Nos encontramos frente a un cambio de época en el mundo. El impacto de la pandemia del SARS-CoV-2, cuyos efectos y duración son aún impredecibles, sumados a los desastres generados por los avances del cambio climático y por la expansión de los conflictos geopolíticos y del crimen organizado, han generado daños irreparables en la vida de la población del mundo. Las muertes tempranas han aumentado, la esperanza de vida se ha acortando, la pobreza y la desigualdad se han ampliado, así como los problemas y rezagos en materia de salud física y mental. Millones de estudiantes han abandonado las escuelas y los derechos de las mujeres han experimentado un retroceso.

Las medidas restrictivas a la movilidad adoptadas por los diversos países frente a la pandemia se han traducido en un aumento de la inestabilidad política que venía ocurriendo desde la crisis mundial de 2008-2009. Se detecta un aumento, en el último lustro, de los gobiernos autocráticos como en Estados Unidos con el gobierno de Donald Trump, en Brasil con Jair Bolsonaro, Venezuela con Nicolás Maduro, Recep Tayip Erdogan en Turquía, Vladimir Putin en Rusia y en Nicaragua con Daniel Ortega. Hungría con Viktor Orban y Polonia, con Andrzej Duda, ambos ultraconservadores, están experimentando un rápido deterioro democrático. Otros ejemplos son India, Azerbaiyán y Bielorrusia.

El surgimiento de grupos anti-vacuna y negacionistas está acentuando la polarización política aún en Estados con regímenes democráticos como son los casos de Francia y Alemania, además de poner en riesgo la vida de sus connacionales.

Los resultados en términos de mortalidad y población afectada son más desastrosos en países autoritarios de izquierda y derecha cuyos líderes no aceptan la gravedad de la situación, desprecian las medidas de higiene, distanciamiento social, así como la utilización de cubrebocas y no impulsan la vacunación.

En un contexto como el descrito se trata de examinar, a continuación, el papel que ha tenido la sociedad civil y, en particular, las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en promover la gobernabilidad democrática frente al aumento de la polarización y el autoritarismo en esta época de gran complejidad e incertidumbre.

La sociedad civil y la democracia

La sociedad civil se encuentra en el espacio público entre la esfera privada y el Estado. Los ciudadanos se organizan para alcanzar intereses e ideales colectivos compartidos y participan en actividades cívicas o políticas, en movimientos sociales, sindicatos, asociaciones profesionales, grupos religiosos, organizaciones de beneficencia y otras organizaciones no gubernamentales.

Específicamente, las principales funciones en los sistemas democráticos de las organizaciones no gubernamentales (ONG), ahora denominadas OSC, son:

1. Identificar y colocar en la agenda pública las problemáticas emergentes resultado de la evolución social, económica, cultural, ambiental y política.
   
2. Realizar innovación en las formas de atender o enfrentar esas nuevas problemáticas.
   
3. Incorporar a más actores privados, voluntarios y donantes a la esfera pública, a favor del desarrollo social.
   
4. Promover la participación y organización de los sectores más pobres, marginados y discriminados en las políticas públicas y en la toma de decisiones.
   
5. Promover y defender los derechos humanos, en particular los derechos de los grupos sujetos a discriminación.
   
6. Vigilar la realización de elecciones confiables y objetivas y promover contrapesos al poder político.
   
7. Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas de los poderes del Estado.
   
8. Contribuir a regular a las empresas y los megaproyectos a través de la defensa del territorio, organización de consumidores, denuncia ciudadana, amparos y juicios.1

Instituciones dedicadas a dar seguimiento a la evolución de la gobernabilidad democrática en diversas regiones y países desarrollan indicadores sobre la situación que guardan distintos elementos que contribuyen a los procesos democráticos, algunos de ellos relacionados, específicamente, con el desempeño de la sociedad civil. La participación de ésta es considerada un factor importante del avance democrático. Por ello resulta relevante conocer qué tan consolidadas están las organizaciones, en qué ambiente político llevan a cabo su trabajo, si gozan de autonomía del Estado, si persiguen libremente sus objetivos políticos y cívicos, el grado de participación de mujeres y de distintos grupos sociales y socioeconómicos.

