A casi una década de que los observatorios de participación política de las mujeres se convirtieran en realidad, me parece oportuno identificar los retos que enfrentan. Los mismos surgen en México en el año 2014. El primero que cobró vida fue el Observatorio Nacional (ONPPM), a partir de la suma de esfuerzos del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). 

Estas tres instituciones se unieron con un propósito central: impulsar la paridad que para ese momento recién había sido incorporada a la Constitución federal. En ese tenor, el Instituto Nacional de las Mujeres convocó a una primera reunión y, al paso del tiempo, en ese mismo espacio se elaborarían los lineamientos que a su vez propiciarían las acciones a desarrollar. Se instaló un grupo plural, el cual, en un proceso de cocreación, acompañamiento y suma de acciones desde los distintos ámbitos, echó a andar el observatorio.

Mujeres de la sociedad civil, de la academia, representaciones de los partidos políticos nacionales junto con las presidencias y coordinaciones de género del INE, del TEPJF y la dirección de participación política del INMUJERES –que presidió ese año los trabajos del observatorio–, se comprometieron a constituir un mecanismo vigoroso para visibilizar la situación que vivían las mujeres en el ámbito político. Se partiría de la visibilización de los retos que se enfrentaban, así como de una ardua labor de sensibilización para sumar en pro de la paridad, enfocándose para ello en la convicción de su imperativo al interior de los partidos.

El Tribunal Electoral y el INE aportaron información relacionada con sentencias, tesis y jurisprudencia, así como con estadística federal y estatal sobre la presencia de las mujeres en cargos de elección popular. Ambas instituciones se comprometieron a desarrollar, en cada espacio, habilidades para que las mujeres pudieran ejercer sus derechos de ciudadanía y para que, ante hechos que los pudieran lesionar, estas contaran con herramientas que les permitieran acudir a las instancias internas o bien a las jurisdiccionales en defensa de sus derechos. 

El reconocimiento de liderazgos femeninos existentes y el impulso de mujeres pertenecientes a grupos sociales desaventajados en los que enfrentaban –y lamentablemente siguen enfrentando– mayores retos, fueron parte de los compromisos en el corto plazo. 

Se acordó recopilar información desagregada sobre la participación de las mujeres en las elecciones, ya sea como votantes, candidatas o como integrantes de las autoridades electorales. Con base en dicha información –que hasta ese momento sólo compilaba el ine– se lograron impulsar acciones concretas.

También se instó a una revisión de los lineamientos que en cada proceso interno de selección de candidaturas posibilitaran que más mujeres pudieran ser propuestas en distritos competitivos. Se empezó a identificar y a distinguir entre paridad cualitativa y cuantitativa como elementos centrales para dar vida al mandato de igualdad en la competencia y en el acceso a cargos de toma de decisión. 

No fue fácil pero se lograron superar las barreras en que se traducía la ausencia de armonización legislativa en las entidades mediante una interpretación clara de la paridad como principio constitucional que irradiaba no sólo a los cargos que expresamente refería el pacto federal –diputaciones y senadurías– para que no hubiera duda de que también comprendía implícitamente a los escaños de los congresos y a las presidencias municipales, sindicaturas y regidurías. 

Los tribunales en sus sentencias dejaron en claro que las constituciones y leyes electorales locales debían posibilitar la paridad. Justo para que las resistencias al mandato de paridad que existían, y eran evidentes, pudieran superarse, se realizaron acciones que culminaron en la instalación de los observatorios de participación política de cada entidad.

Se construyeron desde cero espacios de visibilización de la situación de las mujeres en la política, casos en los cuales la violencia y la discriminación marcaban los retos para resistir en la lucha de alcanzar espacios en cargos de decisión y de representación en los tres órdenes de gobierno; se difundieron decisiones judiciales que constituían, y constituyen aún, precedentes importantes para conocer el avance de sus derechos y servir de base para litigios estratégicos; se documentaron políticas públicas y buenas prácticas que permitían avanzar en la inclusión de más mujeres en cargos partidistas y en postulaciones a una candidatura.

La tarea de conjuntar un grupo plural de voces de la sociedad, partidos y autoridades no fue fácil. Mantener la cohesión y el trabajo constante, honorífico, hay que decirlo, tampoco lo fue. Las mujeres y sólo las mujeres luchaban estas batallas apoyándose muchas veces, las más de las veces, desde sus distintas ideologías y visiones para compartir un mismo fin, ni un paso atrás en el camino por la igualdad.

Dar vida a los observatorios estatales requirió meses de trabajo constante; el reconocimiento para que esa tarea se lograra debe darse al Instituto Nacional de las Mujeres que, presidiendo el observatorio, se avocó a dicho propósito hasta lograrlo. La resistencia a estos espacios de visibilización no fue poca, pero pudo superarse. 

Los convenios entre el inmujeres, el TEPJF, el INE y las autoridades homólogas en las entidades formalizaron su instalación; las bases las brindó el esfuerzo nacional, pero cada entidad, con sus propias herramientas de diálogo sumó a diversas personas del ámbito político, de la academia y de la sociedad.

Las bases estaban dadas, las redes de información y análisis se construían en el día a día y se seguirían generando conforme a los hallazgos conocidos a partir de cada proceso electoral. Las acciones de sensibilización e impulso a medidas que posibilitaran, desde el interior de los partidos, el liderazgo de las mujeres, se modelaban conforme a la realidad de lo local.

