El domingo 29 de octubre de 2023, más de 38 millones de colombianas y colombianos fueron convocados a las urnas para elegir un total de 20,509 representantes políticos en todo el territorio nacional (32 gobernaturas, 418 diputaciones, 1102 alcaldes, 12072 concejales y 6885 ediles). Más allá de la renovación de las autoridades políticas, analistas y expertos/as coinciden en que estas elecciones tienen una relevancia trascendental no solo porque fueron elegidas las figuras encargadas de dirigir el rumbo del país a nivel subnacional durante el período 2024-2027, sino también por sus repercusiones sobre la gobernabilidad del gobierno nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro, quien ahora tendrá más contrapesos políticos en las principales ciudades.

El Observatorio de Reformas Políticas en América Latina (#ObservatorioReformas) llevó a cabo el seguimiento detallado de la jornada electoral, identificando elementos clave que subrayan la importancia de estos comicios locales. El primero de estos elementos tiene que ver con la violencia política que caracterizó los meses previos a las elecciones. Según la Misión de Observación Electoral (MOE), más de 179 incidentes violentos tuvieron como blanco a candidaturas locales, resultando en 30 casos de violencia letal, 22 atentados y 8 asesinatos. Incluso, apenas unas horas antes de la votación, se desencadenaron disturbios en varios municipios del país, destacándose un trágico incidente en Gamarra (Cesar), donde una funcionaria de la Registraduría, entidad encargada de la organización electoral, perdió la vida.

A pesar de estos episodios de violencia, que evocan los momentos más sombríos del conflicto armado colombiano, las autoridades electorales y la fuerza pública trabajaron de manera coordinada y eficaz para asegurar el desarrollo de la jornada electoral. La Registraduría Nacional del Estado Civil implementó un programa innovador que buscaba mejorar la conectividad en zonas rurales. Esto se logró mediante la instalación de antenas satelitales en lugares apartados y con baja cobertura. Además, se estableció un sistema de seguridad cibernética para fortalecer los mecanismos electorales, evitando problemas similares a los que se presentaron en últimas elecciones legislativas. Este enfoque no solo mejoró la logística del proceso electoral, sino que también contribuyó a hacerlo más inclusivo y accesible para todas las comunidades.

Tal como lo documentó el monitoreo del #ObservatorioReformas, tan sólo dos horas y media después del cierre de las urnas, la ciudadanía colombiana conoció la gran mayoría de nuevos titulares de alcaldías y gubernaturas mucho antes de lo previsto. Sin embargo, se observó una leve disminución de la participación electoral. El último boletín de la Registraduría reportó una participación de 59.08% de las personas habilitadas para votar, mientras que en 2019 fue del 60.55%.

La nueva configuración del poder político a nivel subnacional dejó una sensación agridulce para la coalición de gobierno. El Pacto Histórico (coalición de partidos y movimientos políticos de izquierda y centroizquierda), que había arrasado en las elecciones legislativas y presidenciales de 2022, no ganó ni apoyó la candidatura vencedora en ninguna de las alcaldías de las ciudades capitales ni tampoco será mayoría en ninguna de las asambleas departamentales o concejos municipales. A pesar de esto, la coalición presidencial ganó en dos gobernaciones (Nariño y Amazonas), y si consideramos candidaturas respaldadas por algunos de los 10 partidos que integran el Pacto Histórico, el total se eleva a 12 gobernaciones.

En contraste con los resultados de elecciones locales de 2019, la tendencia observada en los últimos comicios es significativamente diferente. Un análisis previamente compartido en este medio resaltó que la mayoría de los líderes elegidos hace cuatro años provenían de fuerzas políticas independientes u opuestas al uribismo y a los partidos tradicionales. Sin embargo, en esta ocasión, la mayoría de las alcaldías y gobernaciones fueron conquistadas por candidaturas vinculadas a estructuras partidistas tradicionales, vinculadas con las élites políticas y económicas regionales. Este cambio en la dinámica electoral sugiere una transformación en la preferencia del electorado y plantea interrogantes sobre el futuro político del país.

           Tras conocerse los resultados, surgieron debates entre analistas sobre si esta jornada electoral podría interpretarse como un plebiscito a favor o en contra del presidente Petro. En otras palabras, se cuestionaba si los resultados de alguna manera reflejaban la insatisfacción de la ciudadanía respecto al desempeño del gobierno nacional. Los escándalos de corrupción e interceptaciones ilegales que rodean a personas allegas al gobierno y las dificultades para materializar las reformas sociales y la paz total, han minado la popularidad del presidente. Aunque es evidente que las dinámicas políticas a nivel nacional y territorial difieren considerablemente, en algunos casos se puede respaldar la idea de que existe un sentimiento de descontento hacia el presidente y la coalición de gobierno.

En las principales ciudades, las candidaturas alineadas con el gobierno nacional recibieron un voto de castigo notable. En el caso de Bogotá, Carlos Fernando Galán (Nuevo Liberalismo) se posicionó como ganador en primera vuelta con el 49.02% de los votos, seguido por el candidato independiente Juan Daniel Oviedo, quien obtuvo el 20.10% de los apoyos. Por su parte, Gustavo Bolívar (Pacto Histórico) quedó en tercer lugar con solo el 18.7% del apoyo ciudadano, a pesar de contar con la maquinaria gubernamental y el respaldo explícito del presidente. De manera similar, la coalición oficialista perdió en otras ciudades capitales como Medellín, Cartagena, Barranquilla y Cali. La derrota en Cali es particularmente llamativa, considerando que fue el epicentro del estallido social que precedió la elección del primer mandatario de izquierda en la historia del país.

Aunque no sería apropiado etiquetar las elecciones territoriales como un plebiscito sobre las políticas del nivel nacional, es crucial que el gobierno y las fuerzas políticas progresistas capten el mensaje que la ciudadanía está transmitiendo. De lo contrario, las elecciones regionales podrían estar preparando el terreno para el retorno de las viejas estructuras políticas tradicionales. Es imperativo entender y responder a las expectativas y preocupaciones ciudadanas, estableciendo un diálogo constructivo que fortalezca la conexión entre la administración central y las comunidades locales. Este enfoque será esencial para consolidar un proyecto político más inclusivo y efectivo, que siente las bases del anhelado cambio social.