A finales de 2021 señalamos en el artículo “Realineamiento electoral. Análisis de la transferencia de votos en escenarios transicionales en Colombia” -publicado en la Revista de Sociologia e Política- cómo el sistema político colombiano entraba en un contexto transicional derivado del acuerdo de paz con las FARC-EP de 2016. Esto implicó cambios sensibles en las dinámicas electorales, especialmente en el incremento de la fluidez de los electorados y en una tímida variación de la agenda política.

Con respecto al segundo punto, si bien las candidaturas presidenciales en las elecciones celebradas en la primera parte de este siglo se establecieron en torno a la dicotomía “negociación/guerra” como formas de salida del conflicto armado, los comicios de 2018 comenzaron a mostrar una variación en el eje del debate público alejándose de la agenda del conflicto interno. Desde entonces empezaron a priorizarse discusiones de corte económico o ideológico en el debate público. Esta situación parece haberse decantado de forma más evidente en la campaña electoral de 2022.

Diversos factores parecen ser revulsivos de esta nueva situación. A los efectos propios de la implementación del acuerdo de paz de 2016 hay que agregar cambios institucionales recientes como la adjudicación de curules en el Senado y la Cámara para las y los candidatos a la presidencia y vicepresidencia que ocupen el segundo lugar, la puesta en marcha de las circunscripciones de paz -un efecto “tardío” del acuerdo de paz, pues fueron negadas por el Congreso en 2017 y se implementaron finalmente en 2022 después de un largo litigio ante la Corte Constitucional- y, sobre todo, la consolidación de la herramienta de las Consultas para candidaturas presidenciales por parte de las coaliciones de partidos en la fecha de las elecciones legislativas.

Si bien esta última herramienta comenzó a utilizarse de forma heterogénea desde la Reforma Política de 2003, solo hasta 2022 fue utilizada sistemáticamente por coaliciones que pretendían representar las tres principales franjas de opinión: izquierda, centro y derecha. En la práctica alcanzaron una altísima participación convirtiéndose de facto en elecciones primarias que aceleraron la dicotomización de la agenda y afectaron a las candidaturas que no participaron del ejercicio (como las de Rodolfo Hernández e Ingrid Betancourt).

¿En qué va la transición?

Desde el fracaso de las negociaciones de paz entre el gobierno de Andrés Pastrana y las FARC-EP en la zona de distensión de El Caguán en 2002, el tipo de salida del conflicto armado (guerra/negociación) se constituyó como el principal eje del debate electoral en los comicios presidenciales. De hecho, frente a la ausencia de un sistema de partidos institucionalizado, esta fractura se estableció como un clivaje que cristalizó las preferencias de buena parte del electorado construyéndose perfiles temporales y territoriales específicos.

Aún sin desaparecer por completo, dicho clivaje fue perdiendo appeal durante las primeras elecciones del contexto transicional en 2018. De hecho, este comenzó a ser parcialmente reemplazado por otros issues asociados a debates programáticos más extensos que habían quedado prácticamente relegados durante la década previa. Así, durante los procesos electorales comenzaron a asomar temas ligados a la economía (impuestos, redistribución, política energética) y a la lucha contra la corrupción que contribuyeron a diversificar la agenda.

Esta diversificación se vio reflejada también en el aumento de la fluidez del electorado que comenzó a variar sus preferencias yuxtaponiendo nuevas dimensiones a la fractura guerra/acuerdo. Éstas dimensiones, mucho más convencionales como la clásica diferenciación espacial entre izquierda/derecha, llevaron a que los comportamientos electorales resultaran mucho menos lineales.

Pero si las elecciones de 2018 parecieran marcar el inicio del cambio, la campaña de 2022 parece haber terminado de configurar el escenario. Así, la implementación del acuerdo de paz de 2016 o la eventualidad de una nueva política de paz son asuntos secundarios de la actual agenda.

No obstante, es apresurado hablar de la finalización de la war-to-peace transition. No en vano existen debates en curso sobre la caracterización de la transición: ¿se trata de una transición fallida?, ¿de una transición incompleta? La expansión territorial del ELN y de los spoilers del proceso de paz anterior así como la consolidación de organizaciones criminales y el asesinato sistemático de líderes sociales y firmantes de paz son procesos en curso que vuelven a traer al debate público los asuntos de seguridad y salida negociada al conflicto. ¿Significa esto un retorno próximo al debate guerra/solución negociada? Por lo pronto, el país parece marchar hacia una “normalización” de la agenda política que ubica a Colombia dentro de la corriente regional.

Un momento particular para la normalización de la agenda

Los senderos para esta “latinoamericanización” de la agenda política colombiana parecen cimentarse en distintas direcciones. Abordaremos, por su notoriedad, dos de éstas. De un lado, la coyuntura de la movilización social destacada desde 2019, pero que se exacerbó en el contexto de la pandemia. Del otro, la proliferación de elecciones reñidas con agendas similares en la región.

Frente al primer punto, el paro de 2021 representó un hito que no registra antecedentes en la historia reciente del país. La movilización disruptiva de sectores urbanos no encuadrados dentro de los movimientos sociales clásicos –fenómeno relativamente similar a las movilizaciones recientes como las chilenas y peruanas que, además, compartieron con estos repertorios de protesta– dio cuenta del creciente malestar asociado a la desigualdad de las urbes colombianas y al mismo tiempo instaló a la cuestión redistributiva y a la política social en el centro del debate. Aún es temprano para evaluar sus consecuencias inmediatas, pero podrían implicar desde nuevos liderazgos subnacionales hasta una reconfiguración territorial de los apoyos electorales.

Frente al segundo, América Latina parece vivir una ola de elecciones signada por el enfrentamiento de perfiles estereotípicos de derechas e izquierdas –siendo posiblemente las elecciones recientes de Costa Rica un caso desviante –. Si bien elementos de este cambio pueden trazarse en el debate político colombiano desde 2016 (cuando la apelación al “castrochavismo” y al “volverse como Venezuela” resultó ser exitosa en las votaciones del plebiscito del acuerdo de paz), lo cierto es que estos atajos cognitivos propios del calor de las campañas políticas se entremezclan con otras dimensiones de un debate en torno al modelo económico y la política social.

En medio de todo esto, la alternativa de centro no ha podido “hacer pie”. Desdibujándose como consecuencia de la existencia de fuertes tensiones y polémicas internas –que mostraron a este segmento como una “coalición residual” unida por la no pertenencia de sus dirigentes a la izquierda o a la derecha más que por la existencia de afinidades que la cohesionan– y la ausencia de liderazgos definidos.

Si bien esta “sintonía” con la realidad latinoamericana rompe con una tradición colombiana de larga duración –el debate entre los muchas veces imperceptibles matices de la derecha y la centro-derecha interrumpidos solo esporádicamente por otras alternativas–, sus consecuencias requieren de tiempo. Por lo pronto, puede notarse una sobresimplificación de la realidad en el debate público que, aunque polarizante, es electoralmente atractivo y socialmente movilizador, elementos novedosos en un país de alta abstención y con un sistema de partidos desinstitucionalizado.

Los comicios de la primera vuelta del próximo 29 de mayo seguramente permitirán ampliar lo aquí esbozado. Mientras tanto, el debate público se mantiene dentro de los cánones previamente indicados, la disposición institucional de un eventual segundo turno podría reforzar la llamada sintonía regional.