¿Para qué votar?

La ciudadanía mexicana estamos convocada a las urnas el próximo domingo 2 de junio. Aunque el cargo presidencial suele llevarse casi toda la atención de los reflectores, con nuestro voto, incidiremos directamente en la definición de más de 19 mil cargos a elección popular: cómo se compondrán los ayuntamientos y juntas municipales, quiénes estarán al frente de las alcaldías de la Ciudad de México, quiénes gobernarán en ocho entidades federativas –Chiapas, CDMX, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán– cómo se integrarán las 31 asambleas legislativas locales, qué fuerzas políticas nos representarán en el Congreso de la Unión y, por supuesto, hasta quién ganará la Presidencia de la República.

El peso político de las juventudes en los procesos electorales en curso es decisivo. De acuerdo con las cifras reportadas por el INE, las y los jóvenes (entre 18 y 29 de edad) representan casi el 30% del padrón electoral (26.2 millones de un total de poco más de 100 millones de personas inscritas): esto quiere decir que una de cada tres personas que pueden votar pertenecen a este sector de la sociedad.

La participación ciudadana de las juventudes es esencial para el funcionamiento de la democracia, pero no sólo a la hora de emitir su voto. Sin su ayuda, como funcionarios de casilla u observadores electorales, serían imposibles tareas tan elementales como la preparación o instalación de las mesas de votación, la recepción del voto, el conteo de las boletas, el llenado de actas, la integración de los paquetes electorales y la publicación de los resultados al momento de clausura de cada casilla.

Del entusiasmo al desencanto

Si bien las y los jóvenes suelen ir a votar al cumplir los 18 años (cuando tramitan por primera vez su credencial de elector), su participación tiende a bajar en los siguientes años. Por ejemplo, en las elecciones generales de 2018 participó el 65% de las personas jóvenes de 18 años. Pero el porcentaje que salió a votar entre quienes tenían 19 y 34 años fue más baja (de apenas 55%). Podríamos decir que el entusiasmo registrado de quienes comienzan a ejercer una vida políticamente activa no suele mantenerse con el tiempo. Además, una constante que se repite elección tras elección, tanto intermedias como generales, es que los grupos menos participativos o, en otras palabras, con mayor abstencionismo, corresponde precisamente a las edades de los 19 y hasta los 34 años. A estos podemos agregar los casos de quienes ven cancelada su voz en los comicios por cuestiones estrictamente burocráticas, como no contar con la credencial para votar vigente o actualizada. Con base en los datos del INE, una cuarta parte de la ciudadanía que no ha reemplazado su credencial (25.1%) tiene menos de 35 años.

La democracia es algo más que elecciones

La función de la democracia no se agota simplemente en garantizar la renovación de nuestros representantes y gobernantes. Es mucho más que eso, es un complejo conjunto de reglas para tomar las decisiones colectivas. En ese sentido, la intervención de las juventudes es crucial para la construcción de una democracia más participativa, incluyente y más robusta; por ello es indispensable que sus intereses, problemas y demandas sean escuchadas, pero también que sus opiniones y puntos de vista sean integradas en la deliberación y en la toma de decisiones en torno a los grandes problemas nacionales (inseguridad, violencia y las desigualdades económicas y sociales, entre otras) que aquejan a la sociedad entera.

Los partidos políticos deberían tener un interés primordial en llegar a las y los jóvenes y proponer agendas que prioricen sus exigencias, preferencias y necesidades. Y apostar por estrategias que propicien su interés y cooperación, no sólo el día de las elecciones sino en la política cotidiana. Las y los jóvenes no pueden ser “el futuro de México” si están aislados de la cosa pública y su voz no es tomada en cuenta. Para hacerlo posible, debemos romper con los mitos (prejuicios o estigmas) sobre la apatía o el desinterés de las juventudes en democracia. Si las personas más jóvenes deciden no ir a votar el día de las elecciones no necesariamente es una señal de indiferencia, su desmotivación puede deberse, por ejemplo, a la falta de credibilidad y desafección en los partidos y canales institucionales tradicionales. En el texto Confianza y participación de los jóvenes en la democracia, Silvia Gómez Tagle y José Eduardo García, señalan que sólo el 4.4 % de las y los jóvenes entrevistadas consideran que los partidos políticos o los políticos tienen interés en ellos.

Las juventudes como motor de cambio político

Lo anterior no significa que las juventudes no estén preocupadas por participar en los asuntos que involucran a la sociedad. A pesar de todo, salen a votar cada vez que hay elecciones, refrendando con ello su confianza en el sistema democrático. Pero, más aún, han encontrado otras vías para participar en democracia; la juventud mexicana ha tenido un papel notable en protestas y movimientos sociales, con las cuales han visibilizado y puesto sobre la mesa nuevas exigencias, incidiendo con ello en la agenda pública.

Pensemos en el #YoSoy132, las manifestaciones del #8M y las marchas del #OrgulloGay. Sin su participación en estas movilizaciones, demandas como la democratización de los medios de comunicación masiva, la erradicación de la violencia y promoción de la igualdad de género, así como la no discriminación y el respeto de la diversidad sexual no tendrían el peso que tienen en la actualidad.

Además, la interacción de las juventudes en las redes sociales ha tenido un impacto en la manera en que se hace política hoy en día en al menos dos sentidos. Por un lado, han obligado a las clases políticas a modernizarse, a buscar nuevos formatos de comunicación a través de los cuales establezcan un contacto directo y sencillo, menos ceremonioso y cada vez menos rebuscado, con el electorado. Por otro lado, las redes sociales se han convertido en el lugar propicio para el llamado a la protesta y la acción colectiva. Las juventudes han optado por estos espacios para dialogar y coordinar acciones masivas. En el caso del #YoSoy132, por citar un ejemplo, las redes sociales tuvieron un papel significativo, mediante su empleo los estudiantes lograron comprobar su identidad —que había sido cuestionada por el entonces presidente de Peña Nieto— coordinarse, organizarse y, sobre todo, ampliar la capacidad de convocatoria de este movimiento.

