Hace días, en la conferencia mañanera, el presidente de la República anunció una consulta popular, que no es consulta. El martes 27 de este mes el secretario de Gobernación dio los detalles de fecha y procedimiento para ese ejercicio.

Tendrá lugar el domingo 22 de enero. La Secretaría de Gobernación instalará al menos una casilla en cada sección electoral, lo que arrojaría un total de 68,989 casillas en todo el país; será la misma SEGOB quien seleccione y capacite a los funcionarios de casilla y se encargue de la fabricación de urnas, impresión de boletas y suministro de los demás materiales para utilizar en la jornada de esa consulta, que no es consulta.

Con suficiencia varios juristas han expuesto la improcedencia constitucional del tema que se pretende someter a esa consulta, que no es consulta. El cambio de nombre al ejercicio no subsana la violación en que se está incurriendo. Aun suponiendo sin conceder que la SEGOB tenga facultades para realizar ese tipo de actividad, las preguntas que se harán a los que acudan a las casillas el 22 de enero del próximo año son, por decir lo menos, una necedad.  

La primera pregunta es:

“¿Estás de acuerdo con la creación de la Guardia Nacional y con su desempeño hasta ahora?”

La Guardia Nacional fue creada en marzo de 2019. ¿Qué sentido tiene preguntar por algo que se está hecho? Para evaluar su desempeño se requiere disponer de la información de sus actividades y resultados en las 32 entidades federativas y en los cientos de municipios en que ha tenido o tiene presencia, desde su creación hasta la fecha de esa consulta, que no es consulta.

La segunda pregunta es:

“¿Consideras que las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina, deberían mantenerse haciendo labor de seguridad pública hasta 2028 o que regresen a sus cuarteles en marzo de 2024?”

Conforme al Decreto de reforma constitucional por el que se creó la Guardia Nacional, el presidente de la República tiene, hasta marzo de 2024, la facultad de hacer uso del Ejército y la Marina para labores de seguridad pública. Para extender esa facultad presidencial hasta 2028 es indispensable una reforma constitucional. Esa posible reforma ahora mismo está a debate en la Cámara de Senadores, una vez que fue aprobada por la Cámara de Diputados. Si el Senado diera su aval faltaría la aprobación de, al menos, 17 legislaturas estatales. Sin importar lo que respondan el 22 de enero de 2023 los participantes en la consulta, que no es consulta, para reformar la Constitución el procedimiento no pasa por preguntar a la gente.

La tercera pregunta es:

“¿Cuál es tu opinión de que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional o dependa de la Secretaría de Gobernación o de la Secretaría de Seguridad Pública?”

La pregunta ignora tanto lo que dispone la Constitución, como la reciente reforma que, contrariándola, se aprobó en el Congreso de la Unión, a propuesta del Ejecutivo, para adscribir, operativa y administrativamente, la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa.

El artículo 21 constitucional vigente dispone que la Guardia Nacional esté adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública. Esa norma no la puede cambiar una ley. En varios países las policías similares a nuestra Guardia Nacional están adscrita a los ministerios del interior, equivalentes a nuestra SEGOB, pero hasta hoy nadie ha propuesto un cambio en ese sentido. Es una necedad preguntar por algo que nadie propone. Si el presidente de México quiere que la Guardia Nacional forme parte de la SEDENA, como el Ejército y la Fuerza Aérea, debe proponer cambiar la Constitución, no hacer una consulta, que no es consulta.

La sabiduría del pueblo recomienda: a preguntas necias, oídos sordos.

A menos que se trate de un encubierto ensayo sobre la capacidad de la Secretaría de Gobernación para organizar una elección federal, como se hacía hasta 1988.