En el debate sobre la aplicación de los límites establecidos en el artículo 54 de la Constitución, para la asignación de diputados plurinominales, hay una vertiente que nada tiene que ver con los aspectos jurídicos, o los precedentes. Me refiero a las consecuencias que tendrá el otorgar a la coalición oficialista una sobrerrepresentación muy por arriba de lo permitido por las fracciones IV y V del mencionado artículo.

A decir de los voceros de la 4T, la mayoría de los votos obtenida el pasado 2 de junio por Morena y sus aliados es tanto una justificación del asalto a las curules plurinominales, mediante un fraude a la Constitución, como un supuesto “mandato inapelable del pueblo” en favor de las reformas que el presidente saliente está empeñado en imponer antes de abandonar, físicamente, Palacio Nacional.

A diario escuchamos a los voceros de la 4T sostener que “el pueblo dio su respaldo y un mandato”, a favor de las 18 iniciativas de reforma constitucional que el pasado 5 de febrero el presidente saliente entregó a la Cámara de Diputados. En la simplicidad del mensaje, repetido una y otra vez, está su fuerza propagandística. Dicho en clave 4T: “el pueblo votó por el Plan C y dio a los legisladores de Morena y aliados apabullante mayoría y un mandato inapelable”.

Son cuentas mal hechas. El supuesto mandato a la 4T es pura propaganda.

Los voceros de la 4T dejan de lado que el 2 de junio pasado hubo 3 elecciones federales: para presidente, para diputados federales y para senadores y que los resultados en cada una de esas elecciones, en total y para cada partido o coalición, no son los mismos. No existe sustento verídico alguno para erigir los resultados electorales en “mandato inapelable”, mucho menos interpretarlos como respaldo unánime -o casi- a favor de las iniciativas presentada por el presidente ante el Congreso de la Unión.

Aún si en su favor invocan los votos que alcanzaron en la elección presidencial, no les alcanzan para sustentar tan dogmática pretensión. Para reformar la Constitución el primer requisito es el voto favorable de, al menos, dos terceras partes en cada Cámara, es decir del 66.66% En la misma línea argumentativa de la 4T, para invocar un “mandato inapelable” del pueblo, deberían haber alcanzado, al menos, ese porcentaje de los votos emitidos. Pero en la elección presidencial la coalición oficialista obtuvo poco menos de 36 millones de votos, 59.75% del total. Si la aritmética sigue siendo válida, eso es menos que el 66.66%

Los votos por Morena para la elección de diputados federales representaron poco más del 40% del total. No son siquiera mayoría absoluta. Visto de nuevo con aritmética elemental, el 60% de los electores no votó por el partido de la 4T, ni menos aún por las iniciativas que ahora se meten -de bulto- en el llamado Plan C. Si de “mandato del pueblo” hablan, los voceros de la 4T deberían considerar otra manera de hacer las cuentas: Morena tuvo 40% de los votos, si le suman lo obtenidos por sus 2 partidos satélite, llegan al 54%, que es menos del 66.66% y mucho menos del 75% de curules que pretenden obtener en San Lázaro en la siguiente legislatura, mediante un fraude a la Constitución.

El “mandato” del pueblo que invocan los voceros de la 4T es demagogia, propaganda dogmática, justificación anticipada del abuso que pretenden cometer. Ni hay tal mandato ni hay forma de probar que los votantes por los partidos de la coalición oficialista lo hicieron en respaldo al Plan C, o a las iniciativas de reforma constitucional del presidente saliente, que –por cierto- no competía por cargo o mandato alguno.

La verdad es que los partidos de la 4T no tuvieron los votos que den sustento a invocar el “mandato” que pregonan. Repetir una mentira hasta lograr que una parte de la sociedad la acepte como verdad es práctica de los regímenes totalitarios, o autoritarios, de ayer y de hoy. Justificar la pretensión de obtener 373 diputados, el 75% del total, violando el artículo 54 de la Constitución, con un supuesto “mandato del pueblo”, es la rueda de molino con que se nos pide comulgar.

Ese fraude tiene un objetivo: con el 40% de los votos para la Cámara de Diputados, el jefe y dueño de la 4T pretende imponer al 60% de los electores sus designios para moldear al país según sus propias filias y fobias, así como imponer a la presidenta electa forma y fondo de su mandato sexenal.

Lo más grave de la pretensión presidencial es su unilateral abandono del compromiso democrático establecido en 1996 en el sentido de que las reformas a la Constitución requieren obligadamente de la concurrencia de varias fuerzas políticas. Condición y pacto del que fue protagonista el todavía presidente y que ha prevalecido hasta hoy.

Lo que se pretende imponernos es un régimen de partido hegemónico y un gobierno autoritario, con una presidenta tutelada y una sola voz como guía de la República. No será el país de la primera mujer presidenta. Sería el país de un solo hombre.     

Posdata: Si la cuenta de respaldo al oficialismo se realiza sobre el total de inscritos en el padrón electoral, veremos que, considerando el total de votos por la presidenta electa, el Plan C habría obtenido el supuesto “aval” del 36% de los ciudadanos. Eso no es mayoría ni constituye un “mandato inapelable”. Ni aquí, ni en China.      

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