El 11 de agosto de 2026, a las 10:00 horas, la revista Voz y Voto llevó a cabo la mesa 

de análisis “Inseguridad y elecciones”, moderada por Jorge Alcocer V., director fundador 

de Voz y Voto, y contó con la participación de Rubén Moreira, diputado federal 

y exgobernador de Coahuila; Claudia Zavala, exconsejera del INE, y Jorge Tello Peón, 

exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). 

La presentación de las preguntas de los espectadores y el cierre estuvieron 

a cargo de Gloria Alcocer Olmos, directora de Voz y Voto.¹

Jorge Alcocer V.: Estamos ante uno de los temas más apremiantes de la agenda nacional. Se aproxima un proceso electoral federal y treinta y dos procesos locales con diecisiete gubernaturas, 1714 ayuntamientos y veintinueve congresos locales por renovar. En tal contexto gravita la inseguridad. La pregunta inicial es directa: ¿la misma representa un riesgo para la integridad de los procesos electorales, entendida como su desarrollo normal conforme a la Constitución y la ley?

Rubén Moreira: Sí. En las elecciones de 2021 y 2024 recorrí el país y pude ver que la violencia y la inseguridad ya son actores dentro de los comicios. En el proceso 2023-2024 se contabilizaron 889 víctimas, entre personas dedicadas a la política, candidaturas y equipos de campaña; otras mediciones registraron 2974 agresiones electorales en ocho años. Culiacán, Tijuana, Celaya, Chilpancingo y Cuautla están entre los lugares más violentos. La inseguridad ya interviene en las elecciones y, por tanto, amenaza a la democracia mexicana.

Claudia Zavala: Es un riesgo actual y sus efectos ya pueden medirse. Permea todas las etapas, incluso antes del inicio formal del proceso. Los criterios para registrar candidaturas y la estrategia de capacitación definirán cómo se trabajará en el territorio. Después veremos sus efectos en sustituciones de casillas, falta de representantes partidistas y renuncias de planillas por motivos de seguridad. No se puede seguir actuando igual; la experiencia disponible exige protocolos diferentes.

Jorge Tello Peón: El riesgo existe, pero depende del lugar. Hay muchos “Méxicos”: el riesgo en Michoacán o en Sinaloa no es el mismo que en Nuevo León o Aguascalientes. Para la viabilidad del Estado existen riesgos importantes, agravados por la impunidad y por una intervención cada vez más abierta. Las renuncias de candidaturas pocos días antes de la elección, o los cambios regionales en la participación, son señales elocuentes, aunque después se pida una prueba convencional de lo ocurrido.

JAV: La autoridad electoral no es responsable de la seguridad pública ni tiene medios para ejercerla. Me preocupa que se le convierta en ventanilla de una supuesta “certificación” de candidaturas, concepto impreciso que puede afectar la presunción de inocencia. ¿Cómo deben vincularse el INE y los treinta y dos institutos locales con las autoridades de prevención, procuración e impartición de justicia en los niveles municipal, estatal y federal?

CZ: La seguridad no corresponde a la autoridad electoral, pero sí forma parte de las condiciones en que trabaja, y esto exige una relación estrecha con las autoridades competentes. Debe revisarse qué funcionó y qué no en 2021 y 2024. El INE selecciona a la ciudadanía e instala casillas; los OPLE intervienen en otras etapas, incluido el traslado de paquetes. Todo está conectado. La protección no puede limitarse a candidatas y candidatos: debe incluir a quienes capacitan, integran casillas, representan a los partidos y operan el proceso. El análisis y la coordinación deben comenzar ya.

JAV: Se le pide al INE que elabore mapas de riesgo, aunque no sea la autoridad de seguridad. ¿Es posible construir una agenda de riesgos electorales?, ¿quién debe hacerse cargo? La intervención gubernamental no puede reducirse a preguntar qué candidaturas necesitan escolta.

JTP: Sí, es posible elaborar una agenda de riesgos, pero el problema es distribuir atribuciones y responsabilidades. La autoridad municipal conoce la realidad inmediata; la estatal y la federal tienen otras capacidades. Todo tiene relación con todo, pero el trabajo debe repartirse. Cuando encabezábamos una agenda de riesgo desde el ámbito federal, era indispensable hablar con gobiernos estatales y alcaldes. La información se construye de abajo hacia arriba, mientras una autoridad nacional integra el panorama y dirige de arriba hacia abajo. También debe cuidarse que la presencia de fuerzas de seguridad cerca de las casillas no inhiba ni interfiera en la votación.

