Obligados por el decreto de reforma constitucional, los 11 integrantes con voz y voto del Consejo General del INE, y la encargada del despacho de la Secretaría Ejecutiva, celebraron sesión el pasado lunes 23 para dar inicio al proceso electoral judicial (PEJ) 2024-2025. De la lectura de las intervenciones en esa sesión una cosa está clara: los legisladores de Morena y sus satélites han obligado al INE a tirarse un clavado en una alberca sin agua.

Sin más base jurídica que el decreto y sus artículos transitorios –todo un galimatías- publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 15 del mes en curso, la demolición del Poder Judicial y su asalto -para colonizarlo y ponerlo al servicio de la 4T- comenzó a cobrar forma en el INE, sin que hubiese referencia alguna a esa tropelía por parte de las y los consejeros electorales. Por demás revelador del estado de cosas que priva en el INE es que, de los 11 consejeros, 6 no hayan hecho uso de la palabra en la referida sesión, y solamente una, la consejera Claudia Zavala, se haya referido a los problemas de organizar una elección –inédita- sin la reglamentación legal ni las coordenadas básicas para su preparación y desarrollo.

Lo primero sería tener un listado de los asuntos para los cuales el INE carece de referentes, incluso para cumplir los acuerdos aprobados en la sesión antes citada. Destaca por su relevancia la necesidad de establecer cuál será la unidad territorial de una elección judicial. En los procesos ordinarios federales son los distritos electorales. Pero eso podría no ser adecuado para un proceso en el que quienes resulten electos desempeñaran su cargo en juzgados de distrito y tribunales colegiados, ubicados físicamente en circuitos judiciales con trazo geográfico diferente al de los distritos electorales.

Es previsible que se tenga que hacer una mezcla de ámbitos territoriales para la elección judicial. Me explico: los ministros de la SCJN, los magistrados de la SS del TEPJF y los miembros del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), serán electos a nivel nacional, e igual condición deberá cumplir la elección de jueces y magistrados especializados, con jurisdicción nacional. En cambio, la elección de jueces de distrito y magistrados de circuito, así como la de magistrados de las salas regionales del TEPJF, deberá atender criterios acordes a su ámbito territorial de jurisdicción.

Cabe suponer que quienes voten por un juez de distrito o magistrado de circuito deberán ser residentes en el ámbito territorial que comprenda el circuito judicial en que estén ubicados esos impartidores de justicia. Pero es el caso que la competencia de las salas regionales del TEPJF se ejerce por circunscripciones plurinominales electorales. Seguramente habrá que decidir una mixtura de criterios territoriales, unos con criterios judiciales y otros con los de una elección ordinaria. Pero nadie en el INE lo sabe hoy.

Las críticas se han concentrado en las dificultades para diseñar una boleta electoral con decenas o cientos de nombres, y en lo que eso implica para que los electores seleccionen -en un lapso de tiempo razonable- los candidatos de su preferencia. El meollo del problema es que la reforma aprobada establece un sistema de listas, cerradas y desbloqueadas, “Cerradas”, porque el elector no decide los candidatos que aparecen en la boleta. “Desbloqueadas”, porque el elector decide por cuales candidatos votar de la lista.

Por esa ocurrencia la reforma judicial electoral de López Obrador es de imposible aplicación. Sus autores olvidaron que el tiempo no se puede extender, ni siquiera por la 4T.        

Para la SCJN la boleta electoral tendrá 81 candidatos, la del TDJ 45, la de magistrados de SS/TEPJF 18, y la de magistrados de salas regionales del TEPJF 27. Es la casilla, cada elector deberá analizar y decidir sobre 171 nombres de candidatos, para escoger 9 para ministro, 5 para el TDJ, 4 para magistrado de SS (deberían ser 2, pero hay un gazapo en la reforma) y 3 para sala regional. En resumen, en 4 boletas habrá 171 candidatos, para escoger 21 en el tiempo que esté dentro de la casilla.  

Además, cada elector recibirá otras 2 boletas de ámbito regional, por circuito judicial. Una para magistrados de circuito y otras para jueces de distrito. Es imposible determinar hoy cuántos candidatos aparecerán en cada una de esas boletas. Pero serán cientos, de los cuales en cada boleta habrá que escoger hasta otros 10.   

Es un sistema de imposible operación, aunque fuese solamente por el tiempo que cada ciudadano tendría que estar dentro de la casilla para escoger, entre cientos de nombres, 31 personas candidatas por las que quiera votar, una a una, repartidas en 6 boletas electorales. En lo inmediato el problema será grave, pero lo peor vendrá después. En 2025 habrá elección ordinaria local en solo dos estados, en ellos cada elector recibirá 7 boletas En el resto del país 6 de la elección judicial. En la elección intermedia de 2027 cada elector recibirá para la elección ordinaria y la judicial  de 7 a 10 boletas.  En 2030, año de la elección presidencial, cada votante recibiría entre 10 a 15 boletas.

Con el método de sufragio que dispone la LGIPE no hay forma de organizar una elección con 15 boletas por elector, de las cuales 6 contienen listas cerradas y desbloqueadas, en una jornada electoral en la que pueden participar más de 100 millones de electores y las casillas deben cerrar a las 18 horas. Es de locos.

Posdata: Termina el sexenio en un torneo de servilismo y loas al que se va. ¡Dejen algo para la que llega!

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