En 2024 Chile renovará a sus autoridades regionales y locales, constituyéndose en una de las elecciones de la política regular más relevantes luego del fallido ciclo constitucional que vivió el país en 2021 y 2023. Estas elecciones se darán en el contexto de una compleja crisis de seguridad, lo que pone a prueba –como en el resto de América Latina– la calidad de la democracia. Esta elección es además la antesala de las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2025.

¿Cuál es la relevancia de las elecciones regionales y locales en Chile? Chile es un Estado unitario y descentralizado. En la última década se han dado reformas legales en pos de una mayor descentralización. En 2016, y en el marco de la reforma política impulsada por la Presidenta Michelle Bachelet, se inicia la tramitación legislativa que llevó a que en 2021 se diera la primera elección directa de los Gobernadores, máxima autoridad en cada una de las 16 regiones en las que se divide el país. Hasta entonces, esta autoridad, que se denominaba Intendente, eran cargos de exclusiva confianza del Presidente de la República.

La primera elección de Gobernadores Regionales se realizó en mayo de 2021, conjuntamente con la elección de Convencionales Constituyentes, Consejeros Regionales, Alcaldes y Concejales. Esta elección , regulada por la ley N.º 20.990, se realizó mediante un sistema de voto mayoritario con segunda vuelta electoral. En primera vuelta electoral sólo 3 de los 16 gobernadores regionales resultaron electos, y los otros 13 se definieron en segunda vuelta. Los partidos de derecha obtuvieron un representante, siendo la gran mayoría de los Gobernadores electos representantes de la centroizquierda, y un líder emblemático de los movimientos sociales que resultó electo Gobernador en la Región de Valparaíso. Se eligieron 302 Consejeros Regionales, distribuidos en las 16 regiones del país.

En la misma fecha, 15 y 16 de mayo de 2021, se renovaron las autoridades de los 345 gobiernos locales del país. Las candidaturas se agruparon en 12 pactos más los independientes, representando a las distintas fuerzas políticas del país. De los 345 Alcaldes electos, 105 de ellos ganaron compitiendo como independientes, un número bastante alto considerando la diversidad de partidos políticos existentes. Chile Vamos, la coalición de partidos de derecha tradicional eligió 87 Alcaldes, Unidad por el Apruebo, pacto de centroizquierda eligió 68 Alcaldes, Unidos por la Dignidad (Democracia Cristiana y otros) eligieron 61 Alcaldes, el Frente Amplio que representa a la izquierda eligió 12 Alcaldes, y el pacto del Partido Comunista alcanzó 9 electos, el resto representó a las otras coaliciones. El resultado de esta elección fue importante para ver el comportamiento electoral en procesos regulares, dado que en paralelo se eligió a los representantes en el órgano constituyente, donde los partidos tradicionales tuvieron una muy baja representación en comparación con los independientes.

Tener a la vista los resultados electorales de 2021 es un elemento que permite analizar el escenario electoral que enfrenta Chile en 2024. Mucho ha pasado en estos tres años, en términos políticos, sociales y económicos, y la elección no puede ser observada si no en un contexto de cambio e incertidumbre a nivel del sistema político.

Tres claves son fundamentales para observar la coyuntura electoral de Chile: a) los efectos de un proceso constituyente fallido que se dio en tres fases; b) una crisis de seguridad acentuada; c) problemas económicos y sociales que se manifestaron en un estallido social y que no han sido abordados; y d) una crisis del sistema político que limita la posibilidad de tomar las decisiones oportunas a las circunstancias que vive el país.

La norma Constitucional de Chile tiene origen en el régimen autoritario de Augusto Pinochet. En 1989, durante la transición a la democracia, y en 2005, bajo el gobierno del socialista Ricardo Lagos Escobar, la carta magna fue objeto de importantes reformas, que tenían como objetivo democratizar el texto. Sin embargo, las fuerzas políticas y sociales del país permanentemente se han tensionado por las trabas que el texto constitucional ha impuesto para llevar adelante reformas ampliamente apoyadas por la ciudadanía en materias de educación, salud, derechos sexuales y reproductivos, régimen político, entre otros. En 2016 la presidenta Michelle Bachelet propuso al país un mecanismo participativo de cambio constitucional, el cual tuvo una amplia acogida de la ciudadanía, no así de los partidos políticos.