JAV: No todas las autoridades tienen competencia. Si no se precisan niveles, mando y colaboración, se produce desorden. Dentro de la casilla, la ley dispone que el presidente de la mesa directiva es quien puede llamar a la fuerza pública ante un riesgo inminente. Rubén, desde tu experiencia como gobernador, ¿cómo debería organizarse la coordinación?

RM: Las competencias son importantes, pero no pueden convertirse en la excusa de que “a mí no me toca”. Algunas autoridades pueden hacer mucho más. Me gustaría un INE más activo. Hay que prever homicidios y secuestros de candidaturas, decidir si las elecciones deben continuar, atender candidaturas únicas sospechosas, retiros de partidos e incluso estructuras partidistas capturadas por el crimen. También deben ampliarse la observación ciudadana e internacional y los mecanismos de coordinación. En Sinaloa, por ejemplo, grupos criminales levantaron operadores políticos y después nadie quería firmar una impugnación. Si nadie empieza a actuar, llegará un momento en que no habrá elecciones auténticas.

JAV: ¿Quién debe coordinar el esfuerzo de los tres órdenes de gobierno para apoyar a las autoridades electorales? La elección es un acto civil, pero la seguridad está militarizada y la Guardia Nacional es hoy un cuerpo militar. ¿Debe encabezar la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana?

JTP: La respuesta sencilla es sí: la coordinación general corresponde al gobierno federal y, en seguridad, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, articulada con estados y municipios. Se construye desde lo local, pero se necesita una visión nacional que asigne recursos según cada realidad. La Guardia Nacional, la Defensa y la Marina aportan capacidades logísticas y técnicas, pero la dirección de un proceso civil debe permanecer en una autoridad civil. Además de capacidad, se necesita legitimidad; si la autoridad es vista como parcial o infiltrada, la ciudadanía desconfiará. En algunas regiones la penetración criminal en los procesos políticos ya ni siquiera se oculta.

JAV: La Estrategia Nacional de Seguridad presentada al Congreso no contiene, hasta donde recuerdo, una sola línea sobre el proceso electoral. ¿No tendría el Congreso que interrogar al Ejecutivo y exigir una estrategia específica para el acontecimiento político más importante entre elecciones presidenciales?

RM: El Congreso podría hacer muchas cosas, pero ha abdicado de sus facultades. La Comisión Bicameral de Seguridad Nacional se instaló tarde; la comisión que debe seguir el uso de las Fuerzas Armadas en seguridad no se ha instalado, y otras comisiones funcionan como oficinas de relaciones públicas. También se perdió la oportunidad de legislar sobre la intervención criminal: qué hacer si asesinan a una candidatura, si todas se retiran por presión o si el crimen impone a una persona. En cambio, se creó una certificación problemática que puede violar la presunción de inocencia. Espero que el INE tome liderazgo en defensa de la democracia e impulse cambios.

JAV: Pensemos en tres situaciones plausibles: atentan contra una candidatura; existen evidencias de intervención criminal; o solo queda una candidatura porque las demás fueron inhibidas. ¿Debe suspenderse el proceso, anularse la elección o continuar? La ley no ofrece una respuesta clara para todos estos casos.

CZ: Para que haya elección debe haber competencia. Si partidos y candidaturas se retiran y en los hechos queda una sola planilla, ¿a quién se elige? Los OPLE quizá no tengan facultad expresa para cancelar el proceso, pero es necesario revisar el sistema y las sentencias aplicables. Además, el INE podría reunir a especialistas, bajo cláusulas de confidencialidad, para analizar datos y construir con los OPLE mapas diferenciados de riesgo. También necesitamos más observación electoral, con un enfoque de seguridad, metodologías e indicadores adecuados.

JAV: La inteligencia de Estado debería anticipar riesgos y advertir oportunamente a los partidos, con una visión de Estado y no partidista. Antes se podía señalar que una candidatura presentaba riesgos, aun cuando todavía no existieran elementos suficientes para procesarla. ¿Quién debe producir y comunicar hoy esa información?

