Introducción

En los últimos veinte años, académicas, activistas y mujeres políticas de México y de otros países han señalado y documentado reacciones negativas y violentas al aumento significativo de mujeres en puestos de elección. La primera vez que se observó y se nombró este problema fue en el año 2000, cuando la Asociación de Concejalas de Bolivia denunció distintas manifestaciones de acoso y violencia contra mujeres que gobernaban en municipalidades. A partir de ahí, este problema se ha nombrado de maneras distintas como acoso político y violencia política hacia las mujeres, violencia contra las mujeres en política, violencia política en razón de género o violencia de género contra las mujeres en política, entre otras. Si bien existen diferencias teóricas,¹ geográficas/culturales, sobre cómo debería nombrarse, todas las posiciones subrayan la necesidad de visibilizar la violencia que sufren las mujeres en el ámbito político y de diseñar e implementar políticas públicas que hagan frente a este problema público. 

En México se han realizado avances sobre este tema. En abril de 2020 se reformó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) con el fin de establecer veintidós expresiones de violencia que deben considerarse como violencia política contra mujeres en razón de género. Si bien es un avance que debe reconocerse como muy positivo, algunas expresiones de violencia tienden a ser muy amplias o vagas en su definición. Asimismo, es preciso mencionar que en la LGAMVLV se confunden los contextos de relación de la violencia –de pareja, familiar, institucional, laboral, política, entre otras– con las distintas manifestaciones en las que se puede expresar la violencia –física, psicológica, sexual, patrimonial, económica, entre otras– con el medio en que se reproduce esta violencia –medio digital, por ejemplo–. En este sentido, es preciso contar con datos que permitan conocer y sistematizar las expresiones de violencia que sufren las mujeres en el ámbito de la política para diseñar mejores normatividades e implementar políticas públicas que atiendan el problema.

En México, la investigación que torna sobre este tema se ha enfocado en recopilar testimonios de mujeres políticas, así como en analizar los procesos legislativos, las reformas electorales y la normatividad que busca sancionar y atender la violencia de género contra mujeres en política. Sin embargo, no existen, a la fecha, análisis cuantitativos que permitan justamente medir la prevalencia de violencia. En ese tenor, el año pasado, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) elaboró un convenio de colaboración con la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales (AMCEE) para aplicar una primera encuesta de “Experiencias en el proceso electoral 2020-2021”, un primer intento por sistematizar y medir la prevalencia de violencia de género contra mujeres en la etapa de candidatura específicamente durante el proceso electoral 2020-2021. A continuación, se explican algunos detalles de la metodología y de la fuente de datos de la encuesta.

Metodología y datos

El diseño de la encuesta estuvo enfocado en analizar cinco manifestaciones de violencia de género: psicológica, física, económica, patrimonial, y sexual. Para ello, se utilizaron las definiciones contenidas en la LGAMVLV. Como se mencionó anteriormente, la actual legislación establece veintidós expresiones de violencia contra mujeres en el ámbito de la política; sin embargo, dado que las definiciones pueden ser muy amplias o vagas, se decidió añadir más expresiones de violencia de género en la etapa de candidatura con base en la información de testimonios de mujeres encontrados en la literatura académica. Las candidatas que dieron consentimiento contestaron 111 preguntas divididas en nueve apartados: 1) características individuales y sociodemográficas, 2) características del puesto por el cual competían, 3) experiencia política previa al proceso electoral, 4) expresiones de violencia psicológica vividas durante su candidatura, 5) expresiones de violencia física vividas durante su candidatura, 6) expresiones de violencia económica durante su candidatura, 7) expresiones de violencia patrimonial vividas durante su candidatura, 8) expresiones de violencia sexual vividas durante su candidatura y 9) denuncias y redes de apoyo.

Al inicio, se había planteado a la AMCEE aplicar la encuesta tanto a mujeres como a hombres para medir brechas de género; sin embargo, dado que la encuesta fue enviada mediante la Red Nacional de Candidatas, la gran mayoría de las respuestas provienen de mujeres candidatas del proceso electoral 2020-2021 inscritas en esta Red. Asimismo, la encuesta fue diseñada para que las candidatas, al competir por cualquier puesto de elección popular, pudieran contestarlas (federal, estatal y municipal). Es preciso mencionar que los resultados de la encuesta no son representativos a nivel nacional. En varios estados hubo dificultades para aplicar la encuesta puesto que dependía de las mismas consejeras electorales estatales, pertenecientes a AMCEE, empujar su aplicación. Por ejemplo, los estados de Guanajuato, Jalisco, Tabasco y Baja California fueron los estados en donde se recibió un mayor número de respuestas. En cambio, estados como Aguascalientes, Morelos, Hidalgo y Michoacán fueron los estados en donde solo se recibieron una o dos respuestas. Se diseñaron algunas estrategias –sin mucho éxito– para mejorar la tasa de respuesta en estos estados, como promover la encuesta en redes sociales y por invitación personal. También la distribución de respuestas en cuanto al tipo de puesto por el cual competían fue desigual: el 74% de las respuestas provienen de candidatas del ámbito municipal, el 23% de candidatas del ámbito estatal y solo el 2% de candidatas del ámbito federal. Por último, la encuesta fue aplicada del 6 de agosto de 2021 al 23 de septiembre de 2021, una vez que la etapa de candidatura ya hubiera culminado; se recibieron 801 respuestas completas de mujeres candidatas de todos los puestos de elección. 

Resultados

A pesar de que la encuesta no es representativa a nivel nacional, da luz sobre las distintas expresiones de violencia que sufrieron las mujeres durante la etapa de candidatura en este pasado proceso electoral 2020-2021. A continuación, se presentan los principales resultados de las cinco manifestaciones de violencia de género analizadas. 

