En Colombia, el 2022 fue un año de cambios. Por primera vez llegó un gobierno con tendencias progresistas impulsado por un líder de izquierda, que hizo parte de un movimiento guerrillero años atrás y que luego de tres intentos logró alcanzar la Presidencia de la República. Sin embargo, su llegada estuvo acompañada de apoyos de partidos y políticos tradicionales, que han permitido consolidar una gobernabilidad en este primer semestre del año, pero que las dinámicas propias del ejercicio político pueden desgastar en cualquier momento. Asimismo, el Congreso presentó una renovación tanto en la representación nacional como territorial, lo que ha permitido que el Presidente cuente con los apoyos necesarios para consolidar las metas del Gobierno, al punto que ya se hayan presentado y aprobado reformas importantes como lo han sido la Ley de ‘Paz Total’ y la Reforma Tributaria.

Ahora bien, el Gobierno Nacional enfrenta un gran reto de cara al próximo año, que será el verdadero año de la transición, ya que debe materializar las promesas de campaña por las cuales fue electo y llevar ese mensaje de cambio a todo el territorio a la vez que debe manejar la situación económica desfavorable que se presenta en toda la región como lo son los altos índices de inflación, la devaluación de la moneda y la posible crisis minero-energética, entre otras.

Dentro de las prioridades del Gobierno se encuentran la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, que será la hoja de ruta hasta 2026 y las elecciones territoriales de 2023, momentos que permitirán consolidar la transición política e incluso ideológica del país, así como la apuesta que tendrá para efectuar grandes reformas que ya han puesto a la sociedad colombiana a preguntar su posible afectación en la vida cotidiana como lo son: la reforma al sistema de salud, la reforma pensional y la reforma laboral.

Uno de los objetivos principales del Gobierno es buscar la “Paz Total” que permita superar las dinámicas de conflicto armado interno que han enmarcado la realidad del país y que han afectado el progreso social y económico por décadas: La violencia ininterrumpida ha tenido como consecuencia la creación de estructuras de “Para-Estados”, que entran a suplir las necesidades de los habitantes que el Estado ha tenido olvidados históricamente por estar apartados y el aumento de economías ilegales, que ha cooptado las dinámicas políticas y sociales de estas zonas.

Este proceso incluirá una serie de mecanismos de negociación y sometimiento con grupos al margen de la ley que deberá estar acompañado de reformas que permitan que los acuerdos puedan implementarse; para esto, existe ya una serie de lecciones aprendidas del proceso de Paz con las extintas FARC en 2016, lo que permitirá al gobierno colombiano conocer en qué áreas enfocarse para garantizar que funcione en el largo plazo.

Para esto, el Gobierno Nacional deberá trabajar desde las regiones, principalmente por aquellas que históricamente han sido las más afectadas por la violencia, por dinamizar y fortalecer las economías territoriales que permita cumplir con la descentralización financiera que muchas veces ha quedado únicamente en la teoría pero no en la práctica, instaurar dinámicas culturales diferentes que correspondan con los momentos históricos que está viviendo el país, desescalar la violencia desde lo local, cambiar el enfoque de seguridad teniendo como base el ser humano y el respeto por los derechos humanos, y lograr que el Estado y sus servicios lleguen a cada uno de los 1123 municipios que tiene el país.

Para que el país logre tener el cambio real que anhela, es necesario que se articulen todos los niveles de poder y que estén de acuerdo en que es el momento de que Colombia logre avanzar, es por eso que las elecciones de 2023 son tan importantes para que las posibles reformas y reestructuraciones que se piensen hacer logren salir exitosas. En el país, los mandatarios locales son electos, en parte, con base en sus propuestas programáticas y en sus planes regionales de desarrollo, los cuales deben ir en línea con la propuesta nacional. Uno de los mayores retos para cualquier corriente política será lograr la aprobación popular, trabajar de la mano con el gobierno nacional y al mismo tiempo mantener su independencia política.

En materia de visión, el Gobierno Nacional y los mandatarios locales deberían apostarles a unos mínimos vitales para garantizar los derechos y libertades humanas de la población como lo es un territorio en paz, un reordenamiento territorial que permita garantizar el acceso a los servicios públicos y satisfacer las necesidades básicas de la población. Actualmente el país cuenta con un rezago de políticas sociales que se puede evidenciar en: el sector educativo, en los niveles de personas en situación de pobreza multidimensional y vulnerabilidad, en el alto porcentaje de informalidad laboral y desempleo que afecta principalmente a grupos poblacionales como mujeres y jóvenes.

En materia de política electoral todos los partidos, en particular, aquellos que se han catalogado como tradicionales, enfrentan el reto de seguir manteniendo el poderío regional, casas políticas que llevan décadas ostentando el poder y que con la llegada de un gobierno nacional progresista pueden verse afectadas negativamente deben estar replanteando sus estrategias electorales de cara a los comicios del próximo año. Adicionalmente nos enfrentamos a un gobierno que no tiene una oposición fuerte y visible a nivel nacional, pero ¿lo lograrán a nivel local?

En Colombia es necesario impulsar nuevos liderazgos políticos que puedan consolidar las banderas de la paz total en todo el territorio nacional y desde todos los espectros políticos para que se haga realidad y podamos finalmente avanzar.