Lo relevante del mensaje inaugural de la presidenta Claudia Sheinbaum, en el Palacio Legislativo, no fue su contenido sino su destinatario.

En el pasado, inmediato o remoto, cada presidente encontró la forma y el tono para en su mensaje inaugural tomar distancia de su antecesor, tanto si éste había sido su jefe y benefactor, como si el ex presidente era obligado protagonista de la alternancia, como en los casos de Zedillo y Calderón.

De Ruiz Cortines a López Obrador, el nuevo presidente seleccionaba uno o varios temas para señalar fallas, omisiones o problemas que, aun cuando no fueran señalados como de responsabilidad directa del relevado, todos interpretaban como la indispensable raya pintada para marcar el inicio del nuevo poder sexenal.

Esta vez fue todo lo contrario.

Desde el inicio de su mensaje, contrariando el protocolo republicano, la presidenta tuvo como destinatario de sus palabras uno solo: Andrés Manuel López Obrador, a quien mencionó antes que al H. Congreso de la Unión, ante el que la Constitución obliga al electo -en este caso, la electa- a rendir protesta. Me recordó la frivolidad de Vicente Fox el 1 de diciembre de 2000, cuando mencionó en primer término a sus hijos. Otra descortesía de la presidenta de la República fue el omitir en sus menciones iniciales a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Norma Piña.

Ofrecer gobernar para todos y hablar para que solo uno quedara complacido con las palabras pronunciadas es, en sí mismo una contradicción. Lo es más cuando, por el retraso en el arribo de la presidenta al recinto legislativo, lo que vimos fue el bochornoso espectáculo de la tumultuaria, caótica, recepción al expresidente, que zarandeado por una especie de turba de fanáticos realizó el paseíllo final y al llegar a la más alta tribuna de la Nación fue el objeto de decenas de selfies con legisladores de Morena y aliados.

Si la presidenta quería dejar en claro que tiene tutor y guía, lo hizo sin dejar lugar a duda alguna. Sus arengas y momentos de voz en alto fueron -casi todos- para ensalzar al jefe y dueño de la 4T, erigido por su heredera como una especie de guardián de ese templo. Nada de republicano tuvo el convertir la ceremonia de rendición de la protesta constitucional en un mitin del partido oficial, con una oposición acallada y humillada, convertida en estatua de sal. Quizá los únicos dos momentos de dimensión republicana hayan sido los saludos de la presidenta a la bandera, en el vestíbulo de San Lázaro, primero como civil, y al salir, con el saludo militar, en su calidad de comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Lo demás pronto pasará al olvido.

Entre los analistas hay coincidencia en resaltar como novedad y diferencia frente al gobierno saliente, la mención de la presidenta a las energías renovables y el supuesto límite a la plataforma de producción de petróleo crudo. Lo segundo no es un límite que derive de un compromiso medioambiental, sino la realidad que impone el agotamiento de las reservas de hidrocarburos. La transición a las energías renovables se está haciendo más como un resultado de las decisiones de los consumidores e inversionistas privados que de políticas públicas orientadas en esa dirección. Si esa es la diferencia con el anterior gobierno, qué poca novedad.

De lo peor del ex presidente López Obrador, su proclividad a la descalificación y la injuria está en primerísimo lugar. Esperemos que esos negativos rasgos de esa personal mala forma de entender y ejercer el poder no sean sellos en la nueva mandataria. Es inapropiado calificar de mentirosos o ignorantes a quienes manifestamos preocupaciones legítimas por los hechos de autoritarismo y militarización, que arreciaron en el cierre del sexenio terminado el lunes pasado.

Es argumento pueril negar la militarización porque la presidenta, que es la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, es civil. La superficialidad del argumento es casi de pena ajena. Llevado a su extremo, con ese argumento la presidenta Sheinbaum nos podría intentar convencer que las Fuerzas Armadas en realidad son fuerzas civiles. Entendámonos, López Obrador militarizó al gobierno de una manera lesiva no solo para el gobierno sino ante todo para la civilidad de la vida pública y las relaciones entre sociedad y Estado. Eso es lo que criticamos.

López Obrador presentó en febrero de este año una contrahecha iniciativa para demoler al Poder Judicial, más como acto propagandístico de campaña electoral que como producto de un análisis de su problemática. La violación de la Constitución por parte del INE y del TEPJF otorgaron al aprendiz de brujo el poder para echar a andar las escobas y cubetas con las que se dice pretender limpiar a todo un poder de la República, cuando en los hechos el propósito único es someterlo al control y designios de la 4T. Nada tienen de democrático usar el voto popular como mazo para demoler la independencia del Poder Judicial y hacer de la impartición de justicia un medio de control político.

Imposible es tragar la rueda de molino -pseudo democrática- con la que se pretende justificar el autoritario despido de jueces, magistrados y ministros, federales y locales. La historia enseña que con el voto del pueblo también se puede destruir la democracia. Mi crítica, como la de muchos otros, es resultado del análisis de lo aprobado, a troche y moche, por la aplanadora oficial en el Congreso.

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