En la vorágine del atropello corremos el riesgo de perdernos en los asuntos de forma y olvidar el fondo de nuestra oposición a la mal llamada “reforma judicial”. El pleito no es porque la reforma constitucional, y a las leyes electorales, está mal hecha, que lo están. Nos oponemos porque el único objetivo de esos cambios es poner a los impartidores de justicia bajo el control del Poder Ejecutivo. Tomar por asalto al Poder Judicial, para subordinarlo a las necesidades de la 4T, es el motivo de la reforma. Por eso es el pleito.

Habremos de repetir, una y otra vez, los fundamentos de nuestra crítica, hasta que logremos que los ciudadanos los compartan y los hagan suyos. Necesitamos que la mayoría de las personas conozcan y comprendan lo que está pasando con el poder ilimitado que, mediante un fraude a la Constitución, el bloque oficialista detenta en la Cámara de Diputados, y alcanzó en el Senado mediante el chantaje, la amenaza y el soborno a unos cuantos senadores que brincaron a las filas del oficialismo. También debemos buscar que los ojos del mundo democrático vean lo que está pasando en México.

No existe en las iniciativas presidenciales que dan pie al atropello el menor atisbo de razón o motivación. Morena y sus aliados fundan su actuar en la abusiva mayoría calificada en las dos Cámaras del Congreso de la Unión y el control de 24 legislaturas locales. Reforman a troche y moche la Constitución y las leyes no porque tengan razón, sino porque tienen la fuerza para imponerse, usando el control vertical de sus legisladores, sujetos a una disciplina sin fisuras.

Elegir a los impartidores de justicia mediante voto ciudadano, universal y directo, no ocurre en ninguna parte del mundo. Salvo Bolivia, en donde la pretensión del expresidente Evo Morales de controlar a los jueces provocó al colapso del Poder Judicial de esa nación y a una crisis política que los tiene al borde de la guerra civil. Más falso que un billete de 2 dólares es afirmar que en Estados Unidos, o algún otro país, se eligen por voto popular jueces, magistrados y ministros de las cortes supremas, como se harán en México el año próximo. Eso es falso.

Por su naturaleza y facultades el Poder Judicial no debe estar sujeto a las mismas reglas y procedimientos que usamos en democracia para decidir a los gobernantes y legisladores. Los jueces no son representantes de nadie. No tienen porqué competir por el voto popular. Su tarea no es representar, ni gobernar, ni aprobar leyes. Su tarea es impartir justicia, teniendo como referentes la Constitución, las leyes y los derechos humanos.

Pregonar que tendremos jueces “electos democráticamente” es la fachada para correr de un solo golpe a los que no se han alineado a la 4T; para sustituirlos por quienes acepten quedar bajo ese control, o bajo la influencia del crimen organizado, o de los delincuentes de cuello blanco.

Elegir jueces no es democrático. Como no lo es la supuesta “renuncia” de la presidenta Sheinbaum a su facultad de participar en la designación de ministros de la Corte. Tal renuncia no existe más que en su imaginación. Lo cierto es que con el asalto al Poder Judicial, ella designará ministros de la Corte, magistrados de tribunales colegiados y jueces de distrito. La presidenta, por ella misma y a través de su control de las dos cámaras del Congreso, de inmediato tendrá control sobre 2 de cada 3 candidatos que sean postulados para la elección judicial extraordinaria de junio de 2025, y una vez que se hayan apoderado de la Corte, lo tendrá de todos y cada uno de esos candidatos. Ella será factótum. La elección será el aparador, de oropel y cartón, para ocultar el fin de la independencia del Poder Judicial.

Para que el control de la 4T sobre la elección judicial no tenga fisuras y no haya quien se atraviese en su camino, hoy jueves 10, en el Senado, el bloque oficialista aprobará, sin chistar, las dos iniciativas de reforma a las leyes electorales, presentada por la presidenta de la República, modificadas de última hora en las comisiones de dictamen con la finalidad de amarrar el control sobre el INE y el TEPJF. De manera subrepticia la reforma hoy aprobada destruye el carácter colegiado del Consejo General del INE y deroga las facultades de ese órgano y sus comisiones. Todo apunta a que no habrá antes de 2027 reforma electoral. Ya no la requieren. La 4T ha tomado control de las dos instituciones electorales nacionales; sus gobernadores harán lo propio con las de ámbito local.

La demolición de la autonomía del INE correrá por cuenta de la presidenta del Consejo General y de los consejeros a ella afines. Violando la Constitución, facultades sustantivas del Consejo General han sido transferidas a la Junta General Ejecutiva, integrada por los directores que, a partir de ahora, serán designados por la presidenta del INE, sin intervención de los demás consejeros electorales. Y para que nadie los moleste, Morena y aliados aprobaron que los observadores ciudadanos que se atrevan a criticar la elección judicial sean sancionados con la cancelación de su registro ante el INE.

Ante estos hechos, sugiero discutir cuál es el camino a seguir por los ciudadanos. Con ese propósito, pongo sobre el tape de la discusión dos preguntas:

¿Existe posibilidad real de influir en la elección judicial para que ganen las y los mejores candidatos? ¿O solo queda a los ciudadanos abstenernos de participar en la elección?  

¿Qué hacer?

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