La democracia paritaria va más allá de la mera presencia de mujeres en los cargos públicos. Es mucho más que leyes que digan que el Estado debe adoptar la perspectiva de género en sus políticas públicas o que las candidaturas deben estar integradas de manera igualitaria. La construcción de democracias paritarias supone una transformación profunda en la manera en que se concibe y se ejerce el poder, la representación y la toma de decisiones. Aun cuando en las últimas tres décadas los países de América Latina han sido pioneros en la adopción e implementación de cuotas de género y de legislación paritaria, la realidad sigue mostrando brechas significativas entre las normas y su implementación efectiva.

En las últimas décadas, la región ha experimentado avances notables. México tiene logros importantes en la representación descriptiva en las instituciones ejecutivas y legislativas a nivel federal y subnacional; Chile eligió una Convención Constitucional paritaria, y países como Bolivia y Costa Rica han implementado medidas integrales de paridad. Actualmente, nueve sistemas políticos de la región cuentan con algún tipo de diseño paritario de entrada a la competencia política por el poder y doce han aprobado leyes contra la violencia política en razón de género. Sin embargo, estos logros coexisten con retrocesos preocupantes y resistencias persistentes que amenazan con erosionar el progreso alcanzado. Como sostuvo una colega en un evento esta semana, “tener más mujeres en las instituciones no significa necesariamente que se resuelven los problemas”. Y esto, en sí mismo, es un problema porque desdibuja la relevancia de contar con alternativas más democráticas para el ejercicio del poder.

Las desigualdades estructurales persisten. Las mujeres no solo continúan enfrentando una mayor carga de trabajo no remunerado, sino que también se exponen a resistencias, simulaciones y violencias cuando quieren ejercer la igualdad. Los avances en materia de derechos y en la presencia pública de las mujeres, el uso del lenguaje inclusivo y no sexista y el impulso a una serie de políticas, en contextos de profundas crisis económicas y desigualdades básicos, han generado un ambiente propicio para discursos que cuestionan la legitimidad de las medidas paritarias y llevan incluso a retrocesos significativos en escenarios donde ya se había avanzado en derechos y en políticas.

Los desafíos actuales son múltiples y complejos. Primero, la violencia política de género se ha intensificado, especialmente en entornos digitales. Segundo, las mujeres que logran acceder a cargos públicos frecuentemente enfrentan obstáculos adicionales para ejercer efectivamente el poder. Tercero, la paridad numérica no necesariamente se traduce en una transformación de las prácticas políticas, en una agenda más inclusiva o en políticas sustantivas que transformen las dinámicas de poder y las culturas institucionales. Se minimizan los logros alcanzados y se sedimenta un clima de opinión reaccionario por parte de ciertos sectores (políticos, culturales y mediáticos) que nuevamente se sienten legitimados a cuestionar la igualdad, bajo el convencimiento de que ya no es necesario “hablarnos -ni sentirnos- como iguales”. 

El camino hacia la democracia paritaria requiere de un compromiso renovado. No se trata de construir un país solo para las mujeres. Se trata de un mundo de iguales. La democracia paritaria no es un "lujo" que se pueda postergar hasta resolver otros problemas. Es una condición necesaria para enfrentar los desafíos contemporáneos. Es una cuestión de derechos, de valores y de políticas. La evidencia muestra que la diversidad en la toma de decisiones conduce a políticas públicas más efectivas y sostenibles. En esta construcción, resulta fundamental que los hombres participen de esta conversación y entiendan la importancia de construir juntos. Necesitamos profundizar las reformas, fortalecer los mecanismos de implementación y construir alianzas que sostengan estos avances frente a posibles retrocesos y también a los gritos de quienes creen que esto no es necesario y usan el Estado para hacer retroceder los derechos alcanzados. La paridad no es el fin del camino, sino el punto de partida para una democracia más inclusiva y representativa.