En octubre de 2019, y antecedido de un persistente ciclo de protesta social, se produjo en Chile un malestar social expresado en protestas y actos de violencia en todo el territorio nacional, un verdadero “estallido social”. Aunque las razones por las cuales la ciudadanía salió a la calle fueron múltiples, el malestar hacia la clase política era transversal, y la demanda por mayor justicia y un nuevo pacto político y social era recurrente en todos los sectores movilizados. El sistema político pactó en el Congreso nacional, en noviembre de 2019, una reforma constitucional para convocar a un proceso constituyente, lo cual fue un quiebre en la tendencia política hasta ese momento: se buscó canalizar el descontento mediante un proceso de cambio constitucional institucionalizado, participativo, paritario e inclusivo. Luego de un año de trabajo, la propuesta de texto resultante fue rechazada por la ciudadanía mediante plebiscito. En 2023, el gobierno del presidente Gabriel Boric, convocó a un nuevo proceso. Esta vez la ciudadanía votó por representantes mayoritariamente conservadores y puso su confianza en un nuevo partido político, el Partido Republicano, de extrema derecha, el cual representó una mayoría en el órgano constituyente de 2023. El texto resultante nuevamente fue rechazado por la ciudadanía mediante plebiscito en septiembre de 2023.

Como en un péndulo que grafica el malestar ciudadano, las preferencias electorales se movieron desde las izquierdas a las derechas, surgieron nuevos partidos y líderes independientes, y sobrevivieron las antiguas fuerzas políticas. La legislación del voto obligatorio desde 2022, incorporó a 3 millones de nuevos electores, sobre los cuáles no se conocían sus preferencias. En consecuencia, una marcada incertidumbre para el ciclo electoral 2024-2025.

Por otra parte, una nueva tensión está cruzando a la política chilena: la crisis de seguridad. Y no es que la seguridad sea un problema nuevo para las democracias, pero el carácter que está tomando el crimen organizado y la violencia que proviene de él en la sociedad chilena, ha marcado la agenda post constituyente y post pandemia. Diversas encuestas muestran que la seguridad es la principal preocupación de las personas. De acuerdo al último estudio de Data Influye, un 51% de los encuestados señalan que la delincuencia y la violencia criminal es un tema que puede debilitar políticamente al actual gobierno. Por otro lado, los medios de comunicación muestran permanentemente un tipo de criminalidad que no se había visto en Chile: secuestros, extorsión, asesinatos, bandas de narcotráfico insertas en los barrios y con altos niveles de violencia. Los partidos políticos, líderes sociales y Alcaldes han pedido mayor injerencia del gobierno, llamando a actuar a las fuerzas policiales e incluso a las fuerzas armadas. Esto constituye un clivaje que ha superado las tradicionales visiones desde la izquierda y la derecha frente al tema de seguridad, poniendo las posiciones en la esfera del autoritarismo (entendido como “mano dura”) versus los principios democráticos. Sin duda las campañas electorales de los próximos meses estarán cruzadas por las propuestas frente a la criminalidad, con un alto riesgo de caer en el denominado populismo penal.

A lo anterior se suma una demanda por mayor justicia social que no ha logrado ser abordada en los últimos años. Chile es un país que durante las últimas tres décadas ha optado por un modelo de desarrollo que se basa en una economía de libre mercado, y que mediante políticas públicas se tratan los problemas de la sociedad. En la década de 1990, se logró superar los altos índices de pobreza heredados de la dictadura, pero los niveles de desigualdad siguen impactando la posibilidad de un desarrollo más inclusivo. Es así que temas como políticas de seguridad social han sido imposibles de resolver por vía legislativa. Ninguno de los últimos tres gobiernos ha logrado tener un acuerdo para reformar el Sistema de Pensiones, tampoco la crisis que afecta al sistema privado de salud. Y la calidad de la educación pública sigue siendo un tema que preocupa a las familias que no pueden acceder a la educación privada.