Quizá poco se ha conocido al exterior de los observatorios sobre estos esfuerzos conjuntos, esto atiende a una lógica ligada a la naturaleza propia de los observatorios mismos. Los cambios que buscan provocar se han instado a partir de acciones indirectas, del convencimiento y del compromiso de los poderes legislativos y de las autoridades partidistas. 

Su labor se ha centrado en generar consciencia para propiciar la activación de diversas acciones. La labor de los observatorios se concibe, justo por esa razón, como una actividad permanente y no como un mecanismo que cobra vida sólo en el marco de la proximidad de los procesos electorales. Sin embargo, hay que decirlo con claridad, sería deseable que estos observatorios que hoy carecen de facultades para emitir opiniones o recomendaciones vinculantes, pudieran al menos invitar –y en su caso evaluar– a la ejecución de una serie de prácticas que mantengan un avance constatable en el marco del mandato de paridad en todo, contemplado por la Carta Fundamental. 

A continuación, quisiera compartirles algunas acciones que, en forma coordinada, se han realizado a partir de la red de observatorios electorales. Son cientos los talleres de capacitación para la defensa de los derechos políticos de las mujeres en prácticamente todo el país; múltiples las revisiones de los documentos básicos de los institutos políticos para atender la violencia política e impulsar la generación de mecanismos y de órganos al interior de los partidos políticos para su prevención y sanción. La tipificación de la violencia política por razón de género en leyes generales, federales y estatales, sin duda también es fruto de la labor de los observatorios de participación política.

¿Los observatorios pueden ser generadores de compromisos que eviten retrocesos en la paridad? ¿Pueden ser catalizadores de análisis normativos que den vida a iniciativas con visión de género? ¿Pudieran hacer diagnósticos a partir de monitorear la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones y de representación? La respuesta a estas preguntas, desde mi particular punto de vista es que sí. Sería sumamente valioso que esto pudiera formalizarse en el marco de su funcionamiento para seguir contribuyendo a los avances aún pendientes. 

En este sentido, me permito sugerir algunas de las próximas tareas que se podrían desarrollar: a) la identificación de las barreras que persisten para acceder y desempeñar los cargos de elección popular, y los que corresponden al interior de los partidos; b) la realización de análisis a partir del seguimiento de los procesos políticos desde una perspectiva de género –incluyendo la cobertura de campañas y precampañas– de las campañas de desprestigio o negras, mismas que son poco deseables y que en nada abonan al debate, las más de las veces, así como del estilo de campañas y las propuestas que presenten las candidaturas de mujeres; c) la información que permita que defiendan sus derechos antes y durante el proceso electoral; d) la difusión del conocimiento obtenido de procesos pasados y, desde luego, la atención y denuncia de la violencia política cuando se ejerza como mecanismo para eliminarles de la contienda; e) la presentación de informes y en su caso de recomendaciones generales que pueden contribuir a influir en las políticas públicas y en la toma de decisiones políticas.

Hoy debemos reconocer que el impulso desde los observatorios que era patente en los primeros años para generar, en lo nacional y también desde lo local, acciones que permitieran el avance de las mujeres en la política, parece disminuir en tiempos no electorales. Los cambios constantes de las personas que coordinan esos esfuerzos en las instituciones, el mayor o menor compromiso de los partidos, el trabajo adicional a las tareas propias que representa nutrir estas acciones, son, sin duda, resistencias que deben reconocerse y superarse. 

Las organizaciones de la sociedad civil y las expertas en temas políticos y de género que actuaron siempre pro bono en los observatorios, consideran que, en muchos de los casos, sus esfuerzos, tiempo y experiencia no se han valorado –quizá en su sentir no carezcan de razones. Los partidos representados por sus secretarías o direcciones de género no tienen el potencial de auspiciar un esfuerzo extrapartido porque, como es también claro, la escasez de personal disponible no les permite retos adicionales a los que implica el cumplimiento de sus propios programas de trabajo. 

Las autoridades electorales y los institutos de las mujeres, nacional y en las entidades federativas, han mantenido la capacitación, compilación y revisión de políticas y de normativa de los derechos de las mujeres, y quizá esto sugiera que son quienes están sustancialmente a cargo de hacerlos pervivir. La pregunta a hacernos es si existen las condiciones para retomar el vigor que pueden tener los observatorios; la justificación objetiva de su permanencia es la realidad imperante. 

La brecha de género a la que se han referido estudios recientes muestra la persistente inequidad en que vivimos las mujeres. La creciente violencia que enfrentamos también indica que la cultura de igualdad no está cercana a asimilarse en una medida mínima deseable. La situación actual de las mujeres nos mantiene en un escenario desigual y violento. 

Considerando lo anterior, cierro señalando que el mandato de paridad en la Constitución no es ni será, por sí mismo, garantía de igualdad real; no puede ser herramienta suficiente para eliminar las desventajas y barreras que se resisten a ceder. Son las acciones de fondo –las que impactan día a día la forma en que se participa en política y que brindan contenido a políticas públicas y a acciones de gobierno, las que impactan en la educación y en la cultura social– las que irán dibujando de mejor manera caminos eficaces para vivir en una sociedad de derechos con visión de igualdad. 

Lo que nos corresponda hacer desde las trincheras que ocupamos, bien vale la pena brindarlo para vivir en una sociedad más equitativa y justa con las personas, sin importar su género.