Las adversidades

Los sectores más jóvenes tienen el poder de concientizar y organizar la acción colectiva para intervenir en el espacio público. Aun así, su participación política no debe limitarse a salir a las calles año con año o involucrarse en movilizaciones coyunturales, de manera esporádica, ya sea de manera presencial o en línea.

Antes bien, es necesario que se intervengan activamente en la vida política del país. Pero para ello no bastará con invertir en iniciativas que refuercen la “cultura democrática”, impulsando, por ejemplo, programas educativos que fomenten su comprensión de los procesos políticos e instrumentos de participación ciudadana. Tampoco será suficiente con involucrarles desde temprana edad en espacios donde puedan potenciar su voz (como en debates estudiantiles, simulaciones de votación y programas de educación cívica en las escuelas). Ni alcanzará con impulsar acciones afirmativas con las cuales incorporar a los más jóvenes en la selección de candidaturas para los cargos de elección popular.

Aunque tales esfuerzos son valiosos, para que sus opiniones y exigencias sean tomadas en cuenta en los espacios de decisión y sus derechos estén efectivamente garantizados, las autoridades tienen una responsabilidad ineludible para eliminar las barreras, como las desigualdades socioeconómicas, de género, etnia, orientación sexual y discapacidad, que pueden condicionar o, incluso, limitar la participación de las juventudes en los procesos políticos.

Cuando se habla de la “juventud mexicana” en realidad se está haciendo referencia un grupo variado de personas con diferencias entre sí. Por lo mismo sería un error hablar de este sector poblacional como si fuese un bloque homogéneo con las mismas necesidades y oportunidades. La movilización política digital podría ser una realidad para muchos jóvenes, en particular para quiénes han logrado llegar a los más altos niveles de educación, pero no para la extensa mayoría. Las vicisitudes con las que tienen que lidiar las juventudes en México son múltiples: discriminación, falta de acceso educativo, drogadicciones, problemas de salud mental, etc. No obstante, en esta momento quisiera llamar la atención sobre algunas de las adversidades, en materia de violencia, pobreza y precariedad laboral que, no sólo pueden comprometer la participación electoral de las y los más jóvenes; desde mi perspectiva, deberían ser razones suficientes para exigir que tales grupos tengan un lugar central en las plataformas de los partidos políticos:

·      Violencia e inseguridad. De acuerdo con las cifras del INEGI (2022), en 2021 tres de cada 10 asesinatos fueron contra jóvenes de entre 15 y 29 años. La principal causa de muerte de las personas de entre 15 a 35 años son las agresiones y homicidios (muy lejos de otras causas como accidentes, enfermedades o suicidio), afectando primordialmente a los varones: el 86% de las víctimas por homicidio eran de ese género. Si a eso le sumamos el riesgo en que se encuentran los más jóvenes de ser reclutados por los grupos del crimen organizado, junto a los crímenes sexuales, desapariciones y delitos de trata que afectan mucho más a las mujeres jóvenes, el panorama se vuelve altamente desolador e insoportable.

·      Pobreza y desigualdad. En México, para muchas y muchos jóvenes las oportunidades están precluidas desde sus primeras etapas de vida. Según los datos de un informe presentado por el CONEVAL y la UNICEF (2023), en nuestro país, poco más de la mitad (52.6%) de los niños, niñas y adolescentes (NNA) se encuentran en condiciones pobreza. De hecho, son quienes más padecen la pobreza comparados con otros grupos. Una situación que, antes que revertirse, ha ido en aumento. Entre 2018 y 2020 la pobreza en la población infantil y adolescente creció 2.3 puntos porcentuales —pasando de 50.3% a 52.6%— debido en gran parte a la crisis de los ingresos familiares como consecuencia de la pandemia por Covid-19. No se trata, sin embargo, de una coyuntura reciente; históricamente, la infancia y adolescencia son el grupo poblacional que ha enfrentado las mayores brechas de desigualdad. Y, como sucede a nivel global, las comunidades indígenas llevan siempre las de perder; de las NNA que hablan una lengua indígena, nueve de cada 10 están en situación de pobreza.

·      Precariedad laboral. Las estimaciones de la OCDE (2017) apuntan que en México dos de cada 10 jóvenes de entre 14 y 28 años no estudia ni trabaja. Además, la informalidad sigue representando un problema grave para las juventudes mexicanas: casi el 70% de las personas jóvenes entre 15 y 29 años trabajan en el sector informal, lo que condiciona su acceso a prestaciones básicas de seguridad social, como los servicios de salud, y otras tantas como fondos de ahorro para el retiro, créditos hipotecarios, primas vacaciones y compensaciones por incapacidad. Además, de acuerdo con el Observatorio de Trabajo Digno de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, en el primer trimestre del 2023, el 25% de las y los jóvenes que trabajan llevan una jornada laboral que supera las 48 horas semanales establecidas en la Ley Federal del Trabajo. Las probabilidades de que estos jóvenes sobrepasen tales condiciones de precariedad laboral y estén en posibilidad de mejorar la calidad de sus vidas parecen exiguas.

Termino abriendo con una interrogante que dejo para la reflexión ¿qué oportunidades pueden tener las y los jóvenes que sobreviven en condiciones de pobreza, tienen rezago educativo, están poco calificados y habitan en zonas de alto índice de marginalidad y violencia? Esta es la existencia cotidiana de una inmensa mayoría en nuestro país. No podemos voltear la mirada hacia otro lado.