En el texto de mi autoría incluido en el libro “La inconstitucionalidad de la sobrerrepresentación excesiva en el Congreso de la Unión”, en el último párrafo, escribí lo siguiente: “Es una paradoja que hayan sido las dos autoridades electorales nacionales, que en 1990 surgieron como joyas del nuevo sistema electoral mexicano, las que entregaron al régimen de la 4T los medios para borrar su propia autonomía e independencia, para doblegarlas y subordinarlas. La otra paradoja es que la negociación para la futura reforma electoral no es con las oposiciones, sino con los dos partidos satélites del oficialismo.” (IIJ/UNAM p. 67 Énfasis añadido)

En esta semana han corrido diferentes versiones sobre las conversaciones que encabeza la titular de la Secretaría de Gobernación con los dirigentes de los dos partidos a los que me referí en el párrafo arriba citado (PT y PVEM). Llegar con ellos a los acuerdos que permitan asegurar la aprobación de la reforma electoral es requisito previo para que en algún día de lo que resta del mes de febrero -o de marzo- las iniciativas presidenciales sean entregadas al Congreso de la Unión.

Hay un denominador común en lo que se dice en los corrillos: los aliados de Morena no están dispuestos a dispararse en la cabeza para apoyar los cambios que la presidenta anticipó hace varios meses. Menos lo estarán si desde Morena lo que reciben es mal trato, menosprecio y amenazas. En defensa propia, la inquilina de Palacio les recuerda que en campaña se comprometió ante el pueblo a promover una reforma electoral. Es cierto. Pero lo que no consideró es que en las cámaras del Congreso los que votan son los diputados y senadores, debiendo alcanzar, para un cambio a la Constitución, el voto favorable de dos terceras partes de ellos.

Sin los votos de los legisladores del PT y del PVEM a Morena no le alcanza con los propios, ni en San Lázaro ni en el Senado. La llave de la reforma electoral la tienen sus dos aliados, que hasta hoy no parecen dispuestos a abrir esa puerta.

Por tanto, aunque la presidenta lo haya ofrecido en campaña, no parece factible que sus intenciones de eliminar los legisladores plurinominales, achicar las cámaras legislativas y jibarizar los cabildos municipales puedan prosperar. Menos aún la de reducir de manera drástica el financiamiento público para los partidos políticos. Las intenciones presidenciales no solo enfrentan la resistencia de sus dos aliados, sino que dentro de su partido también han provocado reacciones en contra. Denostar a los plurinominales y criticar el financiamiento público desde la conferencia mañanera es como escupir al cielo. Los partidos de la 4T son los que tienen mayor número de plurinominales y Morena el que recibe la tajada mayor del financiamiento público, alrededor de 4 mil millones de pesos en total para este año.

Mientras en Bucareli intentan llegar a una propuesta que merezca el voto de los legisladores aliados y evite la desbandada de los propios, el reloj sigue su marcha. Se acaba el tiempo para procesar una reforma que contenga modificaciones constitucionales y múltiples cambios a las leyes electorales. Hasta hoy nadie conoce las iniciativas con los proyectos de decreto para las dos partes de la reforma. Simplemente porque, como señalé la semana pasada en este espacio, la presidenta no tiene quien le escriba.

Si me refiero a las iniciativas -en plural- es porque resulta obligado que la presidenta entregue al Congreso tanto la de reforma constitucional, como la de su reglamentación en las leyes electorales. La constitucional va primero, y una vez que haya sido publicada y entre en vigor, podrá el Congreso entrar a la discusión y aprobación de los dictámenes sobre las segundas, para lo cual es necesario tener a la vista el paquete completo. Va junto con pegado.

El calendario avanza. Hay tres temas para los que urge una definición:

A principios de abril de este año concluye el periodo de 3 consejeros del INE. Urge que la Cámara de Diputados expida la convocatoria para elegir a los nuevos consejeros. Pero está atravesada la idea de reducir el número de integrantes del Consejo General.  

La primera elección judicial ordinaria tendrá lugar de manera concurrente con las elecciones, federal y locales, del primer domingo de junio de 2027. Juntar esos procesos podría provocar el colapso de las casillas en todo el país. Urge tomar una decisión sobre el tema, ya que para cambiar la fecha de la elección judicial es necesario reformar la Constitución.

La presidenta ha hablado de adelantar la consulta de revocación de su mandato, para que tenga lugar el primer domingo de julio de 2027, junto con la elección ordinaria. Olvida la presidenta que esa consulta no es obligatoria. Solo se realiza si un número importante de ciudadanos lo solicita. En todo caso, para adelantar también es necesario reformar la Constitución. Urge decidir sobre la fecha.

En Palacio Nacional pueden seguir buscando la cuadratura del círculo en que sus aliados quepan. Lo que no deberían poner en riesgo es la celebración, en tiempo y forma, de los procesos electorales.  

Posdata:  A quienes afirman que la asignación de diputados plurinominales siempre se hizo por partidos y no por coaliciones, les obsequio el texto del párrafo 4 del artículo 60 del COFIPE (vigente desde 1990 hasta 2008): “4. A la coalición le serán asignados el número de diputados por el principio de representación proporcional que le correspondan, como si se tratara de un solo partido político y quedarán comprendidos en el partido político o grupo parlamentario que se haya señalado en el convenio de coalición.” Trataré el punto la próxima semana.