Violencia psicológica

Para este apartado, las candidatas tenían que indicar si habían sufrido o no distintas expresiones de violencia psicológica durante su candidatura. Como se puede observar en la Tabla 1, el 43.1% de las mujeres que contestaron la encuesta indicaron haber sufrido comentarios ofensivos o descalificaciones sobre las mujeres que ingresan en la política, siendo esta la expresión más común de violencia psicológica. Asimismo, el 41.7% indicó que recibieron comentarios descalificativos sobre la falta de experiencia, o falta de escolaridad para ocupar un cargo y el 39.3% mencionó que las han ignorado o no se han tomado en cuenta sus ideas para su proceso de campaña.

En este sentido, se podría decir que la mayoría de la violencia psicológica que sufren las mujeres es más bien de índole simbólica y está enfocada, específicamente, a mandar un mensaje de que el espacio político no es un espacio de mujeres. 

Violencia física

Con respecto a la violencia física, se puede observar que es la violencia que menos sufren las mujeres que contestaron la encuesta. Como se observa en la Tabla 2, solo el 7.5% de las mujeres mencionaron haber sido pellizcadas, empujadas, jaloneadas, entre otras vejaciones en algún mitin, reunión o acto de campaña. Asimismo, el 1% mencionó haber sido secuestrada o que hubieran secuestrado a alguien de su familia.

Violencia económica 

Este apartado solo fue contestado por aquellas candidatas que representaban a un partido político durante el proceso electoral 2020-2021, puesto que se intentaba recolectar datos sobre el comportamiento de partidos políticos al asignar recursos. Como se puede observar en la Tabla 3, el 33.8% de las candidatas perciben haber recibido menos recursos económicos en comparación con sus compañeros hombres compitiendo por puestos similares. Llama la atención que el 25.7% de las mujeres percibieron haber recibido menos tiempo de radio y televisión en comparación con sus compañeros hombres, a pesar de los esfuerzos del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) por asignar igualitariamente espacios de radio y televisión.

Violencia patrimonial

Con respecto a la violencia patrimonial, se puede observar en la Tabla 4 que el 27.3% de las candidatas que contestaron la encuesta mencionaron haber encontrado sus materiales de campaña destruidos. En este caso, en específico, será necesario en un futuro realizar comparaciones entre mujeres y hombres dado que es una práctica común en los procesos electorales con el fin de analizar si dicha práctica se realiza porque son mujeres que ingresan a espacios tradicionalmente masculinos o si más bien es un práctica mayoritariamente enfocada a influenciar resultados políticos independientemente de si son mujeres u hombres. Llama la atención que 9.6% de las mujeres encuestadas percibieron que se les había negado u ocultado documentación para inscribirse como candidatas.

Violencia sexual

Con respecto a la violencia sexual, como se observa en la Tabla 5, el 28.1% mencionaron haber recibido miradas obscenas y al 20.8% le hicieron piropos ofensivos y molestos en mítines, reuniones o actos de campañas. Un aspecto que resalta y que es de suma gravedad, aunque sea un porcentaje muy pequeño, es que el 0.6% de las candidatas mencionaron que intentaron o las obligaron a tener relaciones sexuales cuando no querían en algún mitin, reunión o acto de campaña de este proceso electoral 2020-2021.

Conclusiones

Como se observa en las distintas tablas, las mujeres que compitieron en el proceso electoral 2020-2021 sufrieron distintas manifestaciones de violencia de género en la etapa de candidatura; en algunos casos, las mujeres sufrieron múltiples manifestaciones de violencia de género. Este tipo de esfuerzo por sistematizar y medir la prevalencia de violencia de género en los procesos electorales mediante una encuesta puede ser sumamente útil para diseñar e implementar mejores políticas públicas. Asimismo, puede ser muy útil para observar patrones o correlaciones con respecto a otras características individuales, institucionales y contextuales que permitan justamente focalizar programas que prevengan y atiendan la violencia de género.

 Un aspecto importante de la encuesta es que en cada uno de los apartados de las distintas manifestaciones se preguntó a quién(es) percibía que había(n) sido la(s) persona(s) agresora(s): 1) alguien vinculado a mi partido político, 2) alguien vinculado a otro partido político, 3) alguien de medios de comunicación, 4) alguien de mi entorno familiar, 5) alguien de la autoridad electoral, 6) alguien de la delincuencia, 7) alguien de las fuerzas de seguridad pública, 8) desconocido y 9) prefiero no contestar. En cuatro de los cinco apartados de manifestaciones de violencia de género, contestaron mayoritariamente que había sido alguien vinculado a otro partido político o alguien vinculado a su mismo partido político, excepto en el apartado de violencia sexual, en donde contestaron mayoritariamente que había sido alguien desconocida/o, o algún votante o ciudadano/a. Esto último es interesante puesto que existe una percepción de que la violencia que sufren las candidatas puede provenir de la delincuencia o crimen organizado. En este caso, no fue así.

 Asimismo, es preciso mencionar que, al inicio de la encuesta, el 40% de las mujeres manifestaba haber sufrido violencia política contra mujeres en razón de género. Sin embargo, una vez que contestaban los cinco apartados de manifestaciones, resulta que el 83% de las candidatas sufrió por lo menos algunas de las expresiones de violencia contenidas en las tablas. Por último, solo el 11.8% manifestó haber denunciado ante alguna instancia. Cuando se preguntó por qué no había denunciado: el 46.2% mencionó que porque no consideró el evento de importancia o relevante, el 21.1% mencionó que por miedo a sufrir represalias, el 13.9% porque no sabía que podía acudir a denunciar y el 9.2% por no contar con el apoyo de su partido político.