Un frecuente destinatario de las críticas que lanza el presidente de México desde sus conferencias de cada mañana en Palacio Nacional son los organismos autónomos, especialmente el INE y el INAI, aunque la COFECE y el IFT también han dado pie a esas críticas.

Sin embargo, si alguna de las autonomías constitucionales otorgadas en el sexenio de Peña Nieto merece una revisión de fondo, desde su origen hasta sus actuales resultados, esa es la otorgada a la Fiscalía General de la República (FGR) mediante el Decreto de Reforma Constitucional publicado el 10 de febrero de 2014 en el Diario Oficial de la Federación.

Aunque el citado Decreto dice en su declaración inicial que se trata de la “materia política-electoral”, se trató en realidad de una especie de reforma miscelánea, un muégano.

Ese Decreto produjo los siguientes cambios a nuestra Constitución (el número entre paréntesis corresponde al artículo reformado):

a) Definió al CONEVAL y lo dotó de autonomía (26);

b) Estableció requisitos para la suspensión de derechos y garantías en casos de invasión o perturbación grave de la paz pública (29);

c) Desapareció el IFE y creó el INE, centralizando en él facultades relativas a elecciones locales y reformó varios artículos para realizar las adecuaciones pertinentes (41, 116, 35, 54, 55);

d) Reimplantó la reelección inmediata de legisladores, federales y locales, y de ayuntamientos (59, 115, 116, 122);

e) Obligó al Ejecutivo a presentar al Senado “la Estrategia Nacional de Seguridad Pública e informar anualmente del estado que guarde” (69);

f) Facultó al Congreso para expedir leyes generales en materia electoral y de partidos políticos (73);

g) Facultó a la Cámara de Diputados a ratificar el nombramiento del secretario de Hacienda y para aprobar en Plan Nacional de Desarrollo (74 y 89);

h) Estableció la figura de “gobierno de coalición” y las facultades del Senado en esa hipótesis, así como para ratificar los nombramientos del secretario de Relaciones Exteriores y de los integrantes de los órganos reguladores en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica (76 y 89);

h) Cambió la fecha de inicio del periodo presidencial y realizó los ajustes pertinentes a otros artículos (83 y otros);

i) Creó la Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, estableció los requisitos para ser titular de la misma y el procedimiento para su designación y remoción, ajustando otros artículos sobre la misma materia (102 89, 90, 95, 195, 107, 110, 111, 119). Estableció una vacatio legis para la entrada en vigor de esa parte del Decreto y determinó que quien fuera titular de la PGR al momento de la entrada en vigor de la reforma, lo sería de la FGR por un periodo de 9 años.

j) En un artículo transitorio (Segundo) estableció el contenido pormenorizado de las leyes generales en materia electoral y de partidos políticos.

Legisladores que participaron de manera directa en las negociaciones que dieron lugar a esa mega reforma han confirmado que la misma se fue construyendo por temas, que se fueron incorporando por las oposiciones (PAN/PRD) a partir de una premisa: era la moneda de cambio para dar paso a la reforma en materia energética que abriría la puerta a la participación privada en las industria petrolera y eléctrica.

Por ese motivo es que he considerado, desde entonces, que se trato de un “cambalache”. Lo que explica en gran medida los desvaríos en que incurrieron los autores de esa reforma, a la que también he calificado de “mazacote”. En esa reforma y en el contenido en el Decreto de marras, la creación de la FGR y su autonomía entraron al final de la negociación, por cierto, se dice, por el interés del entonces Consejero Jurídico de Enrique Peña Nieto.

Los negociadores del gobierno, ansiosos por obtener los votos para la reforma energética, dieron su brazo a torcer, aunque lograron posponer la entrada en vigor de esa parte del Decreto, quizá pensando en que más adelante podrían negociar quien sería al primer titular de la FGR, en lo que fracasaron ya que una intensa movilización de opinión pública en contra del “fiscal carnal” frustró ese propósito, dejando abierta la puerta para que el presidente electo en junio de 2018 decidiera quien sería el primer titular de la autónoma FGR.

El doctor en Derecho Alejandro Gertz Manero (1939) fue el último titular de la PGR, por lo que asumió como primer titular de la FGR, amparado en el Transitorio Décimo Sexto, segundo párrafo, del Decreto del 10 de febrero de 2014; fue secretario de Seguridad Pública del gobierno del DF, de agosto de 1998 a noviembre de 2000 (Bajo las órdenes de Cuauhtémoc Cárdenas y de Rosario Robles). Ocupó igual cargo a nivel federal, designado por Vicente Fox, entre diciembre de 2000 a junio de 2004. Años más tarde fue electo como diputado federal plurinominal de Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano), en la LXI Legislatura (2009-2012), en la que fue presidente de la Comisión de Marina.    

Creo que el balance de la FGR debe hacerse a la luz de sus resultados en materia de procuración de justicia y del ejercicio de la autonomía constitucional que le fue otorgada en 2014. Para sus críticos, esa autonomía ha sido, hasta hoy, un pretexto para justificar incompetencia y excesos, y para exculpar al presidente de México de responsabilidades en esa materia.

Las opiniones al respecto se basan en hechos en que el doctor Gertz Manero es protagonista, más que en datos o información sobre la trayectoria de la FGR en estos más de tres años de su autonomía. Por ejemplo, las filtraciones, confusiones y críticas sobre un proyecto de Ley Orgánica de la FGR, cuya autoría fue atribuida a su titular, nunca fueron aclaradas, aunque el proyecto contenía elementos suficientes para prender focos rojos en esa materia.  

Cabe afirmar que, para el balance y crítica de los órganos autónomos, es inexcusable incluir a la Fiscalía General de la República. Ese balance deberá incluir, al menos, la evolución de la FGR en cuanto a los recursos presupuestales, materiales y humanos de que dispone (2019-2022), en relación a indicadores de eficiencia, así como la relación entre delitos ocurridos, denunciados e investigados. ¿Cuántas carpetas presentadas por la FGR ante jueces han dado lugar a vinculación a proceso de los presuntos delincuentes; cuántos de ellos fueron sentenciados y cumplen condena en prisión? 

En todo caso, resulta necesario empezar por develar los intríngulis del cambalache entre las oposiciones y el gobierno, al calor del llamado “Pacto por México”.