“Prometer no empobrece, dar es lo que aniquila”.

Anunció el presidente López Obrador que el próximo 5 de febrero enviará al Congreso varias iniciativas de reforma constitucional en materia diversas. En diversos pronunciamientos previos el mismo presidente consideró cerrada su agenda legislativa. Recuerdo que en octubre de 2022 declaró que en el resto de su mandato no habría más iniciativas de cambios constitucionales.

“¿Presidente: descartaría usted después de lo electoral alguna otra reforma constitucional?”, se le preguntó. “Sí, ya no hay nada. Estoy muy contento con lo que hemos hecho.”

 Quizá la explicación de la desmemoria presidencial sea que su inagotable motivación reformista se nutre de cálculos electorales, lo que incluye tender cortinas de humo para distraer a la opinión pública, evitando que se atiendan asuntos de verdadera urgencia e importancia, como la inseguridad o el boquete de las arcas públicas.

Su iniciativa para elegir por voto popular a los ministros de la Corte y a los magistrados electorales, eliminar los diputados de mayoría y reducir drásticamente el financiamiento público a partidos políticos (“Plan A”) fue rechazada a finales del año 2022 en la Cámara de Diputados. Ahora anuncia que extenderá la propuesta de elección popular a los jueces de todo tipo. Pero si ni su amigo Arturo Saldívar comparte tales ocurrencias, no encuentro motivos para suponer que esta vez las oposiciones le darán los votos.

En el mismo afán distractor, el presidente se lanza con todo contra los organismos autónomos, anunciando que propondrá desaparecerlos para que los recursos que tienen asignados se destinen a financiar su ocurrencia sobre pensiones y jubilaciones. Me imagino que no dejará títere con cabeza y en su ataque incluirá organismos a los que hasta ahora se había cuidado de no atacar, como el INEGI, el CONEVAL. Quizá su iniciativa distinguirá entre organismos a desaparecer y otros a los que se les quitará la autonomía, como el INE o el Banco de México.

La cereza en el pastel es la propuesta para que en la Constitución se establezca que los trabajadores jubilados o pensionados tendrán el derecho a un ingreso mensual igual al monto de su último salario. No hay analista que opine a favor de tal idea, por su inviabilidad financiera, menos aún cuando el presidente promete que el costo de su oferta será pagado por el erario, es decir por los contribuyentes.

Me parece obvio que el objetivo del presidente no es la reforma del sistema de ahorro para el retiro, sino comprar -a crédito- los votos para hacer realidad su Plan C.

La cuenta presidencial es de orden electoral. Veamos datos y hechos.

En la lista nominal del INE, a esta fecha, hay casi 98 millones de electores.

Si la participación el 2 de junio fuera, como parece ser la intención del gobierno, del 50%, votarían 49 millones. La meta del presidente es tener los votos suficientes para alcanzar las dos terceras partes de curules y escaños. Los cálculos de los consejeros electorales de Palacio Nacional se basan en los datos de los padrones de beneficiarios de programas sociales, a los que consideran el “voto duro” a favor de su partido.

Según datos oficiales, a diciembre de 2023 reciben pensión 11 millones de adultos mayores y 14 millones de personas más están recibiendo algún otro tipo de apoyo de programas sociales. Esos 24 millones de beneficiarios de programas sociales dan el “piso” que se utiliza en los cálculos electorales de Palacio Nacional.

Morena obtuvo en 2021, por sí mismo, 16.8 millones de votos. En 2022, en la revocación de mandato, 15 millones apoyaron al presidente de la República. Para que obtenga la mitad más uno de las curules federales (251) Morena requiere, al menos, 42.3% de los votos y 160 victorias distritales. Grosso modo, si votan 49 millones en total, se requieren 20.8 millones de votos. Para esa meta, considerando el resultado de 2021, les faltan 4 millones.

La forma de comprar -a crédito- esos votos es prometer que las pensiones serán, por derecho constitucional, iguales al último salario del jubilado o pensionado. Esa es la lógica presidencial.

Los datos de resultados electorales de Morena -de 2015 a 2023- indican que es casi imposible que de las urnas emerja la mayoría calificada que el presidente anhela para su partido en las dos cámaras del Congreso de la Unión. Lo factible es que, si la compra del voto -a crédito- funciona, en San Lázaro el partido oficial y sus aliados obtengan mayoría absoluta (251).

Cabe suponer que en la perspectiva presidencial la promesa sobre pensiones no representa riesgo para la marcha de la economía, ni para las finanzas públicas, puesto que las oposiciones no la aprobarán. Pero ¿qué tal si las oposiciones le toman la palabra a López Obrador y aprueban esa reforma? El riesgo de fuga de capitales, seguido de una grave crisis económica, es mayúsculo.

En Palacio Nacional están jugando con fuego. Pueden terminar chamuscados.

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