La transición a la democracia ocurrió durante un ciclo que, grosso modo, arranca con la reforma política de 1977 y culmina con la alternancia en el Poder Ejecutivo federal en el año 2000.

Fue un proceso que se expresó primero en los niveles locales (gobiernos estatales y municipales) para luego impactar el ámbito federal con la extensión de la pluralidad en la Cámara de Diputados, hasta llegar, en 1997, a una situación que, a falta de mejor conceptualización, se ha denominado como de gobierno dividido. Es decir, identidad de origen partidista en el Ejecutivo y el Senado, con ausencia de mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. En el 2000 se produjo la primera alternancia en la presidencia de México, mientras que la ausencia de mayoría absoluta se extendió al Senado.

La ausencia de mayoría absoluta en San Lázaro y en el Senado se prolongó hasta el 2018, cuando Morena y sus aliados la obtuvieron en las dos cámaras, poniendo fin al periodo de gobiernos divididos. Cabe apuntar que las reformas electorales que aceleraron la transición (1990-1996) ocurrieron antes de que el PRI perdiera la mayoría absoluta en San Lázaro. Relevante para el análisis de esa etapa, y de los cambios políticos ocurridos durante la misma, es que las reformas que condujeron a la extensión de la pluralidad y la alternancia contaron con la participación directa y el voto favorable del PRI y de dos presidentes surgidos de las filas de ese partido: Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo.

Las consecuencias -para la democracia y las instituciones de la República- de la restauración de la mayoría absoluta en las dos cámaras del Congreso (2018-2024) han sido negativas. Estamos padeciendo los coletazos de un sexenio marcado por el presidencialismo extremo, por el ejercicio autoritario del poder presidencial. Hemos visto la desaparición del equilibrio entre los poderes Legislativo y Ejecutivo y el intento del segundo por someter a su control al Poder Judicial.

La combinación del bloqueo de la mayoría en el Senado al nombramiento de comisionados y magistrados con el ataque sistemático del presidente a algunos órganos autónomos (INAI, INE) y al TEPJF ha obstaculizado su normal funcionamiento. En paralelo ha ocurrido una alteración en el funcionamiento de las dos instituciones electorales centrales de nuestro país. Hay hechos que apuntan a la colonización de ambas instituciones y su control, o bloqueo, por el presidente y su partido.

En el ámbito del federalismo, hemos vivido la regresión más rápida y profunda de que se tenga memoria. De la pluralidad de origen partidista en las gubernaturas pasamos, en un plazo muy breve (2018-2023), a la restauración del control y subordinación de los poderes ejecutivos y congresos locales a los dictados presidenciales. La subordinación incluye a gobernadores emanados de partidos opositores. En los municipios gobernados por Morena se reproduce a extremos inéditos la antigua pirámide de control vertical, mientras que la corrupción y el uso patrimonialista de los ayuntamientos y recursos municipales se ha generalizado, sin distinción de partidos.

La desaparición práctica del equilibrio de poderes y la supresión o bloqueo de los contrapesos al poder presidencial afecta todos los ámbitos del quehacer nacional. Hace nugatorio el estado de derecho y lesiona de múltiples maneras las actividades privadas y la seguridad jurídica de los particulares.

El corolario del autoritarismo presidencial es el militarismo que ha prohijado el propio presidente, violando de manera grave el orden constitucional hasta poner en tela de juicio la sobrevivencia del régimen civil. No exagero al plantear la hipótesis de que para el presidente López Obrador la garantía de continuidad de su proyecto y legado no es la victoria de su candidata a sucederlo, sino el control que sobre ella ejerzan los mandos militares en los años venideros.

Para regresar a los equilibrios y contrapesos que permitan reestablecer controles democráticos sobre el ejercicio del poder presidencial, la vía inmediata que tenemos al alcance es que en las dos cámaras del Congreso de la Unión el voto ciudadano del domingo 2 de junio produzca el retorno al gobierno dividido. Para la democracia y su futuro inmediato, lo que más importa ¡es el Congreso!

Por paradójico que parezca, volver al gobierno dividido tendría una beneficiaria colateral, la próxima presidenta de México, ya sea Claudia o Xóchitl. “Lo que resiste apoya”, decía don Jesús Reyes Heroles. Un Congreso que resista será un importante apoyo para sacudirse la sombra del caudillo.   

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