JTP: La inteligencia es la parte más importante de la prevención. Si el INE recibe nombres para revisarlos, debe saberse quién le proporcionará la información y bajo qué responsabilidad. También debemos preguntarnos cuándo la falta de condiciones obliga a suspender una elección. Si solo hay una candidatura, el proceso puede parecer una simulación, pero incluso el crimen busca la legitimidad que produce una elección. Por eso pienso que puede valer la pena mantener el proceso y preservar esa necesidad de legitimidad, aunque sea una postura discutible. En seguridad, la coordinación correspondería a la Secretaría de Seguridad; en la dimensión política debe preguntarse dónde está la Secretaría de Gobernación, responsable de las relaciones con poderes, partidos y autoridades electorales. La sociedad civil y medios como Voz y Voto también deben formular estas preguntas y exigir respuestas.

JAV: No comparto del todo esa conclusión. Si una sola planilla es producto de la presión del crimen organizado, no podemos fingir normalidad. Estoy más cerca de la posición de Claudia: sin competencia, resulta difícil hablar de elección. Sin embargo, la legislación aún no ofrece una solución suficiente. También queda la pregunta sobre el papel de Gobernación y sobre quién debe recibir estas exigencias.

RM: Una elección intervenida por el crimen se traducirá en una autoridad sometida al crimen o en una autoridad del crimen. Los gobernadores, los sistemas de inteligencia y la Secretaría de Gobernación saben dónde ocurre. En buena parte del territorio hay trasvase de presupuestos municipales hacia bandas criminales, licitaciones controladas y alcaldes que solo esperan terminar su mandato. Por eso insisto en el liderazgo del INE. De poco sirve que el PREP funcione y anuncie ganadores si quien llega al cargo no es necesariamente quien habría sido electo en una competencia democrática.

Goria Alcocer Olmos: Hemos recibido tres preguntas del público: ¿cómo incorporar a los protocolos las formas diferenciadas de violencia contra las mujeres candidatas, incluida la violencia digital y sexual, sin imponer medidas paternalistas que restrinjan su participación? ¿Qué harán los partidos para frenar al crimen? ¿Y qué prevé el diputado Moreira para las próximas elecciones?

CZ: La inseguridad afecta a todas las personas, pero existen datos específicos sobre su impacto en las mujeres, incluidas renuncias masivas y obstáculos para registrarse. Hay que hacer visibles esos datos y actuar con un enfoque preciso. Los partidos tienen una responsabilidad central porque postulan candidaturas y conocen el ámbito local y municipal; no pueden descargar todo en la autoridad electoral. También el Estado debe asumir su responsabilidad. Las medidas para el próximo proceso no pueden ser iguales a las de 2024; hace falta un grupo especializado que analice información sensible con el debido cuidado.

JAV: Agrego la dimensión internacional. Una investigación o un señalamiento del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra una candidatura mexicana tendría un efecto político inmediato, incluso si esa persona hubiera pasado por un mecanismo nacional de revisión. ¿Qué escenario ves?

JTP: La penetración del crimen en las estructuras políticas mexicanas puede ser un riesgo para la seguridad de Estados Unidos, pero una preocupación legítima también puede usarse con fines políticos. Basta anunciar una investigación para afectar una candidatura antes de que existan pruebas públicas. La defensa de la soberanía es real, pero la mejor forma de contener intromisiones es hacernos cargo de nuestros propios problemas y demostrar que actuamos. Cuando no atendemos hechos que nuestra propia sociedad reconoce, se mezclan lo legítimo y lo ilegítimo y aumentamos la capacidad de presión externa.

JAV: Rubén, para cerrar, ¿qué esperas de la próxima elección?

RM: Si no se hace nada distinto, sucederá lo mismo que en elecciones anteriores. La violencia reciente en Veracruz y la falta de respuesta en Michoacán muestran continuidad. Me preocupa que algunas autoridades no solo sean presionadas, sino que se hayan abierto al crimen. Tampoco basta afirmar que bajan los homicidios si se manipulan estadísticas o si la gente paga para no ser asesinada. Si esto sigue, se pone en riesgo al país. Alguien debe encabezar la lucha y todos podemos contribuir.

JAV: Muchas gracias. Este es un tema crucial no solo para el proceso inmediato, sino para la seguridad del país y la supervivencia de nuestra democracia. Voz y Voto continuará analizándolo.

GAO: Gracias por acompañarnos en esta mesa. Escuchamos tres perspectivas construidas desde una amplia experiencia y estamos a un mes del inicio formal del proceso electoral. No podemos dejar de lado estos asuntos. Les invitamos a seguir las próximas mesas y los contenidos de Voz y Voto en nuestras redes y sitio web.