nunca el entonces secretario de Gobernación y presidente del IFE utilizó el argumento de la falta de dinero para negar a las oposiciones el cumplimiento de sus exigencias.

En octubre de 1996 el gobierno y el PRI aprobaron un nuevo esquema de financiamiento público para los partidos políticos. Implicó un aumento muy considerable del gasto electoral. Los entonces dirigentes nacionales del PAN y el PRD, Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador, rechazaron esa parte de la reforma electoral, pero pronto aceptaron el abundante dinero de las arcas públicas. Al año siguiente el PRI perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Tres años más tarde perdió la presidencia de México.

En 2025, por el recorte que el gobierno ordenó al presupuesto del INE, para la elección judicial serán instaladas 84 mil casillas, no las 170 mil que funcionaron en junio del año pasado. Por igual motivo, en cada casilla en lugar de tener una urna para cada boleta, habrá una misma urna para todas. Además, ha sido aprobado por el INE que las boletas sobrantes no sean inutilizadas, sino que se metan en un sobre y se entreguen a los consejos distritales, en donde funcionarios y personal del INE harán el escrutinio y cómputo de cada casilla, desde la noche del domingo 1º de junio hasta concluir. 

Por su control del INE, Morena podrá disponer de las boletas no utilizadas para, llegado el caso, decidir al ministro, magistrado o juez que a sus intereses convenga. La cereza del pastel es que, por primera vez en la historia, el INE ofrecerá a los ciudadanos, por internet, “capacitación” sobre la forma de votar. Con fuerte dosis de humor negro circulan en redes avisos que dicen “Ya tenemos los resultados. Solo faltan las elecciones” 

Es insólito que el INE haya aprobado que cada elector, después de votar, doble las 8 boletas y las meta todas en una sola urna, que cuando se llene será retirada y se colocará otra, hasta que se vuelva a llenar. Cuando la casilla cierre, se abrirán las urnas, pero no para contar los votos, sino solamente para separar las boletas, conforme al color de cada una de ellas. Realizado lo anterior, los directivos de casilla meterán las boletas usadas en un sobre, y en otro las no utilizadas. Luego llevarán el paquete al consejo distrital del INE que les corresponda. Esas reglas, contrarias a la integridad electoral, fueron confirmadas el miércoles pasado por la mayoría de 3 magistrados afines a la 4T de la Sala Superior del TEPJF.

En el origen de esta situación se encuentra la inconstitucional sobrerrepresentación que el INE y el TEPJF otorgaron a Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados. Lo que estamos viendo son sus consecuencias, entre otros temas en la elección judicial, que puede estar anticipando lo que harán en la siguiente reforma electoral para conseguir el objetivo central de la 4T: perpetuarse en el poder  

Desde la fundación del IFE y del TRIFE, en 1990, nunca vimos a las autoridades electorales nacionales pasar por encima de la Constitución, las leyes electorales y sus propios reglamentos. Desde 2024 lo están haciendo. Ni siquiera la CFE se atrevió a tanto. En los primeros metros recorridos del segundo piso de la 4T México ha dejado de tener autoridades electorales imparciales, apegadas a la legalidad. El nuevo régimen político tendrá en su cimiento la ausencia de condiciones para la alternancia en el ejercicio del poder. 

Ante lo que estamos viendo, quizá pronto solo nos quedará volver a marchar en las calles y plazas de todo México, con la consigna ¡repudio total al fraude electoral!

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