Finalmente, la alta fragmentación del sistema de partidos políticos (hoy existen 25 partidos constituidos), la creciente polarización del sistema político, los casi nulos mecanismos de cooperación entre el poder ejecutivo y legislativo, y el distanciamiento entre la ciudadanía y el sistema de representación generan un escenario poco propicio para alcanzar los consensos políticos necesarios para avanzar en los derechos sociales y económicos. Como nos muestra la experiencia comparada las reformas políticas son de las más complejas de llevar a cabo. Éstas resultan poco atractivas para la ciudadanía lo que hace que no sean prioritarias en la agenda política, sumado a que cambiar las reglas del juego para quienes toman decisiones siempre involucra el análisis coyuntural de cómo esta reforma podría afectar la distribución de poder. Es anecdótico que, tal como se dio en otros procesos constituyentes de América Latina, el tema que menos avanzó en los fallidos procesos constituyentes en Chile fue la reforma al régimen político, e incluso se optó por fortalecer el presidencialismo. En el caso de Chile, un presidencialismo reforzado con un sistema de partidos fragmentados, no es una buena combinación.

Es en este contexto que en octubre próximo, más de 15 millones de electores deberán decidir en las urnas por quién votar. Recibirán cuatro cédulas electorales: una para Gobernadores, otra para Consejeros Regionales, otra para Alcaldes y finalmente para Concejales. Un primer hito en este proceso electoral son las primarias que realizan los partidos para seleccionar candidaturas. El 10 de abril, con la formalización de pactos y declaración de candidaturas para las elecciones primarias ante el Servicio Electoral, formalmente arrancó la carrera electoral 2024. Once pactos políticos fueron formalizados, los cuales a su vez establecen diez subpactos, dejando en evidencia una de las características más problemáticas del sistema de partidos en Chile: la fragmentación.

En esta primera fase, las fuerzas políticas formalizan pactos y declaran candidaturas en miras a la selección de candidaturas a alcaldes y Gobernadores. De acuerdo con la ley 20.640 que regula las elecciones primarias, los partidos políticos concurren voluntariamente a definir este mecanismo para la selección de candidaturas, procedimiento clave para definir las alianzas políticas. Este pacto, tanto para la elección de alcaldes como de Gobernadores, deberá ser común, abarcando el pacto de alcaldes todas las comunas, y el de Gobernadores todas las regiones, por tanto, las decisiones que se han tomado muestran la geografía política que ofrecen los partidos en miras de las elecciones de octubre de 2024.

¿Qué nos dicen los pactos y subpactos formalizados ante el Servicio Electoral? Por un lado, los partidos de derecha se han agrupado en lo que podríamos denominar una alianza tradicional, siendo RN, la UDI, y Evópoli quienes constituyen el pacto Chile Vamos, quienes suman a independientes para su pacto para Alcaldes y Gobernadores, y pactos específicos para Concejales y Core. Por otra parte, la izquierda con los partidos de centro izquierda han constituido un amplio pacto que llega a sumar 10 partidos más independientes, bajo el nombre Contigo Chile mejor. Estos partidos constituyen otros pactos por afinidades históricas, para Concejales y Core. Además, se ha establecido el pacto del Partidos Social Cristiano con Independientes.

No todos los pactos declararon candidaturas a primarias, y aún queda mucho por definir en esta arena teniendo como norte declarar la totalidad de candidaturas el próximo mes de julio. Más allá de quienes son candidatos o candidatas, y las posibilidades electorales de cada uno, lo que debe llamar nuestra atención es la dispersión y fragmentación del sistema político. Lo que la evidencia académica muestra y la experiencia política ratifica, es que para mejorar el diálogo y la deliberación democrática es de toda urgencia fortalecer el sistema de partidos con un mayor ensamblaje entre la ciudadanía y la representación política, lo que implica disminuir la fragmentación.