El lunes 14 de este mes culminó la primera reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ese mismo día, en edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, fue publicado el “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de elección de personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación”. 

Menos de una semana tardó la mayoría oficialista en ambas Cámaras en aprobar las iniciativas de la presidenta. Usando y abusando de su inconstitucional mayoría calificada, la 4T ha convertido al Poder Legislativo federal en una olla exprés, de la que salen todo tipo de guisos al gusto del ex inquilino de Palacio, a cuál más intragable.

En 1986 Manuel Bartlett, entonces secretario de Gobernación convenció al presidente Miguel de la Madrid de emprender una reforma electoral cuyo núcleo fue la ampliación de la Cámara de Diputados, mediante el aumento de curules plurinominales a 200 y la implantación de un sistema que -tendencialmente- sería proporcional, para que el partido mayoritario participara de la asignación de esas curules.

En materia de organización de las elecciones, el cambio más importante propuesto por Bartlett en la iniciativa de 1986 fue que en la Comisión Federal Electoral (CFE) tendrían voz y voto los 3 partidos de mayor peso electoral, los 2 representantes del Poder Legislativo (PRI) y el del Poder Ejecutivo, que era el secretario de Gobernación, por ley presidente de la CFE. Tal configuración pretendía asegurar para el gobierno y su partido mayoría predeterminada de votos. Sin embargo, de última hora hubo un cambio de parecer y el gobierno decidió, unilateralmente, que la representación de los partidos fuese proporcional a sus votos.

El resultado fue aberrante. En la CFE el PRI tenía -por sí mismo- mayoría de votos. Es decir, si en un extremo el representante del Ejecutivo, los 2 del Legislativo y las oposiciones votaban unidos, tenían menos votos que el PRI. Fue el cenit del control gubernamental y de su partido sobre el máximo órgano electoral de México, y a la postre el punto de quiebre para su extinción.

A partir de diciembre de 1988 el presidente Salinas impulsó una nueva reforma electoral, bajo una nueva regla: incorporar a las oposiciones a la construcción de las nuevas reglas; en 1990 se aprobó la reforma constitucional y se expidió el COFIPE. Los representantes del PAN y del PMS participaron activamente en las negociaciones.

Buena parte de las nuevas reglas e instituciones, incluido el surgimiento del IFE y del TRIFE, fueron diseñadas de manera tripartita. En 1993 el PRI y el PAN aprobaron, sin el concurso del PRD, una nueva reforma, que por ello resultó en gran parte inaplicable. De 1994 a 2014 todas las reformas en materia electoral fueron negociadas y pactadas con el concurso de las oposiciones.

Para dar permanencia a la regla de diálogo y negociación, en la reforma de 1996 se convino colocar en la Constitución (Art. 54) la norma por la cual ningún partido o alianza de partidos podría tener en la Cámara de Diputados más de 300 diputados por ambos principios. Esa norma es la que el INE y el TEPJF violaron en 2024, al otorgar a la alianza oficialista 364 diputados, lo que se completó con la captura de 3 senadores de la alianza opositora. Los costos de esos hechos están a la vista.

Morena y sus aliados no solamente están cambiando la Constitución a su antojo y han emprendido el asalto y captura del Poder Judicial, sino que además han abandonado la regla de que en materia electoral el diálogo y la negociación fuesen la vía para construir consensos. En una alarmante vuelta a las andadas, de manera unilateral, haciendo de lado a las oposiciones, los senadores y diputados de la 4T acaban de aprobar reformas a la LGIPE, para poner al INE bajo su control. Lo hacen para saltar el obstáculo que les representa una mayoría de consejeros que creen en la autonomía e independencia del INE. Lo hacen para poner al INE al servicio de la 4T y en lo inmediato asegurar que la contrahecha reforma para elegir a los impartidores de justicia se desarrolle bajo su control.

Como en 1986 lo hizo el PRI con la CFE, Morena quiere tomar el control del aparato profesional, operativo y técnico del INE. Lo pretende hacer a través de la consejera presidenta, a la que otorgan el poder de designar, conforme lo determinen y autoricen el gobierno y su partido, a los directores ejecutivos y titulares de unidades equivalentes, así como disponer que la Junta General Ejecutiva quede por encima del Consejo General. Si ese inconstitucional cambio se consuma, digamos adiós a las instituciones electorales autónomas e independientes. Volveremos a los tiempos del control gubernamental de las elecciones. A los tiempos de la Comisión Federal Electoral.

Es el segundo piso de la 4T.

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