Hasta 1985 el órgano máximo de autoridad electoral en México era la Comisión Federal Electoral (CFE), que se integraba por un presidente, que por ley era el secretario de Gobernación y representaba al Poder Ejecutivo Federal, por un diputado y un senador, ambos del PRI, que teóricamente representaban al Poder Legislativo Federal, y por un comisionado de cada partido político nacional; todos los integrantes tenían voz y voto. Los comisionados de los partidos con registro condicionado solo tenían derecho a voz. El Poder Judicial Federal no participaba en la integración de la autoridad electoral. Incluso, hasta ese año, no existía un tribunal electoral.

En 1986 por una reforma constitucional y por el nuevo Código Federal Electoral, la Comisión Federal Electoral cambió la fórmula de representación igualitaria de los partidos políticos -un partido, un voto, para adoptar la de proporcionalidad respecto a la votación. Por esa fórmula en la CFE de 1988 el PRI tenía, por sí mismo 16 votos, y la suma de los demás, incluyendo al presidente y a los legisladores, 15 votos.

En 1988 el fraude electoral y la caída del sistema dieron lugar a una crisis política, que obligó al gobierno de Carlos Salinas a negociar con las dos oposiciones de mayor peso (PAN y PMS) un cambio de fondo al sistema electoral. Durante 1989 y el primer semestre de 1990 en el Salón Revolución de la Secretaría de Gobernación los representantes del gobierno y los comisionados del PRI, PAN y PMS-PRD negociaron esos cambios. Por vez primera, el presidente de la República no presentó la iniciativa de reforma, sino que surgió del diálogo y la construcción de acuerdos.

El primer acuerdo alcanzado en 1989 fue que en el máximo órgano de dirección electoral ningún partido, alianza de partidos, o entre uno o varios de ellos con el gobierno, tendría mayoría de votos. De ese acuerdo derivó la desaparición de la CFE y el nacimiento del Instituto Federal Electoral (IFE), con un Consejo General integrado, como en la CFE, por representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, por comisionados de los partidos políticos en proporcionalidad atemperada y –la novedad- por 6 consejeros magistrados, abogados, que fueron propuestos por el presidente de la República y electos por la Cámara de Diputados. Todos los integrantes con voz y voto.

El entonces secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios, propuso en 1990 que el Poder Ejecutivo dejara de formar parte del órgano electoral y en consecuencia se nombrara por la Cámara de Diputados al presidente del IFE. Los comisionados del PAN y el PMS rechazaron la propuesta, por considerar que daría lugar a un manejo a trasmano, liberando al gobierno de cualquier responsabilidad en fraudes electorales. Por ese motivo el secretario de Gobernación presidió, hasta 1996, el Consejo General del IFE, y el citado Gutiérrez Barrios fue el primero en ocupar ese cargo. También lo ocuparon Patrocinio González, Jorge Carpizo, Esteban Moctezuma y Emilio Chuayffet.

En 1994, producto da la aparición del EZLN en Chiapas, Jorge Carpizo, secretario de Gobernación, convocó y condujo las “conversaciones de Barcelona”, en las que representantes de 3 partidos (PRI-PAN-PRD) pactaron una nueva reforma electoral, que entre otros acuerdos dio lugar a dos cambios en la integración del Consejo General del IFE: los partidos políticos perdieron el derecho al voto (y se regresó a la representación igualitaria), y los 6 consejeros magistrados fueron sustituidos por igual número de “consejeros ciudadanos”, propuestos por los partidos y aprobados por la Cámara de Diputados. El doctor Carpizo propuso que el presidente del IFE también fuera nombrado por la Cámara de Diputados, pero de nueva cuenta PAN y PRD rechazaron la propuesta y el secretario de Gobernación siguió siendo, por ley, titular de ese cargo.

En 1996 se otorgó autonomía de rango constitucional al IFE. El secretario de Gobernación salió de ese órgano. Los consejeros del Poder Legislativo perdieron el voto y se convirtieron en una segunda representación, solo con voz, de los partidos políticos, que se mantuvieron en representación igualitaria, sólo con voz. A partir de 1996 en el Consejo General tienen voz y voto exclusivamente los consejeros electorales y el consejero presidente, nombrados por dos terceras partes en la Cámara de Diputados, a propuesta de los partidos políticos (1996-2014) y desde 2014 a propuesta de un Comité Técnico de Evaluación. En 1994 eran 6 los consejeros ciudadanos; en 1996 los consejeros electorales eran 8, y en 2014 su número aumento a 10 (además del consejero presidente).

La conformación del máximo órgano de dirección electoral ha sido, desde 1990, producto de acuerdos políticos entre el gobierno y los partidos políticos; acuerdos que cabe considerar “de Estado”, como lo es, en otro ejemplo, que ningún partido pueda tener, por sí mismo, más de 300 diputados federales. Son acuerdos “pétreos”, en tanto sostienen el andamiaje electoral de México. Cambiarlos por la imposición de una partido, o de una alianza entre el gobierno y su partido, sería regresar a los años de la caída del sistema y el fraude electoral.

Hemos aprendido que el diálogo y el consenso son indispensables para la reforma al sistema electoral mexicano.