El Instituto V-Dem2 en Suecia cuenta con una extraordinaria base de datos que incluye múltiples indicadores para todos los países del mundo orientados a verificar y comparar la calidad de los procesos electorales, la libertad de expresión y de los medios de comunicación, la libertad de asociación y la sociedad civil, los controles del ejecutivo y el estado de derecho.

Por su parte, Freedom House3 en su estudio Nations in Transit4 evalúa a las instituciones estatales elegidas (gobiernos locales y nacionales), a las instituciones estatales no elegidas (el poder judicial y las autoridades anticorrupción) y a las instituciones no estatales no elegidas (la sociedad civil y los medios de comunicación) todas las cuales considera necesarias para que funcione una democracia.

En materia específicamente de sociedad civil estima “la capacidad organizativa y la sostenibilidad financiera del sector cívico; el entorno jurídico y político en el que opera; el funcionamiento de los sindicatos; la participación de grupos de interés en el proceso de formulación de políticas; y la amenaza que representan los grupos extremistas antidemocráticos”.

Experiencias de la sociedad civil en gobiernos autocráticos

Con el análisis de Nations in Transit5 de esta última organización, es posible conocer las situaciones que enfrenta la sociedad civil en los países con regímenes autocráticos de Europa y Asia Centrales. A continuación, se destacan algunas prácticas.

Un aumento en la normalización y control de las osc a través de procedimientos de registro, requisitos adicionales de presentación de informes, reportes más estrictos, reduciendo el espacio para iniciativas cívicas independientes.

Se imponen restricciones al financiamiento externo de las organizaciones. En Hungría se exige que las OSC se registren como “organizaciones financiadas desde el extranjero” si reciben apoyo de donantes no húngaros por encima de una determinada cantidad.

En Kazajstán se realizan campañas de difamación pública a defensores de derechos humanos y activistas civiles, persecución política, prisión por motivos políticos y se restringe su libertad de movimiento. Para obstaculizar el monitorear de las elecciones, varias organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación enfrentaron amenazas de suspensión y multas elevadas por presuntas violaciones a procedimientos de información sobre financiamiento extranjero.

En Rusia las tácticas para presionar y controlar a las OSC abarcaron una amplia gama, incluidas investigaciones y registros legales diseñados para calificar a las OSC como agentes extranjeros, denegación de registros y otra documentación legal necesaria, esfuerzos concertados para utilizar a la policía a fin de hostigar a los organizadores, arrestos con pretextos falsos.

Otros países crean dependencia financiera fundamentalmente de fuentes gubernamentales, lo que limita su autonomía. También se procura ampliar el papel del estado en el sector cívico, promoviendo la creación y financiamiento de OSC por grupos de interés e individuos vinculados al régimen, a fin de influir en la percepción pública del papel de la sociedad civil.

Se imponen limitaciones a las asambleas y manifestaciones públicas y se encarcela y persigue a líderes de organizaciones que se oponen a las decisiones autoritarias.

En Kirguistán se dio en 2020 una brutal represión de la manifestación anual pacífica, organizada por grupos locales de mujeres el 8 de marzo. La manifestación fue atacada por tradicionalistas no identificados, mientras que las organizadoras del evento fueron detenidas. El evento de 2020 no tuvo precedentes debido a la presunta complicidad de las autoridades estatales.

Se acusa y persigue a grupos minoritarios como es el caso de los romaníes en Hungría; en otros países a los refugiados, migrantes y grupos de la diversidad sexual, y se limitan los derechos de las mujeres.

Las situaciones de emergencia decretadas en razón de la pandemia fueron usadas por algunos gobiernos para sancionar y perseguir a miembros de las OSC.

