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Delitos electorales: menos democracia

En el proceso electoral 2021-2022 en México, de acuerdo con la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, se tuvieron 241 denuncias sobre presuntos delitos electorales. Sólo en la jornada electoral se abrieron 63 carpetas de investigación y se realizaron 23 detenciones. Durante el proceso electoral, la Fiscalía también recibió 8,395 llamadas telefónicas con denuncias. 1,000 fueron para reportar algún delito electoral. 149 se convirtieron en denuncias formales. Los delitos electorales con más denuncias fueron la destrucción de documentos y materiales electorales, la compra de votos, la suspensión de beneficios de programas sociales, el incumplimiento de funciones electorales y la recolección ilegal de credenciales para votar.

Los delitos electorales son aquellas acciones u omisiones que lesionan o ponen en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral y atentan contra las características del voto, que debe ser universal, libre, directo, personal, secreto e intransferible, así como la equidad en la contienda. Estas prácticas distorsionan la decisión de la ciudadanía, atentan contra el voto que llega a las urnas para elegir a nuestros representantes. Por esto, el combate a estas prácticas resulta una tarea urgente en los sistemas políticos democráticos.

 

Delitos electorales en las elecciones del 2022 en América Latina

Los delitos electorales en América Latina son una práctica vigente. Una muestra son las dos jornadas electorales más recientes en Brasil. La primera fue el dos de octubre, ese día el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública informó que al menos 250 personas habían sido detenidas por presuntos delitos electorales. Algunas de ellas candidatos regionales que promovieron su candidatura en los centros de votación infringiendo con ello la legislación electoral. La segunda jornada en Brasil ocurrió el 30 de octubre, cuando el Tribunal Superior Electoral (TSE) citó a Silvinei Vasquez, director de la Policía Federal de Carreteras (PRF), para aclarar el despliegue de más de 500 operativos viales en los que se obstruyó el tránsito de la ciudadanía hacia los centros de votación. Todo apunta a que el director de la policía cometió un delito electoral que tendrá que ser sancionado.

Otro ejemplo son las elecciones presidenciales en Colombia de este año. La Misión de Observación Electoral (MOE) creó un sitio web llamado “Pilas con el voto” para recopilar información sobre delitos electorales. La MOE detalló que este sitio permitió generar información sobre las irregularidades electorales que se percibieron en los municipios y departamentos del país. Los datos de la MOE dimensionan el lugar que tienen los delitos electorales en Colombia. En ambas jornadas electorales (29 de mayo y 19 de junio) se reportaron más de 4,000 delitos electorales. Las irregularidades más frecuentes ocurrieron durante la emisión del voto libre (compra del voto, coacción, movilización de personas a los puestos de votación) y la etapa de escrutinio (inconsistencias al contar los votos).

Las Elecciones Regionales y Municipales peruanas también son otro caso que hay que mirar. Ahí el Ministerio Público y el Centro de Monitoreo alertaron que el acto delictivo más recurrente fue el presunto delito de suplantación de identidad. De acuerdo con el reporte del Ministerio, se detuvo un total de 112 de personas en todo el territorio peruano, este número representa un 76% de las personas detenidas en el marco del proceso electoral. Una iniciativa que se promovió en Perú fue la campaña “No cometas delitos electorales”, la cual sirvió para concientizar a la ciudadanía sobre los delitos electorales.

Sanciones de los delitos electorales en América Latina

Las sanciones penales para quien comete un delito electoral varían entre los países de América Latina. El Observatorio de Reformas Políticas en América Latina (#ObservatorioReformas) cuenta con datos sobre las sanciones de delitos electorales como la votación más de una vez, la falsificación registral, la falsificación de documentos electorales, la falsificación de actas de resultados, también los sobornos, la propaganda ilegal, el abandono de funciones, la violación del secreto del voto, la negación indebida a admitir el voto y la participación en la generación de desorden público durante los comicios).

Algunos ejemplos, Colombia y Costa Rica castigan con 2 a 6 años de prisión a quien genere desórdenes públicos. En contraste, Chile y República Dominicana no catalogan esta acción como una actividad ilícita. El #ObservatorioReformas también ha identificado que otro tipo de sanciones implican la privación de la libertad. Por ejemplo, hay países que castigan delitos electorales como el desorden público durante la jornada electoral con 15 días de prisión (Argentina) o la destrucción de urnas electorales con 6 años de reclusión (Brasil y República Dominicana). 

También el #ObservatorioReformas ha identificado que en Brasil y Colombia se sanciona con años de prisión votar más de dos veces (en el primero con 3 años y en el segundo con una pena de entre 4 y 8 años). Haití es el único país en América Latina que contempla la sanción de trabajo forzado de por vida, por los delitos de falsificación registral y falsificación de documentos electorales.

Algunas propuestas

La persistencia de delitos electorales requiere de múltiples estrategias para combatirlos. Una de ellas puede ser el fortalecimiento de los dispositivos legales, otra el fomento de una cultura política de legalidad y denuncia ciudadana.

México y Colombia son un ejemplo de estas acciones necesarias. El primero cuenta con una ley especializada: la Ley General en Materia de Delitos Electorales (LGMDE). La ley está vigente desde el 10 de febrero de 2014 y se detallan las sanciones, distribución de competencias y facultades, así como los tipos de delito. En este país también se ha caracterizado por la promoción de acciones como la Estrategia Nacional de Formación Cívica para la Prevención de Delitos Electorales que se puso en marcha en 2018. 

En Colombia recientemente se implementó la “App URIEL''. Esta aplicación se instala en el teléfono móvil y a través de ella se puede hacer una denuncia o queja respecto a alguna irregularidad o delito que la persona esté presenciando en el momento. Esta app depende directamente de la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (URIEL), siendo una instancia de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales.

Tareas pendientes

La implementación de sanciones en temas de delitos electorales no es suficiente. La ciudadanía debe ser consciente de las implicaciones que los delitos electorales tienen. La principal es la vulneración de la decisión por quién van a elegir que las y los gobierne. La ciudadanía debe de ser crítica de su entorno y activa en formalizar denuncias cada vez que presencie algún acarreo de gente en las casillas electorales, o se le ofrezca dinero a cambio de un voto para tal o cual, entre otras. El combate de los delitos electorales siempre debe tener como objetivo que la contienda sea transparente y equitativa, pero sobre todo que se fomente la vida en democracia. 

Los delitos electorales son un problema vigente para la integridad de las elecciones porque ponen en duda la validez y legitimidad de los resultados electorales. Las malas prácticas electorales pueden influir de manera negativa en la celebración de elecciones y en sus resultados. Algunas personas tienden a no denunciar directamente los delitos electorales que ocurren durante las jornadas electorales, como el acarreo o la propaganda ilegal.

La persistencia de malas prácticas electorales obliga a las instituciones a mejorar sus mecanismos de atención a las denuncias ciudadanas. Por ello es vital repensar el papel de la población en cuanto a exigir mayor eficiencia de las autoridades en la persecución de delitos en materia electoral y sus sanciones. El combate de las malas prácticas y desarrollo de la cultura de la denuncia pública deben ser acciones fundamentales en las cuales la ciudadanía se interese, y con ello tenga consciencia que los delitos electorales vulneran un derecho fundamental: el del voto. 


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Josué Godoy Jiménez

Egresado de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Nacional Autónoma de México. Asistente de Investigación y becario en el Observatorio de Reformas Políticas en América Latina.


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