Por lo general, al hablar de democracias se piensa en la igualdad, la justicia social, el respeto por los derechos humanos, la participación ciudadana, el desarrollo de elecciones libres y justas, entre otros atributos. Sin embargo, al confrontar estos ideales con la realidad de muchos países, la brecha entre la teoría y la práctica se hace evidente. La palidez de estos conceptos y sus aspiraciones cada vez se acentúa más, sobre todo al considerar las situaciones de violencia y discriminación que enfrentan los sectores sociales históricamente marginalizados y que se encuentran doblemente desprotegidos ante los retrocesos democráticos y conflictos en la región.

En muchos casos, las democracias dejan ver sus prácticas discriminatorias que son contrarias a la naturaleza de lo que persiguen. Es en este contexto en el que las personas LGBTIQ+, con discapacidad, racializadas, las mujeres y personas pertenecientes a grupos étnicos, entre otros, a menudo se enfrentan a obstáculos para acceder a sus derechos esenciales, tener una vida digna, desarrollar su proyecto de vida a plenitud y con autonomía y participar en la vida política de sus países.

En el caso de las personas LGBTIQ+, entre el 2019 y el 2022 se registraron al menos 1.455 homicidios en diez países de América Latina y el Caribe. Los Estados, que deberían ser los garantes en el ejercicio de sus derechos no han logrado adoptar medidas efectivas en la investigación y judicialización de estos hechos y por el contrario persiste la impunidad. No en vano por años esta región ha sido catalogada como “la más violenta del mundo” para quienes tienen una orientación sexual e identidad de género diversa. Estas dinámicas de violencia están arraigadas en el prejuicio, en la necesidad de anular, aniquilar e invisibilizar todo aquello que no obedece a los modelos tradicionales que han sido construidos y reproducidos en las democracias.

Los homicidios y las agresiones físicas no son lo único que pone en jaque la vida de las personas LGBTIQ+. También existen diferentes prácticas que fomentan el hostigamiento, la violencia y la discriminación, como es el caso de los discursos de odio que se tiñen de libertad de expresión para socavar los derechos y negar el reconocimiento de las experiencias y trayectorias de quienes se encuentran por fuera de lo heterosexual y cisgénero.

De la mano, cada vez que los colectivos y liderazgos LGBTIQ+ se movilizan para lograr condiciones mínimas de igualdad, aparecen o reaparecen las agendas programáticas de los grupos antiderechos. Estos, con prácticas populistas y apoyadas por figuras políticas, de gobierno y religiosos, aluden a estrategias como la “ideología de género” (que no existe), la supuesta “amenaza a la sociedad y las buenas costumbres”, el “riesgo de las familias y las infancias” (que tampoco existe) y el “borrado de las mujeres”. De esta manera, uno a uno de los discursos se activa como un manual para insertar los “pánicos morales”, en el que el agresor se ufana como víctima. Para ilustrar es suficiente con ver las reacciones, tanto en Colombia como en México, ante la discusión y aprobación de la Ley que busca prohibir las mal llamadas terapias de conversión, todo esto en el marco de discusiones aparentemente democráticas.

El agresor puede estar en cualquier esquina y vestido con cualquier manto. Hace poco el Papa Francisco agitó las banderas de la “ideología de género”. De manera aislada, unos días después en Colombia, un Concejal publicó un trino transfóbico con el que generó violencia política contra una funcionaria y, por ese mismo tiempo, se notó como la participación en un escenario académico de una reconocida feminista transexcluyente de México, sirvió como plataforma para que ciertos grupos alborotaran a través de las redes sociales las agresiones en contra de las personas trans. Aunque son casos diferentes se evidencian formas recurrentes en las que amparados en las libertades se niega la existencia de las personas LGBTIQ+, en especial las experiencias de vida trans.

Estos ejemplos ilustran cómo entre los cierres y las aperturas de las democracias se perpetúan dinámicas de exclusión que a su vez profundizan el descontento, cansancio y desconfianza en las instituciones y en lo que representan. En medio de esto, la movilización, la protesta ciudadana y la lucha decidida de las organizaciones de la sociedad civil son y seguirán siendo las vías para enfrentar las democracias excluyentes.