En cambio, en varios casos, ante la incapacidad de los gobiernos para proporcionar los servicios públicos necesarios frente a la pandemia, varios grupos cívicos y voluntarios comenzaron a brindar ayuda y asistencia en lugar de o en colaboración con las autoridades estatales. Los grupos convirtieron hoteles y restaurantes en centros médicos, organizaron voluntarios para entregar oxígeno a los pacientes, distribuyeron alimentos y medicinas a los necesitados durante el cierre y produjeron equipos de protección personal (EPP) para los trabajadores de la salud. También realizaron iniciativas de financiamiento colectivo, cooperación con hospitales y campañas de sensibilización.

Situación en México

La gráfica del Instituto V-Dem muestra la evolución de la participación de la sociedad civil en México desde 1900.6 El primer aumento del índice se observa en los años de la Revolución de 1911 a 1919 (0.106), cae a partir de 1920 y durante los gobiernos del PRI hasta 1934 (0.08). Presenta un breve repunte en los años de la expropiación petrolera 1937 y 1938 (0.091) para caer nuevamente desde 1939 hasta llegar 1967 (0.05) y en 1968 empieza a subir hasta 1976 (0.097). En 1977 con la reforma política se eleva a 0.146 y vuelve a tener un aumento en 1985 con el sismo (0.182). Durante cuatro años posteriores al sismo alcanza un nivel de 0.252, decae de 1990 a 1993 y a partir de 1994 hasta 2003 sube hasta su nivel más alto de 0.532. Comparativamente el nivel del índice observado en la Revolución se quintuplicó en esa última década. Es la década con un importante papel de la sociedad civil en la consecución de la democracia en México, aun cuando fuese solo representativa.

Durante los gobiernos panistas de 2000 a 2012 se mantiene el índice de participación cívica en niveles altos para volver a iniciar una caída a partir de la entrada del gobierno priista en 2013. La participación cívica se recupera durante 2017 y 2018 por el sismo y lamentablemente, en 2019 y 2020, el índice cae y alcanza niveles semejantes a 1995 de solo 0.356, un claro retroceso de 25 años.

La posición de la actual administración frente a la sociedad civil, y en particular frente las osc, es de hostigamiento y descalificación sistemática de su quehacer calificándolas como intermediarias, corruptas y conservadoras. Se deja de reconocer el interés público que representan las actividades de las osc y se viola la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil (LFFAROSC) aprobada en 2004.

El 14 de febrero de 2019 el presidente de la República emitió una circular que prohíbe a todo su gobierno destinar recursos públicos para fomentar proyectos y procesos de las OSC.7 En noviembre de 2021 se aprobó una modificación a la Ley del Impuesto sobre la Renta que pone en riesgo la recepción de donativos personales a las OSC que tienen calidad de donatarias autorizadas por el SAT.

En junio pasado, una adición al Código Penal para la Ciudad de México, equipara a quienes dirigen o administran una OSC con un servidor público, solo por el hecho de que su organización reciba recursos, fondos o apoyos públicos. Esta adición es totalmente contraria a la Constitución Federal y a la de la CDMX. Su consecuencia es que los dirigentes de las OSC podrán ser juzgados como servidores públicos y puestos en prisión en lo que se lleva a cabo un juicio para esclarecer los hechos por los cuales se les acusa.

En el Congreso existe actualmente una iniciativa para abrogar la LFFAROSC y sustituirla por una de Vinculación que no ha sido sometida a discusión con la sociedad civil.

Muchos pensábamos que la oposición y el combate a la participación y organización de la ciudadanía que caracterizó a los gobiernos del PRI por 70 años, habían sido superados. México por su larga historia de autoritarismo tiene, comparativamente con otros países, una baja densidad de organizaciones ciudadanas. De continuar con esta política, el daño hacia los grupos de mayor vulnerabilidad social, a la defensa de los derechos humanos y del medio ambiente y a la gobernabilidad democrática, será irreparable.