La elección de una mujer a la Presidencia de la República, por vez primera en un país como México, no es una casualidad ni responde meramente a una “buena campaña electoral”. Independientemente de los méritos personales de Claudia Sheinbaum Pardo y de la inteligente avanzada política de la alianza que la llevó al poder, su elección debe ser leída como un resultado de la historia contemporánea y, por lo mismo, quisiera compartir algunas reflexiones sobre la conexión entre diversos aspectos de la participación política de las mujeres. 

 El derecho al voto fue conquistado luego de extensas luchas de las generaciones que nos precedieron en diversas partes del mundo, y fue el primer avance en materia de participación política. Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, no ha cesado la presión internacional para avanzar en el reconocimiento y en la exigibilidad de los derechos humanos de las mujeres, entre los cuales la participación política es central. En 1953, se adoptó la Convención sobre los Derechos Políticos de las Mujeres; en 1965, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial que, en su artículo 5 c), consagró la importancia de la participación política; en 1966 se reconoció el mismo derecho en el artículo 25 del Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos. En 1969, la Convención Americana incorporó estos derechos en el artículo 23. Más adelante, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, adoptada por la Asamblea General de la ONU en 1979, consagró en sus artículos 7 y 8 el derecho a la participación política, a elegir y a ser elegida en los ámbitos nacionales e internacionales. Hizo lo propio en 1994, en su artículo 4 f), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer, y en 2006, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

Hay varias declaraciones de la ONU en diversas instancias que impulsan el derecho a la participación política, pero es solamente ahora que, algunos países como México, han desarrollado sólidos marcos legislativos sobre la implementación de la paridad en la política. Inicialmente, se implementaron cuotas que generalmente favorecieron llegar al 30 % de participación de las mujeres en puestos de elección. Fue un avance, pero ahora la meta es llegar, por lo menos, a la paridad. El Comité CEDAW está en proceso de desarrollar la Recomendación General # 40 sobre la representación igualitaria e inclusiva de las mujeres en la toma de decisiones. Será adoptada este 2024 y marcará un hito en la interpretación de los artículos 7 y 8 de la Convención. 

En diversos momentos de la historia, figuras femeninas han saltado a la palestra por sus extraordinarias cualidades personales, pero no había alrededor de ellas un movimiento social, como es el caso actualmente, en muchos lugares del planeta. El siglo XX consolida diversos movimientos liberadores, entre ellos, el de las mujeres, y abre la compuerta de cambios sustanciales en las relaciones sociales y, a su vez, en el manejo del poder. Aunque persiste el dominio de sectores económicos que imponen figuras en la política, también se observan tendencias democratizadoras que han facilitado la llegada de mujeres a posiciones de poder, como es el caso de México, donde la representación de mujeres está ampliamente extendida, por lo menos en sectores públicos. 

Todavía estamos ante una casuística que tiene explicaciones puntuales, pero, poco a poco, muchos sectores políticos entienden que la paridad es una necesidad contemporánea para renovar y democratizar la política. Eso no quiere decir que la llegada de las mujeres a la política resuelva los problemas que la política presenta en estos tiempos. No caben esencialismos para sustentar que la presencia de mujeres es siempre un signo de mejora social. Existen diversos sectores retrógrados que también postulan entre sus listas a mujeres y, es observable que, en algunos países, se ha proyectado, en espacios políticos, a mujeres sumamente reticentes a formular propuestas de avances sustantivos de la agenda social o, peor aún, sin las competencias básicas para ejercer cargos importantes. Hay una complejidad en el camino hacia la representación de las mujeres en la política. Son los altibajos con los que hay que convivir mientras se consolida el proceso de ampliación del liderazgo político de las mujeres. 

En realidad, todas las organizaciones políticas están obligadas a avanzar. Cuando existen normativas precisas, como es el caso de México, la paridad tiene que ser respetada por las organizaciones políticas, particularmente por los partidos. Ese es un nudo que debe ser disuelto porque todavía hay resistencia a la irrupción de mujeres en la política de parte de quienes antes tenían el monopolio de la representación popular. Sin lugar a dudas, ya no hay vuelta atrás. El voto popular también evoluciona para dar mayor amplitud a la representación de sus intereses, no sólo es un tema de paridad, también lo es de representación de los pueblos indígenas, de las poblaciones afrodescendientes, de las minorías, de la representación de las personas con discapacidad, de las personas migrantes, de quienes expresan diversidades sexuales, entre otras, pero sin dejar de lado la paridad sustantiva. 

La representación de las mujeres va a avanzar y se va a consolidar, pero es imprescindible tomar en consideración que no sólo se trata de aplicar la paridad en las elecciones de órganos legislativos o en la Presidencia de la República y en los órganos del Poder Ejecutivo. Es muy importante que suceda lo propio en las instancias electorales y en el Poder Judicial, así como en todos los espacios de poder local. Igualmente debe extenderse a la dirección del empresariado privado y a la conducción de todas las entidades financieras estatales y privadas. Se requiere la representación de las mujeres en su más amplia diversidad, en todos los niveles de la administración pública y, en los ámbitos privados, incluyendo los partidos políticos, los sindicatos, las entidades asociativas, de profesionales, y toda forma de sociedad civil, sin ningún tipo de discriminación.

Las mujeres siguen avanzando en la adquisición de conocimientos en todo ámbito y, por lo mismo, las políticas educativas deben propiciar que los niveles más elevados de formación cuenten también con mecanismos no discriminatorios que favorezcan el ingreso de mujeres en campos vinculados también a las matemáticas, a la ciencia y a la tecnología. Asimismo, en el espíritu visionario de la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño (1989), las niñas tienen el derecho a ser escuchadas en toda instancia donde se traten asuntos que les afecten. Tomar en cuenta las diversas voces de las nuevas generaciones, lo más pronto posible, abrirá las compuertas de una participación política sustantiva para todas las personas que antes sufrieron discriminación y diversas formas de exclusión. 

La Recomendación General # 40, cuya adopción está prevista para la última sesión del Comité CEDAW de este año 2024, insiste en que el avance hacia la paridad es una superación de las meras cuotas y postula, además, una igualdad interseccional, es decir, que se incluya a la amplia gama de mujeres en todas las instancias o espacios de toma de decisiones, sin olvidar a las adultas mayores. No menos importante es la regulación del artículo 8 de la Convención CEDAW que se refiere a la representación internacional de los países. Generalmente, se trata de la paridad en el nombramiento del personal diplomático, pero también debe incluirse a la representación en organismos internacionales.

La interpretación de los mandatos de la Convención CEDAW obligará a los Estados parte de la Convención a detallar en sus informes de cumplimiento ante el Comité CEDAW cuál es la realidad de la participación política de las mujeres en la toma de decisiones. Asimismo, tendrán que revisar los mecanismos para evitar discriminación política contra las mujeres en todas las instancias públicas y privadas. 

Es de suma relevancia que se establezcan observatorios para verificar los avances de la participación política de las mujeres y para detectar las formas de violencia que sufren cuando expresan la voluntad de participar en cualquier ámbito de la actividad política. Los Estados parte deben hacerse cargo de prevenir, sancionar y erradicar toda expresión de violencia política contra las mujeres. 

Sin lugar a dudas, hay un horizonte lleno de esperanza para la evolución de la participación política. Habrá muchas presidentas de la República y será necesario cautelar esta evolución para evitar que los aspectos negativos del manejo del poder perviertan y diluyan lo interesante que es tener a personas como Claudia Sheinbaum Pardo, formadas con un sólido espíritu de servicio, para garantizar la indispensable evolución social y económica, imprescindible para nuestras sociedades, ávidas de verdaderas políticas avanzadas de cuidado, no sólo de la sociedad, sino de nuestra madre naturaleza.